Argentina formalizó el miércoles su retiro del Grupo de Lima, argumentando que las sanciones y bloqueos al régimen de Nicolás Maduro y los "intentos de desestabilización ocurridos en 2020" agravaron la situación de la población, sobre todo en los sectores más vulnerables.
La Cancillería informó en un comunicado que consideraba que las acciones impulsadas en el plano internacional "buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada", reportó CNN.
Buenos Aires mencionó además que la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del bloque llevó a que se adoptaran posiciones que el Gobierno argentino "no ha podido ni puede acompañar".
"Una vez más, reiteramos que la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero sí a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional", indicó la declaración.
El Gobierno del presidente Alberto Fernández reforzó así su posición por el diálogo, al tiempo que rechaza el reconocimiento del Grupo de Lima a actores políticos como el líder opositor Juan Guaidó en la crisis venezolana.
El comunicado de la Cancillería de Argentina no mencionó las denuncias de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las violaciones de derechos que comete el régimen.
Elisa Trotta Gamus, representante en Argentina de Juan Guaidó, lamentó la decisión de Buenos Aires. En una serie de tuits, consideró que el bloque ha sido "fundamental para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela" y para trabajar en la "única solución real", que es recuperar la democracia en el país.
El Grupo de Lima surgió el 8 de agosto de 2017 con el objetivo de buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela, y en ese momento fue integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana, Haití, Santa Lucía, Bolivia, Barbados, EEUU, Granada, y Jamaica.
Desde entonces ha sancionado política y económicamente al Gobierno de Maduro y aspira a la transferencia del poder a los exdiputados que integraban la Asamblea Nacional, que finalizó su mandato en enero de 2021.
