El número de arrestos de migrantes intentando cruzar de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos alcanzó en enero su punto más bajo en dos años, informó a EFE el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Las autoridades atribuyen esta disminución a la expansión a inicios de enero último del Título 42, una polémica normativa sanitaria aprobada por la Administración de Donald Trump, para permitir las expulsiones exprés de los migrantes irregulares que llegaran a los bordes fronterizos.
A la altura del 31 de enero, las detenciones de cubanos, haitianos y nicaragüenses, además de los venezolanos, quienes están sujetos al Título 42 desde octubre, disminuyeron a un promedio de 95 al día, una caída del 95% en comparación con los 1.231 arrestos diarios que se reportaron a inicios de mes, indicó un funcionario del DHS.
"En enero vimos el número más bajo de arrestos por parte de la Patrulla Fronteriza desde febrero de 2021", subrayó el funcionario.
El uso del Título 42 por parte del Gobierno de Joe Biden ha sido criticado ampliamente por organizaciones de derechos humanos e incluso por algunos miembros del Partido Demócrata.
A finales de enero, un grupo de 80 congresistas demócratas, encabezado por el senador Robert Menéndez, pidió al Ejecutivo dar marcha atrás a la decisión de expulsar a las personas de Cuba, Nicaragua y Haití que crucen la frontera con México.
"El Título 42 es una burla de la ley nacional e internacional", escribieron los congresistas.
El Gobierno de Biden se ha defendido de las críticas asegurando que tiene que seguir aplicando ese programa por orden del Tribunal Supremo, que en diciembre de 2022 aceptó una petición de una veintena de estados gobernados por republicanos y determinó que el Título 42 debía seguir activo.
Además de la expansión de la normativa, que restringe el acceso al asilo en la frontera, el Gobierno planea imponer un veto de cinco años de entrada a Estados Unidos a las personas que crucen la frontera de forma irregular.
La normativa ha dado lugar a más de 2,5 millones de arrestos desde que entró en vigor en 2020, según datos del International Rescue Committee.
