La presidenta de Perú, Dina Boluarte, está en el peor momento de su corto gobierno según sendos sondeos difundidos este domingo. Mientras que crece la impopularidad de su presidencia, su respuesta ha sido negar la posibilidad de renunciar y asimismo ha ampliado el estado de excepción, que ahora también se extiende al área metropolitana de Lima y Callao.
Con 39 días en el poder, tras la destitución de Pedro Castillo, como respuesta a su fallido intento de desconocer al Parlamento, la presidenta tiene un número mayor de personas fallecidas que el total de días como jefa de Estado. La ciudadanía rechaza ampliamente su gestión, así como al actual Congreso, con lo cual en materia de opinión pública cobra fuerza la necesidad de adelantar unas elecciones generales como salida a una crisis de gobernabilidad.
Desde que Dina Boluarte asumió la Presidencia se reportan 42 personas muertas durante las protestas (41 civiles y un policía). Además, otros siete civiles han fallecido en accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos de carreteras. Esto lo señala el medio de fact-checking Ojo Público.
El diario La República difundió este 15 de enero el último sondeo del Instituto de Estudios Peruanos: 71% por ciento de los encuestados, entre el 7 y 12 de enero, rechaza la presidencia de Boluarte y 88% tiene igualmente una opinión negativa del Congreso. Asimismo, un 58% desaprueba el uso de la fuerza pública para la represión de las protestas, que se iniciaron prácticamente el mismo día que ella asumió la Presidencia el 7 de diciembre.
Las protestas, concentradas principalmente en el sur, se han ido extendiendo y en algunos casos han estado acompañadas de cortes en rutas terrestres. En un primer momento, las manifestaciones tenían por bandera exigir la libertad de Castillo, quien está detenido y enfrenta varias causas, pero luego dejaron en evidencia el estado de descontento que hay entre la población, mayoritariamente, contra la clase política.
Aunque Boluarte y el Congreso han manifestado voluntad de adelantar las elecciones generales para este año 2023, en la práctica no se han dado los pasos institucionales necesarios para que tal cosa ocurra. Aunque algunos analistas sostienen la necesidad de realizar reformas a fondo del sistema institucional, antes de tales comicios, en general existe la percepción de que Perú es una suerte de olla de presión. Dar los pasos para que se realicen elecciones podría ayudar a bajar la tensión.
La trasnacional de opinión pública Ipsos también realizó un sondeo para el diario Perú 21 y fue difundido este domingo. El 71% de los consultados desaprueba a Boluarte. En esta encuesta un 52% pide que las elecciones sean cuanto antes, otro 40% comulga con el adelanto de elecciones (que debían ser en 2026) para 2024 precedidas de reformas institucionales.
Lo cierto del caso, es que para tales reformas debería existir un clima de consenso y un liderazgo que ni Boluarte ni el Congreso parecen tener en este momento.
La actual presidenta ejerció como vicepresidenta de Castillo y tuvo un rol bastante opacado en los 16 meses que duró el traumático Gobierno del maestro y dirigente del magisterio. Prácticamente era una desconocida para la mayoría de peruanos cuando se juramentó ante el Congreso.
Inicialmente Boluarte dijo que completaría el periodo para el que fue electa junto con Castillo (2021-2016); como respuesta a las protestas se corrigió y dijo que se adelantarían elecciones, primero para 2024 y luego para 2023. Lo que ha ratificado es que no renunciará, esto lo señaló incluso la noche de este 14 de enero, mientras se ampliaba el estado de excepción también a la capital, Lima.
"Es inaceptable la escalada de violencia que está sucediendo en Perú. La represión estatal en contra de manifestantes y la pérdida de vidas humanas está agudizando la crisis. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades al respeto irrestricto de los derechos humanos", comentó Marina Navarro a DIARIO DE CUBA, ratificando la posición dada a conocer por Amnistía Internacional.
"Las fuerzas del orden deben cumplir con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. El pueblo no debe de pagar el costo de la crisis política que está atravesando el país", dijo Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
El estado de excepción, que tendrá una duración de 30 días, otorga a las militares facultades para restablecer el orden y limita los derechos de circulación y reunión. El puerto de Callao, en las afueras de Lima, así como la propia capital peruana, y las provincias sureñas de Puno y Cusco también están cubiertas por las medidas anunciadas la noche de este 14 de enero, luego de que finalizara un estado de emergencia nacional de 30 días que comenzó el mes pasado.
Sin un partido político propio que le respalde, sin apoyo de la ciudadanía, con un Gabinete endeble del cual se han retirado varios ministros, el único respaldo claro del cual parece gozar Boluarte es el de las fuerzas militares y policiales.
"Estamos en presencia de la consolidación de un régimen militarista y represivo sustentado por las fuerzas armadas, y con el rostro visible de una mujer (Boluarte) en teoría democrática y de izquierdas", advierte a DIARIO DE CUBA una experta europea observadora del Perú para una fundación política alemana.
Perú, para no pocos analistas, ha tocado fondo y no se trata solo del inefable Castillo como jefe de Estado. En un periodo de cuatro años (2018-2022) se vivió una recurrente inestabilidad, con seis presidentes en tan corto tiempo.
