Con algo más de un mes en el poder, la presidenta Dina Boluarte sigue sin dar respuesta ante la ola de descontento en un encendido Perú. Las protestas, especialmente fuera de Lima, no se ha detenido pese a la dura represión, a los llamados a la concordia o a los estados de excepción que ha dictado el Gobierno que sustituyó a Pedro Castillo, tras su fallido autogolpe de Estado.
La sociedad peruana y la comunidad internacional quedó en estado de schock este 9 de enero. Ese día en Juliaca, en el sur peruano, 17 manifestantes y un policía fallecieron en la jornada más sangrienta que se recuerde en el país andino, en este siglo XXI, después de era de mano dura que ejerciera Alberto Fujimori (1990-2000), en su lucha contra el grupo insurgente Sendero Luminoso que devino en masivas violaciones a los derechos humanos.
"En Lima tal vez no estén midiendo la magnitud del descontento", apunta a DIARIO DE CUBA una especialista europea, observadora política de una fundación alemana afincada en Perú. En opinión de esta experta, que prefiere no difundir su identidad, "Perú se está adentrando en un modelo represivo; lo que sostiene a la Presidencia de Boluarte son los militares y los órganos de seguridad".
La poco conocida dirigente de izquierdas, que fue electa como vicepresidenta en la pareja presidencial junto a Pedro Castillo, en 2021, asumió el poder el 7 de diciembre. Ese día Castillo, en una fallida estrategia para evitar su destitución en una sesión ad hoc convocada por el Congreso peruano, terminó con un discurso en el que promovía el cese del órgano legislativo y un estado de excepción.
Castillo demostró una notable impericia, sin capacidad para garantizar una gobernabilidad del país e incluso sin poder tener un gabinete medianamente organizado. "En tan solo 16 meses en el cargo, Castillo tuvo cinco gabinetes, integrados por más de 70 ministros", puntualizan Carlos Malamud y Rogelio Núñez del Real Instituto Elcano, con sede en Madrid.
Poco después de su mensaje televisado, Castillo fue detenido y en la actualidad sigue privado de libertad y deberá enfrentar diversas acusaciones judiciales.
"Las protestas simbolizan el malestar no solo por la forma en que fue destituido y detenido Castillo, también reflejan el hartazgo con el Congreso y la clase política en general, y, por otro lado, posiblemente en los sectores pobres e indígenas del sur peruano hay una frustración por las promesas incumplidas del gobierno caótico de Castillo", sostiene la observadora europea.
Lo cierto del caso es que en las escasas semanas de Boluarte en el poder, las protestas se han multiplicado, sin que haya tenido efectividad declarar estados de excepción en diversas regiones. Solo en los días navideños ocurrió una suerte de tregua. Cada día hay un parte de los hechos de violencia, por ejemplo, este miércoles 11 de enero en Cusco una veintena de personas resultaron heridas, cuando grupos de civiles intentaron tomar el aeropuerto de este poblado turístico.
En total, las manifestaciones, que iniciaron en la segunda semana diciembre de 2022, han dejado un saldo de 45 fallecidos y centenares de heridos, hasta este 11 de enero.
La clase política parece ajena a este drama. La expremier de Castillo, Mirtha Vásquez, una figura de la izquierda moderada, se quejó de que el Congreso siguiese con su sesión para ratificar al Gabinete de Boluarte, este martes, sin dar señales de duelo por los 18 fallecidos en Juliaca un día antes.
Los anuncios de elecciones generales de Boluarte tampoco han calmado los ánimos. La presidenta dijo inicialmente que completaría el periodo para el cual fue electo Castillo, es decir hasta 2026. Ante la ola de protestas reconsideró y dijo que las elecciones se celebrarían en 2024, y luego en 2023.
De acuerdo con diversos sondeos de opinión, para casi el 90% de los peruanos una salida a la crisis sería la realización de unas elecciones generales, para escoger un nuevo jefe de Estado y un nuevo Congreso. Sin embargo, el fragmentado Parlamento peruano no termina de dar los pasos institucionales de forma acelerada para lo que sería una salida electoral.
"En realidad todos los políticos, sin distinción ideológica, que están hoy en el Congreso de Perú tienen señalamientos, acusaciones o incluso juicios abiertos. Simbolizan a un sistema corrompido que no parece tener capacidad de renovarse de forma genuina. Es un momento álgido por el riesgo de que derive en un Gobierno netamente autoritario y militarista, teniendo un rosto civil y de una mujer como es el caso de Boluarte", advierte la experta consultada por DIARIO DE CUBA.
Las protestas están respaldadas por la mayor federación de sindicatos del país, la mayor asociación de indígenas de la Amazonia peruana y muchas organizaciones que representan a agricultores pobres, entre otros grupos. Sin embargo, hasta ahora no ha surgido ningún líder que unifique a los distintos grupos.
