Como es habitual en los foros internacionales, el chavismo apela a las sanciones de EEUU para justificar la crisis que vive Venezuela. Sin embargo, al pasar de nuevo por el examen periódico universal de Naciones Unidas, el régimen de Nicolás Maduro ha quedado desnudo dado que incumplió la mayoría de recomendaciones hechas en 2016, cuando no existía ninguna política restrictiva de EEUU.
A propósito del debate generado este 25 de enero con decenas de nuevas recomendaciones y el recordatorio, de diversos países, de que el chavismo incumplió con lo que prometió corregir en 2016, cuando se celebró el anterior examen periódico universal de derechos humanos, quedó en evidencia la crisis generalizada que vive el país bajo el Gobierno de Maduro.
Desde la sociedad civil, la red global Civicus y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), recordaron que en 2016, solo en materia de derechos civiles y políticos, se consolidaron un total de 40 recomendaciones para el Estado venezolano. El Gobierno de Maduro "apenas implementó parcialmente siete".
Entre las medidas que debía implementar el chavismo, destacaban "garantizar plenamente la libertad de expresión y el libre acceso a la información y proteger a los periodistas contra amenazas y ataques" y asegurar "un uso proporcional de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y garantizar que se investigan los casos de tortura y que los autores son llevados ante la justicia".
En las sesiones de 2022, diversos países europeos y americanos resaltaron la necesidad de que el régimen de Maduro coopere con las instancias internacionales especializadas. En particular se le solicitó que se le permita abrir una oficina en Caracas al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que encabeza la ex presidenta chilena Michelle Bachelet.
Asimismo, se le pidió que permita el ingreso al país de los expertos independientes de la Misión de Verificación de los Hechos, un cuerpo ad hoc creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para establecer si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Entre la sesión dedicada a Venezuela, realizada en 2016, y la de este año, el país vivió su etapa más dura de represión, en particular la registrada en los primeros meses de 2017. Justamente a partir de tales hechos, la fiscalía de Corte Penal Internacional dictaminó que existían suficientes indicios de violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos en este país sudamericano.
En relación con tales sucesos, Bachelet aprovechó la sesión de la ONU de este 25 de enero para quejarse de la falta de cooperación del chavismo para sancionar la cadena de mando y establecer responsabilidades en los casos de uniformados involucrados en represión, violencia y tortura contra la población, especialmente disidentes políticos.
Beatriz Borges, directora de la ONG Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), recordó que el examen periódico que hace seguimiento de Venezuela forma parte de los canales regulares de la ONU y termina siendo complementario de las decisiones específicas y extraordinarias que se han tomado, tales como un mandato expreso a la oficina de Bachelet para que documente la crisis en Venezuela y la propia creación de la Misión de Determinación de los Hechos.
Consultada por DIARIO DE CUBA, esta abogada sostiene que todo esto tiene un carácter complementario y que ayuda a entender la gravedad y complejidad de la crisis venezolana en materia de derechos humanos, entre muchos países de la comunidad internacional.
Borges indicó que en el proceso de los exámenes dedicados a Venezuela (2011, 2016 y ahora 2022) la sociedad civil, tanto venezolana como regional, ha presentado más de 170 informes documentados que han pasado a ser parte del proceso de evaluación.
Para la abogada venezolana, entre las preocupaciones principales que ha detectado en los debates que han acompañado a estos exámenes, están la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de Maduro de los compromisos adquiridos, como la falta de cooperación con los organismos especializados del propio sistema de la ONU, tales como las relatorías.
"Asimismo hay notable preocupación por la protección y libertad para el espacio cívico, así como el estado y actuación del sistema judicial", resaltó.
El chavismo tuvo espacio en el debate en la ONU y muchas de sus aseveraciones fueron puestas en duda por medios de fact-checking como es el caso del portal EsPaja, que calificó como mentira lo dicho por el vicepresidente social y territorial, Mervin Maldonado, quien en su intervención en la ONU sostuvo que en Venezuela "desde el año 2011 se han construido más de 3.900.000 viviendas".
Esto equivale a un promedio de alrededor de 1.000 viviendas construidas al día durante una década, en un país que en este periodo pasó por una de las peores recesiones en la historia contemporánea. La Cámara Venezolana de la Construcción calcula casi 50 trimestres seguidos de recesión en el sector privado.
Una investigación independiente de Conectas y El Pitazo solo geolocalizó en el territorio nacional apenas un 5% de las viviendas que el Gobierno dice haber construido. Una referencia de EsPaja: EEUU, que es un país con una población casi 12 veces mayor a la de Venezuela, construyó siete millones de casas entre 2012 y 2021.
