Pedro Castillo apenas ha llegado a una cuarta parte de su periodo de gobierno y la palabra crisis es lo que parece definir su corta gestión, que deberá concluir en 2026. El maestro y ex dirigente sindical del magisterio enfrenta una nueva amenaza, la enésima, pero esta vez parece tener mayor envergadura: la Fiscalía ha presentado ante el Parlamento una denuncia en contra del presidente.
Castillo fue juramentado como mandatario de Perú a fines de julio del año pasado. En estos 15 meses acumula seis investigaciones por presunta corrupción y dos procesos que buscaron destituirle desde el Congreso. Por si fuera poco, ha tenido crisis internas en su Gabinete con registros récords de tener por ejemplo cuatro primeros ministros, cinco cancilleres e innumerables reacomodos en los distintos ministerios.
Este 11 de octubre podría definirse como un clímax en la reiterada crisis que caracteriza la gestión de Castillo. Ese día, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusó "constitucionalmente" al jefe de Estado de encabezar una presunta organización criminal, tras hallar indicios de delitos de tráfico de influencias y colusión.
Se trata de la figura de un antejuicio, que existe en otras naciones, que podría desembocar en el impeachment. Será el Congreso, donde Castillo tiene una clara mayoría y notables adversarios políticos, el que determine el curso de este proceso. A diferencia de los dos intentos anteriores de destitución del mandatario, en esta ocasión el caso está sustentado por la Fiscalía General.
La analista y columnista de La República, Rosa María Palacios, sostiene que el presidente vive "su peor hora" desde que llegó al poder. Diplomáticos y observadores internacionales estiman que este caso podría desembocar en la destitución de Castillo.
En un mensaje grabado y difundido por redes sociales de la Fiscalía, la fiscal Patricia Benavides fue enfática en su acusación: "Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en el Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas".
"Estamos en presencia de una nueva modalidad de golpe de Estado", se defendió Castillo en una alocución transmitida este 12 de octubre. Se espera que el 14 de octubre la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso comience a analizar la denuncia constitucional presentada por la fiscal contra Castillo.
Según la Fiscalía peruana, se documentaron pruebas que involucran a Castillo, a su familia y a su círculo más cercano de colaboradores bajo este modus operandi: "la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales".
La presidenta del Congreso y titular del grupo de trabajo, Lady Camones, del partido opositor Alianza para el Progreso, adelantó que en un plazo de diez días hábiles esta subcomisión legislativa deberá decidir sobre lo presentado por la Fiscalía y define si hay pruebas para solicitar al Pleno la destitución del presidente.
El periodista Renzo Gómez sostiene que en las calles de Lima no se vivía un momento tan caldeado como el actual desde el año pasado, cuando la candidata derrotada, Keiko Fujimori, se negaba a aceptar la victoria de Castillo, que fue por mínima diferencia, pero ocurrió de forma limpia, según las autoridades electorales.
Aunque formalmente desligada del partido de Fujimori, Fuerza Popular, Camones es ubicada por analistas dentro de la corriente fujimorista y aliada de Keiko Fujimori, encarnizada rival de Castillo.
Camones, por ejemplo, se ha mostrado a favor de los reclamos del fujimorismo para que el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) sea liberado. El ex mandatario, de 85 años, está en prisión tras ser condenado por violaciones a los derechos humanos y abuso de poder.
La presidenta del Congreso ha cerrado filas con el mensaje de la hija del ex presidente, Keiko, a favor de que este reciba casa por cárcel por motivos humanitarios. Este es un tema álgido en Perú, que divide a las fuerzas políticas, a la sociedad civil y a la propia población.
Cinco ex asesores de Castillo han sido detenidos, se allanaron oficinas y domicilios de seis legisladores afines al jefe de Estado, y hasta la residencia de la hermana de Castillo, donde también habita su madre, fueron objeto de acciones de la Fiscalía. Este hecho fue tildado de "acto abusivo" por el presidente Castillo.
A fines de septiembre, el respetado Instituto de Estudios Peruanos (IEP) difundió los resultados de su encuesta mensual. Los resultados de este sondeo arrojaron que más de la mitad de los consultados consideraron "adecuado" el trabajo de la Fiscalía contra Castillo, mientras que un 28% cree que es una persecución injusta contra él y su familia.
En ese mismo estudio de opinión pública que ha publicado el diario La República, se detectó que un 59% de los peruanos considera que Castillo no podrá completar su mandato presidencial, mientras que el 65% de los encuestados desaprueba la gestión del antiguo maestro de escuela.
Castillo no luce más inepto, escaso y ridículo porque no puede. Un absoluto desprestigio para Perú.
Desde que le robaron el sombrero ya no lo quieren.
Por ese país pasaron y se quedaron los siete jinetes del apocalipsis.
Su sombrerote ha sido para él como la melena de Sansón. Sin sombrero se le acaba la fuerza.
La mierda apesta porque tiene que apestar. La solución es halar la cadena.