Han transcurrido dos semanas de las votaciones presidenciales en Guatemala, y pese a que no hay ningún indicio de fraude electoral, las Cortes mantienen retenido el proceso, impidiendo que se oficialicen los resultados y se abra paso formalmente a la segunda y definitiva vuelta que debería celebrarse el venidero 20 de agosto.
"Una Corte de Constitucionalidad (CC) cuestionada por su falta de independencia, pasando por encima de la función constitucional del Tribunal Supremo Electoral (TSE), suspendió la adjudicación de cargos en toda la República. Muchas voces se alzaron para resaltar que esta resolución interfiere con el proceso electoral y genera incertidumbre", destacó Plaza Pública, uno de los principales medios digitales de Guatemala, vinculado a la Compañía de Jesús.
Según este medio de prensa independiente, pese a la interferencia del Poder Judicial, que está cooptado por el Gobierno de Alejandro Giammattei, una primera y amplia revisión ratificó que los resultados difundidos el 26 de junio por el TSE "eran confiables y las diferencias son mínimas pues no llegan siquiera al 1%".
El pasado 1 de julio, tal como reseñó DIARIO DE CUBA, la Corte Constitucional otorgó un amparo a nueve agrupaciones políticas, entre estos el partido Vamos, al que pertenece Alejandro Giammattei, y Cambio, del exdiputado Manuel Baldizón, que cumplió condena en EEUU por conspiración para el lavado de dinero. La Corte Constitucional ordenó entonces repetir las audiencias de revisión de los escrutinios a nivel nacional.
No se encontraron anomalías, pero aun así se mantiene la incertidumbre, ya que tres de las nueve agrupaciones políticas bajo la dirección del partido Cambio, presentaron una nueva acción legal con la que persiguen que se cuente voto por voto y han encontrado eco en la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que de forma unilateral, ha pedido a la autoridad electoral los informes para resolver la procedencia del recuento.
Este domingo 9 de julio, cuando se cumplieron las dos semanas de la primera vuelta, los dos candidatos que irán a la segunda vuelta así como el propio TSE y decenas de organizaciones de la sociedad civil guatemalteca hicieron llamados públicos para que se respete el voto popular.
El pasado 25 de junio un total de 5,5 millones de ciudadanos acudieron a votar. Ya en esa votación estuvo presente el brazo judicial en el cual Giammattei tiene peso, ya que con diversos artilugios se impidió que tres candidatos con posibilidades de triunfo pudiesen participar.
En esa jornada electoral quedó patente el hartazgo ciudadano con la clase política de Guatemala: el voto nulo resultó ser la opción más votada con un 17%. La ex primera dama conservadora Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, logró el 15% de los votos válidos; empero la sorpresa la constituyó Bernardo Arévalo de León, del Movimiento Semilla e hijo del presidente reformista Juan José Arévalo Bermejo (1945-51), quien no figuraba en las encuestas y quedó en el segundo lugar con el 12% de los votos.
La presidenta del TSE, Irma Palencia, ha confirmado a medios internacionales de prensa, que dentro de ese cuerpo existe la voluntad de continuar con el proceso en "respeto al calendario electoral y al voto de los ciudadanos".
El TSE, según Palencia, le ha enviado a la Corte Suprema de Justicia durante el fin de semana un informe técnico y la solicitud de que se niegue el conteo voto por voto que exigen los tres partidos, en la segunda acción ante la justicia tras haber quedado en evidencia con la primera de que no hubo fraude. El TSE ha recordado que, según las leyes vigentes en el país centroamericano, no hay una regulación legal para que se decrete un reconteo manual de voto por voto.
Palencia sostiene que el Tribunal y las juntas cumplieron con lo que ordenó la Corte de Constitucionalidad, en la primera de las dos acciones. Dado el carácter de última instancia, ahora se aguarda por la decisión de la Corte Suprema.
La magistrada presidenta de la Corte Suprema, Silvia Patricia Valdés Quezada, dictaminó en tres fallos firmados solo por ella y filtrados a la prensa local no oficializar los resultados de las elecciones generales, manteniendo el clima de incertidumbre. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo en un comunicado que ve con preocupación "el intento de seguir judicializando el proceso electoral", y aseguró que era innecesario el tono usado por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia hacia el ente electoral.
Giammattei asumió la Presidencia en enero de 2020. Varios expertos han advertido que el mandatario ha tenido un papel protagónico en la cooptación de los tres poderes del Estado y el debilitamiento del sistema judicial.
El médico y cirujano retirado recibió en 2020 las riendas del país centroamericano teniendo como precedente la decisión del presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), de expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Dicha comisión contribuyó a desarticular entre 2014 y 2019 a más de 50 estructuras ilegales de corrupción dentro del Estado, vinculadas a presidentes, expresidentes, funcionarios y miembros de la elite empresarial.
De acuerdo con analistas, Giammattei ha logrado durante su gestión configurar a su favor la Corte de Constitucionalidad, que ahora está integrado por magistrados cercanos al oficialismo como la abogada Leyla Lemus, quien se había desempeñado en cargo de secretaría cercanos al gobernante.
Además, la Corte Suprema de Justicia se mantiene con los mismos magistrados desde 2019, pese a que la ley obligaba a su cambio en aquel año. Ello se debe a que el Congreso, donde hay mayoría oficialista, ha decidido no llevar a cabo la elección respectiva en la máxima instancia del Poder Judicial, con lo cual los magistrados están en deuda con el poder político.
Realmente estoy tan preocupado por las elecciones de Guatemala, cómo las de Guatapeor.