Desde que su hermano fue hallado culpable de narcotráfico "a gran escala" en 2019, las manecillas del reloj iban acortando el tiempo para que las acusaciones recayeran directamente en el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. La fiscalía de Nueva York señaló directamente este 9 de marzo al mandatario.
El fiscal Jacob Gutwillig sostuvo que Hernández brindó protección al narcotraficante Geovanny Fuentes, en el inicio del juicio que se le sigue a este en Nueva York. De acuerdo con Gutwillig, Fuentes sobornó directamente a Hernández, con lo cual se volvió "intocable". "El presidente lo blindó a prueba de balas", aseveró el fiscal.
Aunque el proceso no es directamente contra Hernández, la Fiscalía estadounidense ha dejado claro, de entrada, que el papel de Fuentes como narco está vinculado al presidente de Honduras, en los años 2013 y 2014. Hernández resultó electo en noviembre de 2013.
Los fiscales a cargo del caso consideran a Hernández como un "co-conspirador" de Fuentes en el envío de toneladas de droga a EEUU, pero no ha sido inculpado ante la Justicia.
Tony Hernández, hermano del presidente hondureño, fue hallado culpable de narcotráfico "a gran escala" en Nueva York, en octubre de 2019. Tras varios recursos ha logrado aplazar su sentencia, que está prevista para el venidero 23 de marzo. El hermano del mandatario podría ser condenado a cadena perpetua en EEUU.
"Honduras está atravesada por tres grandes problemas, que se entrecruzan entre sí. El problema de la impunidad, el problema de la corrupción y el problema del narcotráfico. Estos son tres grandes telones de fondo que están detrás de esta crisis hondureña", asegura a DIARIO DE CUBA la periodista Thelma Mejía.
Además de los señalamientos por sus presuntos lazos con el narcotráfico, sobre Hernández pesa la discusión sobre la ilegitimidad de su segundo mandato.
Pese a que la Constitución prohíbe la reelección, Hernández logró que el Tribunal Electoral aceptara su candidatura en 2016 con lo cual alcanzó el poder por otro periodo (2017-2022). Sin embargo, este hecho y sus presuntos vínculos con el narcotráfico generaron un clima de malestar social, que se expresó en diversas protestas de calle en 2019 y a inicios de 2020, antes de que cobrara fuerza la pandemia de Covid-19.
En enero de este año, Hernández logró sortear la posibilidad de ser destituido por el Congreso, gracias a que su partido tiene control del Parlamento. Su permanencia en el poder, sin embargo, no es sinónimo de legitimidad.
A juicio de Thelma Mejía, Honduras vive su peor crisis de gobernabilidad desde que se instauró la democracia en el país centroamericano, hace tres décadas.
"Por Honduras pasa, desde hace una década, la mayor parte de la cocaína que ingresa a EEUU. Si Colombia y Venezuela son los puertos de salida, Honduras es el puente", denunció meses atrás Carlos Dada, fundador del emblemático medio digital El Faro, de El Salvador, al analizar el papel del Gobierno de Hernández en potenciar el flujo de la droga por Centroamérica.
La periodista Emily Palmer, del diario The New York Times, quien sigue el proceso a Fuentes, comentó a través de su cuenta en Twitter que en los celulares incautados al narco se encontraron fotos familiares junto al presidente hondureño, y se tenía registrado un número de teléfono móvil de Hernández, el mismo que usó para solicitar visa a EEUU.
Por otro lado, en enero del año pasado Hernández le puso final a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una iniciativa que se llevaba con la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta decisión generó malestar en la sociedad civil del país centroamericano.
Fundada en 2016 por iniciativa del propio Hernández, entonces en su primer mandato como jefe de Estado, la MACCIH terminó siendo un bumerang para la clase política, ya que puso al descubierto la extendida corrupción en el país.
