El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU clama por su liberación, Amnistía Internacional los catalogó de "presos de conciencia", la Federación Internacional de Derechos Humanos exige su liberación y más de 80 ONG venezolanas piden que se anule su proceso judicial. Al chavismo le llueven las críticas por la detención de cinco activistas dedicados a canalizar la ayuda humanitaria en Venezuela.
Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, confirmó que este 19 de enero su organización sopesó el caso y decidió considerar "presos de conciencia" a los cinco activistas de la ONG Azul Positivo, cuyo trabajo humanitario está centrado en el occidental estado Zulia.
"Johan, Yordy, Layners, Alejandro y Luis son presos de conciencia, detenidos únicamente por el trabajo humanitario que realizan en Venezuela", sostuvo Guevara Rosa, desde México.
"Estamos profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela. En el último incidente, el 12 de enero en el estado de Zulia, oficiales de contrainteligencia militar y de la policía regional allanaron la ONG Azul Positivo. Documentos fueron incautados y seis empleados fueron arrestados. Cinco siguen detenidos. No han podido ver a sus abogados ni a sus familiares", sostuvo por su parte un duro comunicado del alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
"Instamos a las autoridades a que dejen de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario, de derechos humanos, o en los medios de comunicación", reza el comunicado emitido por la oficina de alta comisionada.
Por fuentes diplomáticas, DIARIO DE CUBA ha tenido conocimiento de que la propia Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU, así como la representación local de la Unión Europea han hecho contactos de diverso tipo al más alto nivel en el chavismo, sin éxito aún.
La oficina de Bachelet inscribió este caso en un conjunto de hechos que involucran también a periodistas y medios digitales independientes en Venezuela, a partir de que el chavismo tomó el control de la Asamblea Nacional, el 5 de enero, y de esa forma adquirió el control total de las instituciones públicas en el país.
"Esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior", recordó la ONU. En diciembre fue visitada por funcionarios policiales la ONG Convite, dedicada a la ayuda humanitaria desatinada a adultos mayores. El director de esta ONG, Luis Francisco Cabezas, fue sometido a un interrogatorio, pero ese mismo día quedó en libertad.
En el caso de Azul Positivo el chavismo parece haber cruzado una línea. "Es aún más desconcertante que estas incursiones estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal", cuestionó la oficina de Bachelet.
El 12 de enero, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanaron sin orden judicial y se llevaron detenidos de forma arbitraria a Johan León Reyes (gerente de Azul Positivo), así como los activistas Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, Luis Ferrebuz y Miguel Guerra. Horas después este último fue liberado.
La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) confirmó a DIARIO DE CUBA que la ONG viene trabajando en el occidente venezolano desde 2004, en sus inicios dedicada a la atención en VIH.
En el contexto de la crisis humanitaria que agobia a Venezuela, la ONG Azul Positivo se dedicó a la atención de personas en riesgo. Entre 2015 y 2020 la ONG atendió a 43.000 personas en Zulia y en 2020 realizó casi 2.000 pruebas rápidas para detectar el VIH en poblaciones vulnerables de la entidad.
Dos días después de la detención de sus integrantes, un tribunal de justicia les dictó medida privativa de libertad y mantuvo la sede del DGCIM como lugar de reclusión.
De acuerdo con los reportes de la ONU, tanto del alto comisionado de Derechos Humanos, como de la propia Misión de Verificación de los Hechos, la DGCIM es uno de los dos centros de reclusión y tortura a los presos políticos en Venezuela, el otro es el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
A los activistas se les hicieron acusaciones descabelladas. Los imputaron por manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Son calificaciones absurdas, ha sostenido un comunicado suscrito por 80 ONG de derechos humanos de Venezuela dado a conocer este 19 de enero. Según los defensores, la intención del chavismo es criminalizar la transferencia de fondos a los más pobres (provenientes de la cooperación internacional).
La directora de para las Américas de Amnistía Internacional, por su parte, instó al Gobierno de Nicolás Maduro a liberar inmediatamente e incondicionalmente a los activistas, así como a "poner fin al acoso, el enjuiciamiento y la censura de todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger derechos del pueblo venezolano".
Los cinco trabajadores de Azul Positivo enfrentan cargos relacionados con la Ley de Delitos Informáticos y la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, los cuales Amnistía Internacional considera infundados y motivados políticamente.
