Un informe elaborado por la Comisión de Fiscalización del Congreso ecuatoriano determinó que la campaña de reelección del expresidente Rafael Correa en 2013 pudo haber sido financiada con sumas provenientes de las exportaciones ficticias que la empresa del empresario colombiano-venezolano preso en EEUU Álex Saab hizo para lavar activos.
Según la investigación, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro habría utilizado al sistema de compensación de los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA) para lavar dinero a través del pago por exportaciones ficticias o subvaloradas entre Ecuador y Venezuela, reportó el diario ecuatoriano El Comercio.
La pesquisa, que tomó seis meses, concluyó que el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), conocido como la moneda virtual del ALBA, fue utilizado para crear una estructura delictiva transnacional donde se habrían cometido los delitos de peculado, lavado, enriquecimiento ilícito, defraudación aduanera, entre otros.
El SUCRE, concebido en 2009 por los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez, es un mecanismo monetario que tenía como propósito la canalización de pagos internacionales resultantes de las operaciones de comercio recíproco entre sus países miembros del ALBA: Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
El informe de 125 páginas concluye que la empresa Fondo Global Construcciones (Foglocons), perteneciente a Saab, quien enfrenta cargos por lavado de activos en Estados Unidos, fue uno de los donantes principales de la campaña para la reelección de Correa.
Asimismo, de acuerdo con la investigación, de las 81 empresas que usaron el SUCRE apenas una se encuentra activa actualmente, mientras que el resto están inactivas, en liquidación o cancelaron su participación en este sistema, aunque este todavía se encuentra activo.
La Comisión de Fiscalización logró obtener referencias de las instituciones públicas de Ecuador que establecieron que la mayoría de las transacciones comerciales realizadas bajo el sistema SUCRE eran ficticias y sobrevaloradas.
En total, el sistema movió 2.697,51 millones de dólares, lo que a juzgar por el informe pudo tener un alto impacto en la dolarización de la economía ecuatoriana.
"El Banco Central del Ecuador, por orden del Banco Central Venezolano, transfirió a los bancos operativos del Ecuador recursos que a los pocos días fueron transferidos desde nuestro país hacia paraísos fiscales y a los Estados Unidos", indica el informe.
"Esto obliga a una la inmediata investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, que permita determinar la existencia de perjuicios e impactos al sistema jurídico y económico ecuatoriano; y, consecuentemente, comunicar a las autoridades judiciales internacionales de los países que recibieron las transferencias de estos activos de origen ilícito, las mismas que mediante operaciones y transacciones financieras tenían como objetivo dar apariencia de licitud a los actos delictivos", subraya.
El documento además exhorta al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso para que denuncie el tratado constitutivo del SUCRE, del que además de Venezuela y Ecuador forma parte Bolivia, Cuba y Nicaragua, que la Fiscalía ecuatoriana continúe las investigaciones, y remitir el expediente a la justicia de EEUU.
