Un Bukele sin contrapesos hace caso omiso de la crítica internacional

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no parece inmutarse con los señalamientos y cuestionamientos internacionales, acerca de las violaciones a derechos humanos con su política de seguridad. Sin contrapesos institucionales dentro de su país, el gobernante prosigue con sus acciones efectistas, mientras que es apoyado visiblemente por las fuerzas armadas y policiales.

Se acaban de cumplir tres años de lo que, en retrospectiva, analistas califican de punto de inflexión.  Un domingo de febrero de 2020, cuando la Asamblea Legislativa (Parlamento) estaba sin sesiones, Bukele irrumpió en la sede, arropado por oficiales de la Policía y militares, se sentó en la silla del presidente parlamentario y ordenó el inicio de la sesión, amparado, dijo, por un derecho divino.

En estos tres años el presidente salvadoreño se ha hecho del control institucional total y su popularidad está en la cresta de la ola por su política de "mano dura" contra las bandas delincuenciales (maras). La otra cara de la moneda son las recurrentes advertencias de organismos especializados en derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional.

Estos llamados de atención son descalificados abiertamente por el presidente a través de lo que es su principal canal de comunicación pública: su cuenta en la red social Twitter, con 4,8 millones de seguidores. Según Bukele, las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña e internacional se preocupan en exceso por los derechos humanos de los delincuentes, pero no así por los ciudadanos honrados.

Bukele, que incluso llegó a tener negociaciones secretas con las maras (bandas del crimen organizado), dice que su Gobierno ha sido muy efectivo en revertir la violencia que afectaba a la ciudadanía. El presidente asegura que El Salvador pasó de tener una tasa de 37,1 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019, una de las más altas del mundo, a una de 1,8 homicidios en la actualidad.

La ONG Transparencia Internacional advirtió que el régimen de excepción que el mandatario impuso hace casi un año para combatir a las pandillas, que suspendió algunos derechos constitucionales y amplió los poderes de las fuerzas de seguridad, terminó por favorecer la corrupción al amparo de la opacidad en las decisiones oficiales.

El último capítulo de este contrapunto ha sido el mediático traslado de miembros de las maras a una nueva megacárcel, la más grande del continente presentada por el propio presidente y sus colaboradores hace un mes.

Con un manejo del timing mediático, Bukele esperó varias semanas entre la inauguración de la cárcel, y efectivamente el traslado de detenidos. A los cuales mostró sometidos, casi que humillados ante las cámaras, en lo que el periodista Francesco Manetto catalogó como "la fábula del hombre fuerte".

Sobre este traslado de expandilleros a la nueva megacárcel, el periodista Oscar Martínez recordó que esto se dispuso para hacerlo coincidir con la publicación del requerimiento presentado por el Departamento de Justicia de EEUU contra 13 líderes de la Mara Salvatrucha (una de las violentas pandillas, que actuó tanto en El Salvador como en EEUU).

El Departamento de Justicia de EEUU confirmó a fines de febrero que el Gobierno de Bukele negoció en 2019 con las pandillas la reducción de homicidios en las calles, beneficios carcelarios y apoyo electoral, tal y como ya había denunciado en una investigación el medio salvadoreño El Faro, del cual Oscar Martínez es jefe de redacción.

La estrategia de Bukele, al construir un gigantesco centro penitenciario, ha levantado aplausos entre políticos latinoamericanos ubicados en las antípodas ideológicas. La candidata presidencial conservadora Zury Ríos Sosa, hija del exdictador de Guatemala, José Efraín Ríos Montt, así como el peronista Sergio Berni, encargado de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (Argentina), han respaldado la política del presidente centroamericano.

"Hoy en El Salvador no existe casi ninguna entidad gubernamental que sea independiente y que pueda actuar como freno o contrapeso a los abusos del Poder Ejecutivo", asevera Tamara Taraciuk, directora para las Américas de HRW.

Bukele fue electo en 2019 para un gobierno que debía concluir en 2024. Tras un respaldo abrumador en las elecciones legislativas de marzo de 2021, con sus colaboradores al frente del Parlamento, el mandatario ha ido defenestrando a figuras independientes de poderes como el Tribunal Constitucional, el sistema de justicia y la Fiscalía, con lo cual en la actualidad los poderes públicos están en manos de personas que no ocultan su admiración por la figura de Bukele.

De acuerdo con Martínez, la megacárcel, el traslado mediático de presos y la insistencia de Bukele de que defiende a los ciudadanos de la delincuencia son, en su conjunto, parte de la estrategia electoral de cara a las elecciones de 2024, en las que el presidente buscará la relección.

Aunque la relección inmediata está prohibida según la Constitución vigente, magistrados afines a Bukele dictaron meses atrás una sentencia que dejó abierta la puerta al "derecho a relegirse" del mandatario, quien tiene 41 años.