El Gobierno de Nayib Bukele endureció las condiciones de encarcelamiento de los presos detenidos bajo el denominado régimen de excepción en El Salvador, por el cual habría sacado de las calles a cientos de pandilleros y miembros de grupos del crimen organizado.
En concreto, según denunciaron familiares de los reos, el Estado cobra la comida, ropa y productos de higiene en las cárceles por una suma ascendente a 170 dólares mensuales.
Según denunció al medio digital Infobae Marta Ruano, madre de dos detenidos desde mayo de 2022, a inicios de este mes viajó como hace regularmente al penal donde estos se encuentran para enterarse de que los familiares de los presos en esa cárcel están obligados a comprar paquetes alimenticios y de insumos básicos en el lugar, a razón de uno al mes.
"Son malas noticias, ahora no nos recibirán paquetes, hay que comprarlo en el penal", se quejó la mujer. "Es mucho dinero, ya no sé si voy a poder llevar".
Según el reporte, por los 170 dólares los familiares pueden adquirir siete pequeños paquetes cuyos contenidos no aparecen detallados en las hojas que los carceleros han pegado en los muros de las prisiones para explicar el procedimiento. Allí solo se precisa que son 35 dólares de alimentos, 15 de artículos de higiene, 30 de ropa, 20 por la limpieza de área y 70 por misceláneos.
Infobae aseguró que, tras contactar a decenas de fuentes, todas coincidieron en que la Dirección General de Centros Penales de El Salvador (DGCP) empezó desde finales de 2022 a hacer los cobros obligatorios de 170 dólares en la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca y en al menos otras dos prisiones, aunque el propósito sería extenderlos a todas las prisiones.
Además del sistema de paquetes obligatorios, afirma el reporte, funciona un sistema de "tiendas institucionales" en los penales donde los familiares de los reos depositan una suma de dinero que da al preso derecho a tener un número de identificación que utiliza para comprar en tiendas ubicadas al interior de las prisones artículos de primera necesidad o pequeños lujos, como una Coca Cola.
"Todo lo compran a sobreprecio. Una Coca Cola que afuera vale 2.50 dólares, ahí las venden a diez", denunció la pariente de un reo que prefirió mantener el anonimato.
"Antes de cobros como el de Zacatecoluca, los familiares compraban los paquetes por su cuenta, en supermercados, en tiendas, en donde les saliera más cómodo. Y también en tiendas que hay en las afueras de los centros penales", dijo a Infobae Ivania Cruz, vocera del Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (COFEPPA), que representa a 36 personas detenidas.
El reporte subraya que, dado que el Gobierno declaró como reservada toda la información sobre las prisiones y sus políticas de seguridad, es imposible saber cómo las autoridades penitenciarias utilizan el dinero que les entregan los familiares de los reos, o si esos fondos son utilizados conforme a lo que establece la ley.
Mas, advierte Infobae, esa medida parece un negocio redondo. Desde marzo de 2022 hasta el presente, el sistema carcelario salvadoreño ha ingresado unos 64.000 reos que, según cifras oficiales, se han sumado a unos 40.000 que ya existía antes del régimen de excepción decretado hace casi un año.
Si, como sospechan los familiares y organizaciones, el cobro obligatorio se extiende a todas las cárceles, el Gobierno de Nayib Bukele podría empezar a ingresar unos 17 millones de dólares al mes solo por ese concepto.
El funcionario que controla las cárceles de El Salvador se llama Osiris Luna Meza. Su nombre aparece en varias investigaciones criminales salvadoreñas y estadounidenses por sospechas de que se ha enriquecido con el dinero de los presos, luego de ser el enviado especial de Bukele para negociar con las pandillas y que creó, en el sistema de tiendas en las prisiones, una presunta red de plazas fantasmas para cobrar salarios de funcionarios que no existen.
A Luna Meza y su madre, Alma Yanira Meza Olivares, la Fiscalía General de El Salvador (FGR) los investigó en 2020 y 2021 como parte de un expediente criminal al que los fiscales, por su volumen y la cantidad de funcionarios y personas cercanas al presidente Nayib Bukele involucradas, denominaron Caso Catedral.
Catedral es un expediente que reúne cuatro grandes casos: la negociación con las pandillas; la corrupción en el sistema de tiendas carcelarias, y el uso electoral que hizo el Gobierno de Bukele de insumos destinados a atender la pandemia por Covid-19. En los tres está involucrado Luna Meza.
Los fiscales del Caso Catedral fueron desterrados de la FGR cuando, en mayo de 2021, los diputados afines a Bukele impusieron a Rodolfo Delgado como fiscal general. Delgado enterró todas las investigaciones de Catedral, pero algunas fueron retomadas por agentes estadounidenses que formaron una fuerza de tarea en Centroamérica a la que bautizaron Vulcano.
Con base en aquellos expedientes, el Departamento del Tesoro en Washington designó a Luna y a su madre como miembros de una "red de corrupción vinculada al crimen transnacional".
Ambos, dijo el Tesoro de EEUU en un comunicado de diciembre de 2021, "desarrollaron un esquema para desviar millones de dólares del sistema de tiendas de las prisiones". Y también crearon plazas fantasmas dentro del sistema carcelario en el que supuestos empleados recibían pagos mensuales y luego "la mayor parte de ese dinero retornaba a Luna y a Meza".
Un resumen de las investigaciones a Luna Meza, del que Infobae tiene copia, establece que el funcionario y su madre desviaron al menos 8.1 millones de dólares de las tiendas carcelarias, y que crearon al menos diez plazas fantasmas de las que, en un año, cobraron 278.353 dólares. La FGR investigó a Luna Meza por delitos de peculado y actos arbitrarios como autor directo.
El negocio, además, parece asegurado en el corto plazo. El 14 de febrero pasado, el gabinete de seguridad de Bukele, del que Osiris Luna Meza forma parte, pidió al Congreso salvadoreño la 11ª prórroga del régimen de excepción, que permite a la Policía, también controlada por el presidente, alimentar las cárceles con personas arrestadas muchas veces sin pruebas y bajo vagas acusaciones de asociaciones ilícitas, según han denunciado múltiples organismos internacionales y salvadoreños de derechos humanos.
El próximo 27 de marzo, el régimen de excepción en El Salvador cumplirá un año. Bukele y sus funcionarios han dicho que la limitación de garantías constitucionales durará el tiempo que sea necesario. Así, los presos seguirán llegando y, con ellos, las cuotas que sus familiares ingresan a un sistema que nadie más que Nayib Bukele controla.
En materia de hacer caja con los presos deberían preguntarle a los expertos que son Díaz Canel, Guillermo Garcia Frias y Hugo Cancio, ellos tiene experiencia en el manejo de una prisión de 11 millones de mulatos. Supermarket 23 también hace lo mismo.
Claro la rojeria ataca a un hombre que quiere impedir que la anarquía domine su país.
Mi padre solía decirme: “no te eleves mucho, porque los radares (envidiosos, pusilánimes, frustrados) te captan y te disparan para derribarte”. He aquí un ejemplo de ello.
Bravo por Bukele, el único presidente en Latinoamerica que trabaja para el pueblo. Respect.
Con el pulso narrativo de un thriller clásico y la lucidez de una divertida parodia, se desvela: que a los salvadoreños ya no los jode las maras, ahora son las fake news.
Ojalá en las prisiones cubanas existieran esas condiciones que con maldad relata este articulista ! 35 dollares para el preso! ¿Cuándo la familia promedio cubana , salvo los oportunistas y cuatreros productos de la "robolución", podrán contar con esa cantidad mensual para supervivir? Déjense de criticar a Bukele que ha "parado" a esta pequeña república y ha recogido la morralla y la miseria que sembramos los cubanos invadiendo tierras extranjeras como esta , sin ton ni son ! ¡Qué daño le hemos hecho a la humanidad propagando las miserables ideas marxistas . leninistas , maoístas , stalinistas y etc,etc!
Realmente en este articulo no se si es por desconocimiento o mala fe del autor, en 1er lugar dentro de las cárceles actuales del Salvador los reos pueden trabajar y reciben un salario que les permite comprar directamente, en 2do lugar los ya condenados por delincuencia ligada al narco, extorsiones, secuestros y demás vandalismo , se enriquecían con el dolor de la población, por tanto no los pongan como "victimas" cuando realmente eran más que verdugos. Por demás el hecho que no puedan comprar no significa que se "mueren de hambre" o no se "bañan" pues la cárcel les proporciona lo básico. Alguna vez cuando el Salvador era un caos con las bandas alguien se preguntó como vivían y morían los simples ciudadanos.
A grandes problemas, grandes soluciones, reza un refrán.
El Salvador, el meñique centroamericano y gigante del crimen organizado no ha podido con el flagelo de la violencia.
Ningún gobierno anterior pudo.
Nada ni nadie puede estar por encima de la ley y la democracia.
Bukele no ha pretendido estarlo.
Ha utilizado el estado de excepción, figura perfectamente legal, para enfrentarse al gigante.
El delincuente, aún el asesino, es un enfermo social y merece el apoyo de la sociedad. La misma sociedad que ayer le dió la espalda, lo convirtió en un monstruo y hoy tiene que pagar también por sus errores.
Las sociedades tienen los delincuentes que merecen, decía un famoso penalista francés.
Criticar a Bukele o hacer eco a quienes lo critican no me parece una actitud digna de DDC.
Con la ley en la mano, la responsabilidad compartida y la mano firme para combatir a quien nadie antes tuvo el valor de combatir, Bukele merece el respeto y la admiración de todos.
Ahora resulta que son “presuntos” pandilleros? Mira tu, y yo que pensaba que El Salvador estaba infestado no de presuntos, sino de verdaderos asesinos a los que no le temblaba la mano para cometer las peores atrocidades. Y ahora, los pobres “presuntos” criminales sufren porque no pueden tomarse una CocaCola, y tienen que trabajar o no comen. Oh, mundo cruel !!!! 😀