En los años iniciales del chavismo la apuesta parecía ser la intervención abierta de las universidades autónomas, que si bien son financiadas por el Estado, eligen a sus propias autoridades. En los últimos tiempos, en cambio, la estrategia del Gobierno de Nicolás Maduro es provocar la asfixia económica para que las casas de estudios superiores mueran de mengua.
Para este año 2021, por ejemplo, el Ministerio de Educación Universitaria aprobó recursos equivalentes apenas al 2,2% de lo que solicitó para pago de personal y gastos operativos la Universidad Central de Venezuela (UCV), según denunció la rectora Cecilia García Arocha. La UCV es la más antigua y más grande universidad venezolana.
Asimismo, el Gobierno de Maduro no negoció con los gremios del sector universitario la nueva tabla salarial, sino que colocó de interlocutor a una Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV), que no fue electa por las bases.
"Se aprobó una convención que discutieron entre gallos y medianoche. Hasta los que fueron a firmar no saben lo que firmaron. La tabla salarial indica que el sueldo mayor para un profesor que es doctor (PHD), con cuatro trabajos de investigación, 17 años de experiencia en docencia de investigación y extensión ganará 11 dólares al mes", explica a DIARIO DE CUBA Keta Stephany, secretaria de información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (FAPUV).
De acuerdo con las estimaciones de Stephany, dado que los sueldos del sector universitario son en bolívares y a que en Venezuela se combina una devaluación e hiperinflación, "en el mes de octubre cuando comiencen las clases un profesor de máximo escalafón y formación de alto nivel percibirá apenas el equivalente a seis dólares mensuales".
Además de los montos, que resultan irrisorios, Stephany denuncia que en Venezuela el Gobierno "ha violado la libertad sindical" del sector universitario. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, una familia necesita en Venezuela la suma de 300 dólares al mes para poder acceder a los productos de una alimentación básica.
La crisis generalizada de las universidades, a lo que se suman los bajos salarios y la falta de perspectivas favorables para el sector educativo en Venezuela, ha colocado a este personal calificado en la punta del acelerado proceso migratorio que se registra en este país. Según cifras de las agencias especializadas de la ONU, casi seis millones de venezolanos —una quinta parte de la población total— han emigrado en los últimos cinco años.
Los gremios universitarios estiman que alrededor de un 40% de los profesores venezolanos han abandonado las casas de estudio, bien sea para emigrar o bien sea para dedicarse a otras actividades, especialmente comerciales.
"Tengo 40 años en la Universidad. El mes pasado llegué a mi cubículo y lo encontré completamente desvalijado. Hasta los cables de electricidad se los llevaron. Ese fue mi punto de quiebre, sencillamente el Gobierno nos dejó en la desidia, que es otra forma de intervención", comenta a DIARIO DE CUBA un veterano profesor que ahora se dedicará a la producción agrícola.
Este 9 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el deterioro de la autonomía universitaria en Venezuela y su impacto en la libertad académica.
La CIDH informó que recibió información sobre "acciones del Estado tendientes a menoscabar la autonomía universitaria", en Venezuela y mencionó de forma explícita el desconocimiento de los gremios, el ínfimo presupuesto y los pagos muy bajos del personal universitario.
En su pronunciamiento, la CIDH destacó el rol trascendental que tienen las universidades como centros de pensamiento crítico y de intercambio de ideas. A su vez, resaltó la estrecha relación existente entre la libertad académica y la construcción y consolidación de una sociedad democrática.
Si sigue la dictadura, Venezuela será un país de analfabetos