Al menos unos 2.853 venezolanos fueron asesinados por los cuerpos armados del país durante 2020, según un informe divulgado por la ONG de derechos humanos PROVEA y el Centro Gumilla, lo que representan más muertes a manos de los órganos represivos que producto del Covid-19, que provocó 1.399 decesos en el país sudamericano.
De acuerdo con la información recopilada por la organización, la mayor parte de los fallecidos fueron jóvenes de sectores populares de entre 18 y 30 años de edad, "lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes", explicaron.
"Este hecho, junto a la exclusión de este sector etario en el acceso a otros derechos como el de educación y trabajo, da cuenta de la creciente migración forzada de jóvenes buscando protección en otros Estados. En un país que ha perdido el bono demográfico este patrón de ejecuciones profundiza la emergencia humanitaria compleja que vive el país", se puede leer en el informe.
El monitoreo realizado por las organizaciones permitió determinar que las miles de víctimas provocadas por la violencia institucional en Venezuela son consecuencia de una política de Estado que "combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos y la impunidad estructural", señaló el documento.
Además, los autores de la investigación denunciaron que "los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública".
La Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue la organización responsable de la mayor parte de las muertes, principalmente a través del grupo élite de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el cual la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió que fuera disuelto.
La PNB "fue responsable de 672 asesinatos, lo cual representa 23,55% del total", señaló el informe. Por detrás se ubican los cuerpos policiales estatales, con 721 ejecuciones, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), con 593, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con 359, principalmente a través de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Los estados donde se reportaron más crímenes fueron Zulia (667), Aragua (297), Bolívar (269) y Lara (193).
En mayo, mientras los venezolanos se encontraban en un contexto de cuarentena debido a la pandemia del coronavirus, fue cuando los cuerpos armados cometieron mayor cantidad de asesinatos, con 379.
Solo entre marzo y junio se reportaron 1.091 muertes a manos de las fuerzas represivas.
Según las organizaciones de derechos humanos "el Gobierno venezolano insiste en amplificar la visión del enemigo externo e interno, propia de la doctrina de seguridad nacional, y en reforzar la lógica belicista, la estigmatización y criminalización de distintos actores sociales para justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales y militares, y consolidar el Estado policial y militar que supone la primacía de los intereses del Estado por encima de los derechos ciudadanos".
La ONG Provea y el Centro Gumilla, perteneciente a los jesuitas en Venezuela, iniciaron desde el año 2019 un proceso de contraloría social a la violencia institucional policial y militar y cuya consolidación ha permitido presentar formalmente esta iniciativa con el nombre de "Lupa por la Vida, construcción de una memoria colectiva en materia de ejecuciones extrajudiciales".
