De nuevo, el futuro del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, parece estar en entredicho. Un tribunal en Nueva York ha condenado a cadena perpetua a su hermano, Tony Hernández, en un caso de narcotráfico que tiene como telón de fondo la posible participación del mandatario en esta trama delictiva.
La periodista Emily Palmer, del New York Times, quien dio cobertura al proceso, comentó que se presentó "evidencia sólida" por narcotráfico "patrocinado por el Estado (hondureño)". El juez de la causa mencionó en varias ocasiones al presidente Hernández, dado que su hermano aceptó sobornos de los narcotraficantes en su nombre.
Lo que estableció este inédito caso es que el hermano del mandatario fungía como intermediario. Los sobornos permitían a los traficantes contar con territorio seguro en Honduras, para desde allí introducir la droga en suelo estadounidense.
El juez Kevin Castel emitió su sentencia en un tribunal de Nueva York este 30 de marzo, un año y medio después de que se iniciara el juicio.
Aunque Tony Hernández apelará, expertos judiciales dudan de que se revierta la decisión del juez Castel, ya que se trató de un proceso largo y documentado para probar el involucramiento del hermano del presidente hondureño.
Medios de prensa en Honduras dedicaron sus principales titulares a esta decisión judicial en Estados Unidos. La reacción del presidente fue parca, reiterando lo que ha sostenido: que el proceso ha sido un montaje que busca descalificarle.
Analistas hondureños, en tanto, sostienen que la verdadera papa caliente está ahora en manos del Gobierno de Joe Biden. Se preguntan si Washington mantendrá la neutralidad que sostuvo la Administración Trump ante la recurrente crisis institucional de Honduras, marcada desde que Hernández violentó la letra constitucional para poder relegirse.
La llegada de Biden a la Casa Blanca ha sido prácticamente imperceptible para Honduras, como para el resto de países de Centroamérica. La preocupación principal de los voceros del Departamento de Estado en relación con la subregión está enfocada en la crisis migratoria, que tiene justamente un epicentro en Honduras.
Los señalamientos en contra del mandatario hondureño han tenido otro espacio en la justicia de Estados Unidos. En otro juicio en marcha, contra el presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, también ha salido a relucir el nombre de Juan Orlando Hernández como colaborador para garantizar seguridad a las operaciones de narcotráfico.
Hernández no enfrentó cargos en el juicio de su hermano, pero ha sido calificado como "co-conspirador" por parte de la justicia estadounidense.
Antes de dar su sentencia, relata la periodista Palmer, el juez Castel describió a Tony Hernández como alguien que podría haber seguido una carrera profesional y política, dado que ha sido abogado y congresista. Sin embargo, dijo el juez, se dedicó a traficar droga junto a otros y a aceptar sobornos.
"Esto es, de hecho, tráfico de drogas promovido por el Estado (de Honduras)", sentenció el juez.
Hace pocas semanas, un grupo de ocho senadores demócratas dio un paso para sacar a Washington de la inacción.
El 23 de febrero pasado, los legisladores introdujeron la propuesta de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras 2021, que pretende contrarrestar la "alarmante corrupción y los abusos a los derechos humanos que se están cometiendo a los más altos niveles del Gobierno hondureño", según expresó en un comunicado de prensa el senador Jeff Merkley, de Oregón, uno de los patrocinadores de la propuesta.
La legislación propuesta apunta directamente al Gobierno del presidente Hernández como responsable de la participación del Estado hondureño en esquemas criminales, de represión a opositores y de corrupción, y propone sancionar al mandatario con acciones que van desde el retiro de su visa hasta la persecución penal por supuestos crímenes de narcotráfico y el bloqueo de sus activos económicos.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado, hasta ahora, han guardado silencio en torno a esta propuesta legislativa.
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