El programa de "paz total" del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enredó el lunes tras el asesinato de cuatro menores indígenas reclutados por el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, con la que el Gobierno busca iniciar un diálogo de paz.
El múltiple crimen, denunciado el pasado fin de semana por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), ocurrió en el departamento del Putumayo, limítrofe con Ecuador, y llevó al Gobierno a suspender de manera parcial el cese el fuego bilateral con el EMC, a la que se atribuye la matanza.
"Matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible. Reclutar forzadamente menores de edad, lo mismo", escribió el lunes Petro en Twitter, horas después de "suspender parcialmente" el cese el fuego bilateral con el EMC, del cual hace parte el Frente Carolina Ramírez, señalado como responsable del reclutamiento forzado y el asesinato de los cuatro menores, repertó EFE.
Según la OPIAC, "los cuatro jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento" el pasado 17 de mayo fueron asesinados "con arma de fuego" y sus cuerpos fueron encontrados el fin de semana en la aldea de El Estrecho, en la región de Putumayo.
Ante esa matanza, considerada por el Gobierno "un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz", se decidió suspender el cese al fuego bilateral con el EMC "en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo", las principales áreas de operación de ese grupo, y se reactivarán en un plazo de 72 horas "todas las operaciones ofensivas".
"No hay justificación alguna para esta clase de crímenes" que constituyen una "grave violación del Derecho Internacional Humanitario", señaló el Gobierno en un comunicado.
El cese el fuego bilateral, de seis meses de duración con cinco grupos armados ilegales con los que busca llegar a un acuerdo de paz, fue anunciado por Petro poco antes de la medianoche del 31 de diciembre de 2022, pero esta iniciativa, tomada para bajar la intensidad al conflicto armado y facilitar los diálogos, no ha cuajado.
De esos grupos, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desconoció públicamente en enero el cese al fuego bilateral pese a que desde noviembre pasado negocia la paz con el Gobierno en Venezuela, México y Cuba, un proceso en el que ya han saltado las alarmas de crisis en al menos dos ocasiones.
El pasado 20 de marzo el propio Petro suspendió el cese el fuego con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como se denomina la banda criminal del Clan del Golfo, por instigar a la violencia en una huelga de mineros en el noroeste del país, y ahora se suspende parcialmente con el Estado Mayor Central de las antiguas FARC.
De esta forma, el cese al fuego, vigente inicialmente hasta el 30 de junio, solo sigue en pie con la Segunda Marquetalia, la otra gran disidencia de las FARC, y con los Paramilitares de Sierra Nevada, que operan en el norte del país.
"Un cese al fuego implica cese de hostilidades a la población civil. Esperamos que los diferentes frentes de la EMC en las zonas donde no se levanta el cese al fuego cumplan con este precepto", agregó el presidente en Twitter.
Pese al anuncio del lunes, el Gobierno no pierde la esperanza de sentarse a negociar con el Estado Mayor Central, dirigido por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias "Iván Mordisco", un guerrillero que nunca se acogió al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.
Los líderes de la otra disidencia, la Segunda Marquetalia, encabezada por Iván Márquez, sí firmaron la paz y tres años después se retiraron, alegando incumplimientos del Gobierno a lo pactado con las FARC.
"El Gobierno colombiano compartirá en las próximas horas los nombres de los integrantes de su delegación para la mesa de conversaciones de paz con el EMC-FARC para iniciar de manera perentoria la fase de diálogos", agrega el comunicado oficial sobre la posibilidad de abrir un proceso de paz con ese grupo.
El comienzo de dichos diálogos estaba previsto para el pasado 16 de mayo, según el EMC, pero a comienzos de este mes decidieron postergar la instalación de la mesa para garantizar la participación de organizaciones sociales, gremios y otros sectores, aunque sin definir una fecha.
El mismo 16 de mayo, el EMC puso en duda su continuidad en el cese al fuego bilateral alegando que el Gobierno lo ha incumplido con operaciones militares a lo largo del año, en las que han muerto diez guerrilleros y 20 más han resultado heridos.
Tras la suspensión del cese el fuego bilateral, el Estado Mayor Central respondió que la decisión del Gobierno "desatará la guerra".
"El rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total", señaló el EMC en un comunicado.
