Periodistas críticos con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, han sido citados ante la Fiscalía por, presuntamente, estar implicados en el caso de lavado de dinero de una ONG dirigida por la aspirante opositora a la presidencia Cristiana Chamorro Barrios, informa EFE.
La fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la protección y promoción de la libertad de expresión, cerró en febrero pasado por dicha investigación.
Chamorro Barrios, que es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones sobre los sandinistas según una encuesta de la firma CID Gallup, afirmó que el Gobierno autorizó el uso de fondos con el que funcionaba la ONG, por lo que tildó la investigación como un proceso "macabro".
Ahora la Fiscalía que investiga a Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) que derrotó a Daniel Ortega en las elecciones de 1990, recibió a un grupo de periodistas y dueños de medios de comunicación, a quienes vincula con ese caso.
Las autoridades aún no han dicho si van a judicializar el caso por el que han llamado a declarar a cinco periodistas, entre ellos al excandidato presidencial y dueño de la popular emisora Radio Corporación, Fabio Gadea Mantilla, de 89 años, y a la periodista Verónica Chávez, del canal 100% Noticias, cuyo edificio fue confiscado por el Gobierno y sacado de la parrilla de la televisión.
La corresponsal de la cadena Univisión en Managua, María Lilly Delgado, con 28 años de trayectoria profesional, dijo al salir de la cita, en la que se abstuvo de declarar porque le impidieron ser asistida por un abogado, que la investigación de la Fiscalía "está dentro de un plan para silenciar y para intimidar todo tipo de voz crítica que denuncie la crisis sistemática de violaciones de derechos humanos" que vive Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones antigubernamentales.
"Esto no es más que una arremetida principalmente en contra de la libertad de prensa y de la libertad de expresión", dijo, por su lado, Guillermo Medrano, excolaborador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, otro de los citados.
La Fiscalía no ha ofrecido detalles sobre la investigación ni corroborado si ha encontrado "claros indicios de lavado de dinero", como determinó el Ministerio de Gobernación.
Para la abogada constitucionalista y opositora María Asunción Moreno, el caso contra la ONG de Chamorro Barrios "se trata de una nueva etapa de criminalización, está vez y por ahora, contra los medios de comunicación".
"La dictadura no quiere medios independientes dando cobertura a las elecciones" de noviembre próximo, valoró Moreno, quien dijo que el Ejecutivo "no solo trata de poner a funcionar una aplacadora contra los medios de comunicación y periodistas, sino también contra todos los nicaragüenses a quienes se nos quiere privar el acceso a la información dentro del proceso electoral que se avecina".
Hace unos días el ideólogo sandinista William Grigsby dijo en su programa radial Sin Fronteras que "la revolución lo que está haciendo es desmantelando el aparato propagandístico y organizativo de Estados Unidos para torpedear las elecciones" en Nicaragua, según el portal Divergentes.
Agregó que la "idea es golpear el aparato mediático de los Chamorro para dejarlo inutilizable" de cara a los comicios del 7 de noviembre, en los que Ortega busca una nueva reelección.
El periodista Carlos Fernando Chamorro, galardonado en los Premios de Periodismo Ortega y Gasset y que dirige un grupo de medios críticos con el Gobierno, sostuvo que la prensa nicaragüense es víctima de una persecución ante lo que llamó "la peor dictadura de nuestra historia", en alusión al Ejecutivo de Ortega.
En tanto, el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) alertó sobre un intento del Gobierno de "criminalizar el periodismo independiente" e hizo un llamado al Ejecutivo "a detener la estrategia de inmiscuir a periodistas en luchas políticas".
Por su parte el periodista José Miguel Fonseca, jefe de prensa del Canal 4 de la televisión local, afín al Gobierno, ha publicado en sus redes sociales copias de documentos, sin que las autoridades lo confirmen o desmientan, que indican que la agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés) otorgaba fondos a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que a su vez apoyaba con proyectos a medios de comunicación nicaragüenses.