La Convención Constituyente de Chile ha entrado en su recta final. Tras difundirse el borrador de una nueva Constitución, en las próximas semanas se deberá revisar a fondo, armonizar y negociar la redacción definitiva de una carta magna que, de ser aprobada en plebiscito, pondrá punto final a la última herencia de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
El 4 de julio deberá difundirse el texto constitucional definitivo para ser sometido a referendo en septiembre próximo. La difusión del borrador permite constatar un giro en materia de derechos fundamentales como la salud o la educación, en comparación con la actual Constitución, que fue aprobada en 1980, en plena dictadura de Pinochet.
La discusión constituyente, opinan analistas, se concentró en algunos temas que salieron a la palestra como demandas del estallido social de 2019, que dejó al desnudo el deseo de cambio en la sociedad chilena.
Entre los principales derechos aprobados en el borrador se destaca el derecho a un trabajo decente, el derecho a "remuneración equitativa, justa y suficiente"; además se le otorga un mandato al Estado para que se generen condiciones en las que se pueda conciliar el trabajo con la vida familiar y comunitaria.
Otros derechos que están dentro del borrador son los derechos a la memoria, a la alimentación y a la autodeterminación informativa, que es el derecho a la protección de los datos personales. En materia de salud, se obliga al Estado a fortalecer el sistema público. Asimismo, una serie de artículos apuntan al fortalecimiento de la educación pública.
En relación con los pueblos indígenas, en el borrador de la nueva Constitución se contempla el reconocimiento de autonomía de estos, y sostiene que el Estado chileno se definirá como plurinacional.
Al manifestar sus aprehensiones en torno al proceso constituyente, el profesor universitario Pablo Julio Pohlhammer, sostuvo para DIARIO DE CUBA que "después de más de 30 años en democracia y con decenas de modificaciones de la Constitución actual, el tema del origen ya no parece importar".
"De la Constitución actual, tal vez un 20% es original de la Constitución de 1980 (aprobada en dictadura). El resto son modificaciones posteriores o herencias de las constituciones de 1925 o 1833", matiza el académico.
Esto a propósito de la idea instalada en un sector de la sociedad chilena, que se ve reflejada en el argumento del presidente Gabriel Boric, cuando sostuvo que cualquier constitución que se apruebe en 2022 será mejor que "una que aprobaron cuatro generales" (al referirse a la vigente de 1980).
"Cuando empezó el proceso mi impresión era que el tema constitucional ya se había transformado en un estorbo y que para seguir avanzando necesitábamos una nueva Constitución que dejara de ser objeto de divisiones. Sigo aspirando a lo mismo, pero eso ya no ocurrirá", adelanta Julio Pohlhammer, al poner de patente la polarización que envuelve la discusión constitucional y el crecimiento del rechazo al nuevo texto constitucional.
Dos sondeos difundidos a mediados de este mayo reflejaron una posición crítica en el seno de la sociedad chilena. Un 45%, según la encuestadora Pulso Ciudadano, y un 46% de consultados, según Cadem, ya anunciaba que rechazaría la nueva Constitución, aún antes de conocerse el borrador. En esta percepción negativa pudo pesar la forma en que se llevó el proceso.
"Aunque la mayor parte del proceso ha sido serio y formal, y con jornadas de trabajo muy intensas, ha habido muchos episodios de manifiesta hostilidad entre los miembros, declaraciones beligerantes y destempladas, así como episodios francamente ridículos que van dejando una impresión no demasiado satisfactoria de muchos de quienes tuvieron a cargo este proceso", precisa el profesor universitario y observador del proceso político chileno.
La redacción del borrador dado a conocer llevó diez meses de trabajo a las 155 personas, muchas de ellas sin experiencia política previa, para redactar un documento voluminoso de 499 artículos. En las próximas semanas una comisión de armonización hará ajustes y redactará el preámbulo de la nueva Carta Magna.
El tema del rechazo a la nueva Constitución marca la agenda política del recién estrenado presidente chileno Gabriel Boric. Públicamente, el joven mandatario ha reconocido que el éxito de su gestión está estrechamente vinculado a lo que surja y la forma en que se establezca una nueva Constitución, bandera que Boric comparte ampliamente.
Julio Pohlhammer comenta sobre tres temas que le resultan preocupantes. El primero tiene que ver con bajar la edad para ejercer el derecho al voto, que sería de 16 años. El segundo con el proceso para debilitar a los partidos políticos frente a independientes y otros tipos de asociaciones políticas. "De ocurrir, significaría un fuerte debilitamiento a la práctica institucional de la acción política", advierte.
Finalmente, al académico le resulta llamativo que constitucionalmente se quiera atar la política exterior a privilegiar las relaciones con América Latina y el Caribe. "Puede que en la práctica no signifique mucho, pero es ridículo restarles libertad a los gobiernos", concluye.
