La situación de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y dos de sus exministros encarcelados se complicó cuando un juez determinó el sábado ampliar de cuatro a seis meses su detención preventiva dictada hace una semana, reportó EFE.
El juez Willy Arias resolvió "confirmar" la resolución que hace unos días determinó la detención preventiva de la exjefa de Estado y sus exministros "con la modificación de que el lapso de detención preventiva se determina a seis meses" inicialmente ordenada.
La base legal que se expuso durante una audiencia telemática que duró varias horas es la "ampliación" de los riesgos de obstaculización y de fuga que expusieron los representantes de la Fiscalía, Ministerio de Gobierno y Procuraduría del país.
El veredicto emanó a raíz de un recurso de apelación que planteó la defensa de Añez a la disposición de detención preventiva por acusaciones de sedición y terrorismo, conocido como el caso golpe de Estado durante la crisis política que afrontó Bolivia en 2019.
Proceso de larga duración
"No nos sorprende" la decisión de ampliar la detención preventiva de Áñez, aseguró Luis Guillén, uno de los abogados de la expresidenta interina, durante una comparecencia ante los medios. El jurista admitió que estos procesos "tienen larga duración" y que en cierto modo llegan a ser "tortuosos" por todo el proceso que se debe seguir en el marco de la investigación.
Guillén sostuvo que lo que queda es "cumplir con todas las etapas" del procedimiento, aunque lamentó "la simple sindicación" que ha hecho la Fiscalía contra Áñez. Consideró que no existe una "asociación sobre los hechos" por los que se le acusa a la exmandataria tachada como "de facto" por el Gobierno.
La jornada del sábado comenzó con el traslado de Áñez durante la madrugada a otro penal en La Paz, bajo el argumento de que ahí contaría con los equipos necesarios para hacer seguimiento a su salud.
Desde hace varios días los abogados de Áñez y sus familiares han buscado que se autorice su traslado a una clínica en La Paz debido a que padece de hipertensión y que su presión arterial hubiese aumentado argumentando que "está en riesgo su salud" por posibles complicaciones.
Un juzgado validó el pasado viernes esta solicitud, pero luego hubo un cambio en la disposición, por lo que se consideró que especialistas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) hicieran esa valoración.
"Me sacaron diciéndome que iba a la clínica", dijo Áñez en la madrugada del sábado a los medios a su llegada a su nuevo destino, la cárcel paceña de Miraflores. Durante el día, la exmandataria recibió la visita de representantes de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de uno de los propietarios de una prestigiosa clínica de La Paz que ofrecieron apoyo médico ante la negativa de que acuda a un centro médico.
Este sábado también trascendió la invitación que hizo el Comité Cívico pro Santa Cruz, una de las principales organizaciones civiles de oposición, a varias de las autoridades recientemente electas en los comicios subnacionales para que asistan a una reunión fijada para este próximo lunes por la mañana.
Esa asamblea, que lleva el título de Reunión Nacional de Emergencia en Defensa de la Democracia y en contra la Persecución Política, está motivada por las últimas detenciones de exautoridades nacionales y varios jefes militares por el proceso conocido como golpe de Estado.
Entre los convocados están la alcaldesa electa de El Alto y expresidenta del Senado, Eva Copa, el alcalde electo de La Paz, Iván Arias, el alcalde electo de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y algunos candidatos que deben participar en la segunda vuelta de las gobernaciones como Chuquisaca y Tarija.
El proceso denominado "golpe de Estado" tiene como demandante a la exlegisladora Lidia Patty y como testigos al expresidente Evo Morales, la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra, el exministro Juan Ramón Quintana, entre otros exfuncionarios gubernamentales del exmandatario, según se refirió en la audiencia.
Entre los principales acusados están el exlíder cívico y gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exministros del Gobierno interino, además de otros exjefes militares y policiales que supuestamente colaboraron para que Áñez asumiera la Presidencia tras la renuncia de Morales.
