El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Luis Fernando Helguero, advirtió a las autoridades de México que, en caso de que concedan asilo político a la cuñada del expresidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, supondría un "escalamiento en las tensiones" entre ambas naciones.
Paredes, hermana de la exprimera dama peruana, Lilia Paredes, está siendo investigada después de que se difundiera un video en el que se la observa presuntamente ofreciendo una obra de saneamiento a los pobladores de la comunidad de la Succha.
El Ministerio Público señaló en varias ocasiones que Paredes sería la lobista principal dentro de una presunta organización criminal que estaría liderada por el propio expresidente, reportó Europa Press.
En el marco del reciente asilo político concedido por México a Lilia Paredes y sus hijos, Helguero fue cuestionado sobre si, en caso de que se repitiera la medida con Yenifer, se trataría de una provocación.
"Por supuesto que sí", aseveró el ministro ante los micrófonos de Perú TV, donde reconoció que las hipotéticas medidas en respuesta serían en todo caso competencia tanto del Ministerio de Exteriores como de la presidenta, Dina Boluarte.
En este punto, Helguero reconoció estar a la espera de que Andrés Manuel López Obrador rebaje las tensiones en algún momento y cambie su discurso respecto a las nuevas autoridades peruanas, a las que acusa de haber obrado en contra de Castillo.
A pesar de la tensión diplomática entre Ciudad de México y Lima, Helguero aclaró que las relaciones comerciales con la nación azteca no se han visto perjudicadas.
"México es nuestro tercer socio comercial después de Brasil y Chile, es un socio muy importante", apuntó el ministro, quien además recordó que México es el segundo inversor latinoamericano en territorio andino.
El Gobierno de Perú anuncia reparaciones para los familiares de los muertos en las protestas
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, José Tello, anunció el sábado que desde su cartera están conformando una comisión multisectorial que trate las reparaciones para los familiares de los fallecidos en las protestas antigubernamentales en las que murieron 27 personas en varios puntos del país.
"Desde Justicia y Derechos Humanos vamos a cumplir con el encargo de nuestra presidenta de la República y nuestro primer ministro para conformar una comisión multisectorial para ver el tema de las reparaciones o apoyo solidario que vamos a dar a los deudos de las personas han perdido la vida", dijo Tello en la emisora local RPP, citada por EFE.
Desde el pasado domingo 11 de diciembre se intensificaron las protestas en contra de la presidenta, Dina Boluarte, que también pedían la liberación del exmandatario Pedro Castillo, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente.
En eso hechos murieron 27 personas, de las cuales cinco eran menores, en manifestaciones y disturbios ocurridos mayormente en el sur del país, sobre todo en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cuzco y Arequipa.
El ministro anunció que el tema de las reparaciones a las familias de los fallecidos se tratará el martes 27 y que esta comisión contará con representantes de los ministerios de Educación, Agricultura, Salud, Desarrollo e Inclusión Social y la Presidencia del Consejo de Ministros.
Además, estará presente la sociedad civil a través de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y dos representantes de las familias de las víctimas.
"Será amplia y la lidera mi cartera, la de Justicia, y lo que vamos a buscar es dar un apoyo solidario, que de algún modo pueda mitigar la pérdida, porque una vida humana no tiene precio", señaló Tello.
"Es una respuesta del Estado ante una situación, pero es un paliativo, porque lo que no debe ocurrir es que estas muertes sean en vano, este tipo de situaciones no se puede volver a repetir y sobre todo no debemos permitir que el Perú ilegal intervenga, porque lo que pudo ser una protesta saludable y democrática termine en violentistas y, más aún, como se ha demostrado, en un violentismo financiado por el lado oscuro", dijo.
El Ejecutivo decretó el estado de emergencia nacional por 30 días cuando las protestas se fueron multiplicando por todo el país, lo que aumentó la presencia de las fuerzas del orden en las calles, y según diversas organizaciones de derechos humanos, hubo exceso de fuerza y represión por parte de estas.
Las marchas arrancaron después de que el 7 de diciembre el exmandatario Castillo intentara dar un golpe de Estado que finalmente no resultó, lo que provocó su destitución por parte del Congreso y su posterior arresto.
Sobra decir que el AMLO hubiera puesto el grito en el cielo si la cosa fuera al revés. Farsante nato.