El traumático segundo período presidencial de Juan Orlando Hernández logró sortear un nuevo escollo en Honduras y el mandatario, señalado de vínculos con el narcotráfico y de saltarse la Constitución para hacerse reelegir, apunta a terminar su gobierno en enero de 2022.
Este 25 de enero el Congreso del país centroamericano rechazó la solicitud de diputados opositores para que se le abriera un juicio político a Hernández. Se trata de un capítulo más en el segundo mandato iniciado en 2017 con señalamientos de inconstitucionalidad, ya que la relección está expresamente prohibida en la Constitución.
"Es bastante probable que Hernández pueda concluir su segundo periodo (en enero de 2022)", comenta a DIARIO DE CUBA la periodista Thelma Mejía, desde Tegucigalpa. A su juicio, la pandemia de Covid-19 ha favorecido al gobernante ya que las restricciones sanitarias y el propio temor al contagio hizo que "la gente no saliera a las calles a repudiar masivamente a su Gobierno".
Hace dos semanas, tres diputados de oposición presentaron una moción al Congreso de Honduras para que se abriera un juicio político contra Hernández. Los legisladores alegaron que el mandatario cometió "actuaciones contrarias a la Constitución de la República", asimismo recordaron que este ha sido señalado de estar "vinculado en múltiples juicios contra narcotraficantes que se judicializan en EEUU, que lesionan el interés nacional e internacional".
Según la Constitución hondureña, para que se pueda iniciar un juicio político contra un mandatario se necesitan el apoyo de tres cuartas partes del Parlamento. En este momento serían 96 de los 128 diputados que conforman el Congreso. Votaron a favor 60 diputados, pero esto fue insuficiente.
"El partido de Hernández, en el poder, controla también al Congreso", explica la periodista.
Pese a que la Constitución prohíbe la relección, Hernández logró que el Tribunal Electoral aceptara su candidatura en 2016 con lo cual alcanzó el poder por otro periodo (2017-2022). Sin embargo, este hecho y sus presuntos vínculos con el narcotráfico generaron un clima de malestar social, que se expresó en diversas protestas de calle en 2019 y a inicios de 2020, antes de que cobrara fuerza la pandemia.
El presidente se presentó en el Congreso y se pronunció sobre los señalamientos que se han ventilado en tribunales de EEUU. Dijo que se trataba de "calumnias basadas en testimonios de estos narcotraficantes, a los que hemos capturado y otros que se han entregado", y en su opinión tiene por fin la venganza en su contra.
El pasado 8 de enero, fiscales federales de EEUU presentaron ante el Distrito Sur de Nueva York unas mociones en las que acusan a Hernández de haber aceptado sobornos de narcotraficantes. No le nombran explícitamente, pero se hace referencia a su cargo como presidente y al vínculo con su hermano y exdiputado, Juan Antonio "Tony" Hernández, hallado culpable de narcotráfico por un jurado de Nueva York en octubre de 2019.
Asimismo, al presidente Hernández se le vincula con Geovanny Fuentes, quien fue detenido en marzo de 2020 en Miami acusado por narcotráfico.
Según el testimonio de Fuentes, este le pagó a Hernández, entonces presidente del Congreso, fuertes sumas de dinero a cambio de protección, lo que incluía el uso de las Fuerzas Armadas para proteger un laboratorio de cocaína y el envío de la droga a EEUU.
Este 25 de enero, cuando habló en el Congreso, Hernández aseguró categórico: "No he sido, no soy, ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste".
A juicio de la periodista Mejía es bastante posible que el presidente hondureño logre completar sus ocho años en el poder y entregue la presidencia en enero de 2022. Las elecciones presidenciales están previstas para noviembre de 2021.
