El Congreso de Perú seguía constituyendo un obstáculo para fijar la fecha de elecciones generales adelantadas, como respuesta a la crisis que vive el país, al frente del cual está Dina Boluarte con un Gobierno endeble, mientras que se recrudece el clima de descontento, especialmente en las zonas rurales pobres, y la respuesta oficial ha sido la represión.
La presidenta Boluarte, quien era la vicepresidenta electa en la formula con Pedro Castillo, sostuvo este lunes que el clima de conflictividad había disminuido, un asunto que fue puesto en duda por periodistas y observadores de la dinámica. Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, elecciones generales y el cierre del Parlamento.
De hecho, este lunes se recrudecieron las protestas y se registró una nueva muerte, la vigésimo primera en algo más de una semana, a manos de uniformados policiales y militares. La Policía y el Ejército despejaron una carretera que estaba bloqueada desde el día 12 y murió una persona por un disparo de los uniformados.
Para la periodista Jacqueline Fowks, en las zonas del sur de Perú, donde se han concentrado las manifestaciones, estas bajaron durante el fin de semana, pero no porque se haya aplacado la conflictividad.
"Disminuyeron por dos motivos: estaban enterrando muertos y permitiendo a los comerciantes de mercados que recuperen un poco sus economías debido a que es víspera de Navidad", explicó Fowks a DIARIO DE CUBA desde Lima.
A juicio de esta periodista, colaboradora de varios medios internacionales desde Lima, la ola de protestas se retomará en varios puntos del país andino, incluso con fuerza en la ciudad natal de Boluarte, desde donde también piden la renuncia de la presidenta.
Daniel Encinas, politólogo y candidato a doctor en Ciencia Política de la estadounidense Northwestern University, sostiene que la endeblez de la presidencia de Boluarte ha quedado patente en su propio discurso sobre cuánto tiempo se quedará en el poder.
Cuando tomó posesión el 7 de diciembre, Boluarte anunció que completaría el mandato de cinco años; es decir, que estaría hasta 2026; luego, cuando comenzó a manifestarse el malestar social, adelantó que las elecciones podrían realizarse en 2024; para luego manifestarse a favor de que se celebren en 2023.
El pasado 7 de diciembre, luego de que Castillo —hasta ese momento presidente de Perú— anunció su intención de disolver el Parlamento y decretar el estado de excepción, Boluarte, quien era su vicepresidenta, salió del anonimato que había caracterizado su gestión para ser juramentada por el Congreso.
Un sondeo de opinión pública del Instituto de Estudios Peruanos, previo al 7 de diciembre, reflejaba que 83% de los peruanos estaba a favor de unas elecciones generales para escoger nuevo presidente y nuevo Congreso en caso de que Castillo fuese destituido.
Este lunes, un sondeo de la firma trasnacional Ipsos, realizado entre el 15 y 16 de diciembre, refleja que más del 85% de la población de Perú pide el adelanto de elecciones como salida a la crisis.
Algunos analistas sostienen que la presidenta podría estar en alianza con sectores conservadores del Congreso para dilatar un llamado a elecciones. Públicamente se muestra al Congreso como el obstáculo para esta convocatoria de elecciones adelantadas.
"Lo que aterra de Boluarte es esa capacidad para sonreírnos mientras saca a las calles a las Fuerzas Armadas, manda condolencias y al mismo tiempo mantiene la represión, hace el teatro de la rendición de cuentas y anuncia que investigaciones sobre las muertes por represión quedarán en el fuero militar. Se está cuajando algo peligroso", advierte Encinas.
Con una debilidad por varios flancos, incluso al no tener una bancada propia en el Parlamento tras la ruptura de Castillo y la propia Boluarte con el sector radical del partido Perú Libre, la presidenta destituyó a quien había designado como jefe de Gabinete escasamente a una semana de haberle designado. Varios ministros renunciaron tras la represión en zonas campesinas e indígenas.
Boluarte confirmó este domingo que prescindirá del exfiscal Pedro Angulo como jefe de gabinete, que estuvo en el cargo solo una semana. Angulo, según han informado medios de prensa en Lima, fue cuestionado dado que tiene en curso 13 investigaciones en el Ministerio Público, por denuncias por acoso sexual contra trabajadoras cuando era fiscal y un nexo con un escándalo de corrupción en el sistema judicial en 2018.
A todo esto, se sumó su nula capacidad de articular un Gobierno de emergencia para dar respuesta a la crisis.
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, las cifras de víctimas por la escalada de violencia en Perú alcanzaron los 26 muertos y 646 heridos. 21 de esas muertes se atribuyen a cuerpos policiales y militares. Apurímac y Ayacucho son las regiones que registran más protestas contra el actual Gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que este martes 20 de diciembre llegará una delegación a Perú con el fin investigar si se está vulnerando la vida e integridad de las personas durante las protestas.
Mientra vayan aniquilando unos cuantos zurdos violentos no hay problema,así limpian un poco de porqueria roja que está saqueando y atacando a ciudadanos .