El Gobierno de Iván Duque reinvidicó la muerte, durante una operación militar, de Felipe Alcócer Alvarino, alias Pirry e integrante de la dirección nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de que durante año y medio no lograra mostrar éxitos en su lucha contra este grupo irregular en Colombia.
Alcócer Alvarino fue muerto junto a sus dos escoltas en un asalto militar a su campamento, ubicado en la provincia de Bolívar, en el norte de Colombia. Las autoridades militares confirmaron el hecho este 8 de junio. El ELN fue fundado en 1964, con inspiración guevarista como grupo guerrillero, pero ha devenido en una banda criminal vinculada al narcotráfico, secuestros y extorsiones.
Es la primera acción de esta envergadura en año y medio por parte de las autoridades. En octubre de 2020, el Gobierno de Duque anunció un duro golpe al ELN al confirmar que había muerto Andrés Felipe Vanegas Londoño, conocido como Uriel, gracias a una acción militar en la provincia de Chocó, en el Pacifico colombiano.
El ELN sigue operando en nueve de las 32 provincias (departamentos) de Colombia y tiene una presencia fuerte particularmente en el nordeste del país sudamericano.
A inicios de 2019, el Gobierno de Duque rompió un tímido acercamiento que sostenía con el ELN, tras un atentado contra una escuela de policías, en el que murieron 21 personas y otras 68 resultaron heridas. Desde ese momento, el presidente prometió mano dura contra este grupo.
De forma paralela, se ha conocido que los referentes más significativos del ELN están protegidos por el Gobierno de Cuba. Entre estos figuran Antonio García, desde el año pasado el líder máximo, y otros como Iván Márquez, quien recientemente buscó refugio en La Habana.
El ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó la muerte de Alcócer Alvarino, de 51 años. Se acaban "36 años de historia criminal" pues el guerrillero fue responsable de atentados terroristas, secuestro de campesinos, comerciantes, finqueros y de acciones contra la infraestructura petrolera y energética del país, según Molano.
Un informe del año pasado del think thank Crisis Group acerca de la frontera colombo-venezolana, encontró que las autoridades venezolanas pasaron a depender del ELN para reforzar su control sobre áreas fronterizas sensibles, lo que sugiere que puede haber un respaldo gubernamental de alto nivel a ese grupo.
Entretanto, hace dos meses Human Rights Watch (HRW) documentó abusos contra habitantes humildes de la frontera entre Colombia y Venezuela, cometidos durante este 2022, según las denuncias de las víctimas, por una actuación conjunta entre militares venezolanos y la guerrilla colombiana del ELN.
Entre el 23 y 26 de febrero de este año, el ELN dio una muestra de su poder en ciertas regiones de Colombia al promover un paro armado que dejó más de 60 acciones del grupo, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
De acuerdo con el proyecto periodístico de investigación InSight Crime se documentaron autos incendiados, regiones paralizadas y atentados con explosivos, con lo cual el ELN confirma el poder del grupo sobre una parte del territorio nacional y el reto en seguridad que le queda al Gobierno venidero.
A propósito de las elecciones presidenciales, cuya segunda y decisiva vuelta está fijada para este 19 de junio, el ELN se pronunció este 9 de junio sobre uno de los temas más controversiales en la contienda, en la que se enfrentan de forma muy reñida el ex guerrillero del M19, Gustavo Petro, y el empresario Rodolfo Hernández, quien tiene un discurso antisistema político.
En sus alocuciones durante la campaña, Rodolfo Hernández ha contado la historia de su hija adoptiva, Juliana Hernández Oliveros. Según el candidato, esta fue secuestrada y asesinada por el ELN, en 2004.
"Después de hacer las indagaciones respectivas le informamos al país que nunca tuvimos retenida a Juliana Hernández Oliveros hija adoptiva de Rodolfo Hernández, quién según él desapareció en el 2004 en la región de Ocaña, norte de Santander", aseveró el ELN en un comunicado público.
Por otro lado, Hernández ha asegurado que, de llegar a la presidencia, le garantizaría al ELN —sin ninguna negociación previa— las mismas condiciones del acuerdo de paz que firmó en 2016, en La Habana, el entonces presidente Juan Manuel Santos con las guerrillas de las FARC.
Por su parte, Petro ha planteado que si es el próximo presidente llevará adelante una "rápida negociación" con el ELN, que tiene como condición la desmovilización de este grupo armado, un aspecto que los analistas consideran difícil de cumplir de forma expedita.
Ambos candidatos, por separado, han dejado en claro su respaldo al proceso de paz de 2016.
