Legisladores de EEUU y activistas piden el cese del financiamiento al régimen de Ortega

Tras la ola de represión y detenciones, que se intensificó a partir de 2021 en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo se han visto limitados en su acceso a financiamiento o ayuda económica internacional, salvo por el BCEI, el banco subregional que el año pasado le otorgó un polémico préstamo a Cuba.

En un inusual pronunciamiento conjunto de los comités de relaciones exteriores de ambas cámaras, el Congreso de EEUU pidió este 17 de marzo que el Banco Centroamericano de Cooperación Económica (BCEI) restringa el acceso del régimen nicaragüense a préstamos que "perpetúen la consolidación de la dictadura" en Nicaragua.

Por paradójico que pueda parecer, mientras que en el seno de la comunidad internacional ha crecido el rechazo hacia el creciente autoritarismo del sandinismo, con un claro rechazo de EEUU, Canadá y la Unión Europea, los gobiernos centroamericanos, al frente de países vecinos a Managua, han optado por hacerse de la vista gorda para evitar pronunciarse sobre la crisis generalizada de violaciones a los derechos humanos dentro de Nicaragua.

Está por un lado el BCIE, que mantiene una línea de crédito abierta para Nicaragua, y que asevera el Gobierno de Ortega y Murillo es fruto de unas elecciones, celebradas en 2021 y que no son reconocidas como legítimas por la comunidad democrática internacional. Hace medio año, por su parte, los gobiernos decidieron poner en manos nicaragüenses al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), lo que constituyó un triunfo diplomático de la dictadura.

"El Gobierno dictatorial de Nicaragua se está viendo beneficiado de un creciente autoritarismo, de izquierda y derecha entre los países centroamericanos. Se mira a El Salvador o Guatemala, o hasta la siempre democrática Costa Rica, y en general campean posiciones autoritarias. El momento regresivo que vive la democracia en general alimenta un clima de silencios cómplices por parte del resto de gobiernos", asevera a DIARIO DE CUBA un diplomático del Vaticano, que ha seguido la deriva autoritaria nicaragüense.

El llamado de los congresistas estadounidenses, que estuvo dirigido a los gobiernos que tienen la dirección del BCIE, estuvo precedido de un pronunciamiento de Human Rights Watch (HRW) y de una polémica presentación de Dante Mossi, presidente del banco subregional, en Washington en la sede del think tank Diálogo Interamericano.

Los miembros del BCIE que son externos a la subregión, y que han tenido posiciones críticas contra el régimen de Ortega y Murillo, como Colombia o Argentina, "deberían asegurarse de que el financiamiento del banco no contribuya a abusos en Nicaragua", sostuvo HRW.

Definido como un banco multilateral de desarrollo, el BCIE tiene dos docenas de préstamos con el régimen de Nicaragua, con fondos aprobados por un total de más de 3.500 millones de dólares. "Si bien la mayoría están dirigidos a proyectos de infraestructura, parece haber muy poca transparencia, por parte del banco y del Gobierno nicaragüense, sobre cómo se utilizan estos fondos", sostiene HRW. A juicio de esta ONG internacional de derechos humanos, con sede principal en Nueva York, "la Asamblea de Gobernadores del BCIE, la máxima autoridad del banco, debería exigir una auditoría externa independiente de todos los fondos otorgados a Nicaragua".

La polémica en torno al BCIE y su política de financiamiento al régimen nicaragüense tuvo lugar después de otra vuelta de tuerca en la política represiva, que está llevando al aislamiento al país centroamericano.

El Vaticano confirmó que su representante interino en Managua terminó siendo acogido en Costa Rica este 17 de marzo, tras el cierre de la sede diplomática de la Santa Sede, que estuvo precedida el año pasado por la expulsión del nuncio (el embajador) monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag.

El Gobierno de Costa Rica confirmó este sábado que ha acogido al encargado de negocios del Vaticano en Nicaragua, Marcel Diouf, tras el cierre de la Nunciatura Apostólica en Managua y la expulsión del prelado. "Ayer viernes 17 de marzo, en línea con su histórica posición de acogida, Costa Rica recibió en su territorio al encargado de negocios ad interim de la Santa Sede en Nicaragua, Marcel Diouf", informó brevemente la Cancillería en San José.

El financiamiento del BCIE "proporciona un salvavidas al régimen Ortega-Murillo en un momento de creciente condena global a las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua", sostuvieron por su parte de los comités de relaciones exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes de EEUU.

El Gobierno de Joe Biden ha evitado pronunciarse sobre este tema y por el contrario, una alta funcionaria del Ejecutivo firmó un convenio para seguir cooperando con el cuestionado banco subregional.

Este 16 de marzo, el BCIE y la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA) firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer las relaciones económicas, comerciales y de inversión en la región. El convenio fue firmado por el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, y la directora de la USTDA, Enoh T. Ebong.

Durante su visita a Washington, el 13 de marzo Mossi defendió la cartera de financiamiento del organismo regional con el Gobierno de Nicaragua. El funcionario dijo que, como titular del BCIE, cuya junta la conforman los ministros de Hacienda y Finanzas de los países del istmo, está dispuesto "a trabajar con cualquiera que sea electo líder de un país".

Enfatizando su rol de economista y de técnico, Mossi dijo que ha tomado en cuenta los papeles a su vista que le indican que Nicaragua tiene un Gobierno electo bajo las reglas democráticas, con elecciones disputadas, según declaró a La Voz de América.