¿Por qué hay una ola de protestas en Colombia?

Este viernes 7 de mayo Colombia registró su décimo día consecutivo de protestas callejeras. Inicialmente convocadas para rechazar una reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque, las manifestaciones en las principales ciudades han proseguido pese a que ya el Gobierno retiró esta propuesta impositiva y se manifestó a favor del diálogo.

La actual ola de protestas en Colombia se inició el miércoles 28 de abril. Inicialmente el Gobierno de Duque desestimó la capacidad de convocatoria, además de que las autoridades advirtieron sobre los riesgos sanitarios que representaban las protestas callejeras, en un momento en el que este país vive su tercera ola de contagios por la pandemia de Covid-19 sin que haya aún una vacunación masiva de la población.

De acuerdo con un reporte de Crisis Group, el malestar social estuvo en pausa justamente por la pandemia, pero esta organización especializada en analizar conflictos recordó que desde noviembre de 2019 y justo hasta que se decretó la primera cuarentena en Colombia, ya había un contexto de protestas en rechazo a las políticas oficiales.

Según Crisis Group, el coronavirus sumó 3,5 millones de personas a la pobreza. Un 43% de los colombianos no tiene sus necesidades básicas satisfechas. En Bogotá, el número de personas que viven en situación de pobreza extrema se ha triplicado en solo un año. A eso se suma que casi dos millones de venezolanos se han establecido en Colombia en los últimos cuatro años, huyendo de la crisis generalizada en Venezuela.

En un principio, la demanda central de las protestas giraba en torno a que no se aprobara en el Congreso la reforma tributaria del Gobierno y que el Parlamento se centrara en el salario mínimo, el cual fue fijado en unos 240 dólares al mes para este año 2021.

Tras los primeros cinco días de protestas, el Gobierno cedió. No solo retiró el proyecto de reforma fiscal, sino que el promotor de esta iniciativa, el ministro de Hacienda Pública, Alberto Carrasquilla, renunció.

Entretanto, la ola de protestas vivió su propia metamorfosis. Tras la represión de las manifestaciones, desproporcionada según entidades independientes como Human Rights Watch (HRW), las protestas demandan ahora el derecho a la manifestación y la investigación de los excesos. La represión la han protagonizado los cuerpos de seguridad, pero también hay denuncias sobre la actuación de civiles con armas de fuego.

El Gobierno de Duque ha manifestado que hay interés en generar caos, de hecho se han registrado actos vandálicos. Mientras que la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, ha asomado la tesis de que el Gobierno de Nicolás Maduro podría estar inflamando las manifestaciones.

Desde Miami, grupos de exiliados venezolanos y cubanos denunciaron la injerencia de los regímenes de Caracas y La Habana en estos hechos. Y las protestas han venido a coincidir con la expulsión del país del primer secretario de la embajada de Cuba en Bogotá por realizar "actividades incompatibles" con su cargo diplomático. El conteniddo de dichas actividades no fue explicitado.

Hasta este 7 de mayo, cuando se cumplieron diez jornadas consecutivas de protestas, se contabilizan 37 personas muertas, 1.728 casos de violencia policial y 934 detenciones, según la ONG Temblor, una plataforma que recopila denuncias de violaciones a derechos humanos.

Aunque el Gobierno ha retirado el proyecto de reforma fiscal que había presentado ante el Congreso, el presidente Duque ha insistido en que debe encontrarse una forma de poder enfrentar el déficit que le ha ocasionado a Colombia la crisis sanitaria y económica por la pandemia de Covid-19.

Se estima que la Hacienda Pública requiere de casi 7.000 millones de dólares.

La ola de protestas no ha tenido lugar solamente en Bogotá, las principales ciudades también han registrado manifestaciones: Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla, entre otras.

Una denuncia que ha cobrado fuerza en el contexto de las protestas tiene que ver con el asesinato de defensores de derechos humanos que tiene lugar en Colombia. De acuerdo con el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, más de 400 activistas sociales fueron asesinados tras los acuerdos de paz de 2016, entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

Tras diez días de protestas, no hay claridad sobre el desenlace de esta crisis. No hay coincidencia entre los manifestantes y el Gobierno de Duque. En tanto, en el Congreso los partidos de oposición se rehusaron a participar en nuevas consultas sobre el tema tributario hasta que no haya un cambio en el comportamiento de los uniformados en el control del orden público.

Tampoco se ha acogido positivamente el llamado de Duque a un "Diálogo Nacional". El presidente, por otro lado, está presionado por el ala dura de su partido, el Centro Democrático, que tiene como figura emblemática al expresidente Álvaro Uribe. Senadores de esa agrupación le recomendaron al jefe de Estado que decrete el estado de conmoción interior.

Duque, hasta ahora, se mostrado cauto en apelar a esta figura, que existe legalmente en Colombia. El estado de conmoción interior es un estado emergencia que está contemplado en el artículo 213 de la Constitución colombiana, que le otorga poderes especiales al presidente para controlar el orden público y dictar medidas excepcionales.