En las últimas horas de su mandato el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto presidencial bloqueando durante 18 meses la expulsión de más de 145.000 venezolanos que estaban en riesgo de ser devueltos a su país, reportó AP.
El gobernante atribuyó su decisión a un "deterioro de las condiciones" en Venezuela, que supone un riesgo de seguridad nacional, pero los especialistas consideran que se trata de una recompensa a los exiliados venezolanos, que estuvieron entre sus seguidores más leales y temían perder el acceso privilegiado a la Casa Blanca durante el Gobierno de Biden.
"Estados Unidos sigue siendo un faro de esperanza y libertad para muchos, y ahora los ciudadanos venezolanos que cumplan los requisitos en Estados Unidos recibirán un necesitado alivio migratorio temporal", escribió el senador republicano de Florida, Marco Rubio, en un comunicado celebrando la medida.
La clemencia de última hora —un brusco contraste con las duras políticas migratorias de Trump durante los últimos cuatro años— puso fin a un último día en el cargo muy atareado, en el que también aprobó una nueva ronda de sanciones financieras contra el supuesto representante del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y estrechó los controles para privar al Ejército venezolano de tecnología estadounidense de espionaje.
Antes de la investidura de Biden, que tendrá lugar este miércoles, la mayor parte de la atención se centró en el elegido por el presidente electo para ser secretario de Estado, Anthony Blinken, quien durante su confirmación en el Senado de Washington reiteró su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó.
En sus primeras declaraciones sobre el país sudamericano, dijo que seguiría reconociendo a Guaidó como presidente interino de Venezuela e indicó que no se hacía ilusiones sobre un diálogo futuro con Maduro, al que describió como "brutal dictador".
Aun así, el veterano diplomático expresó su frustración con el resultado de la estrategia estadounidense actual, que no ha alejado a Maduro del poder ni llevado a elecciones libres y justas. Dijo que hay margen para afinar las sanciones y coordinarse mejor con países aliados para restaurar la democracia en el maltrecho país sudamericano.
"Lo duro es que, pese a todos estos esfuerzos, que yo apoyo, obviamente no hemos obtenido los resultados que necesitamos", dijo Blinken.
El Gobierno de Trump fue el primero de los más de 50 países en todo el mundo que reconocieron a Guaidó como presidente de Venezuela, poco después de que el joven legislador liderase el desafío al Gobierno de Maduro hace dos años. El secretario de Estado saliente, Michael Pompeo, habló el lunes con Guaidó por teléfono, expresándole su "respeto y aprecio personal" por su "compromiso con la causa de la libertad", según dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
Venezuela, otrora un rico país petrolero, se ha sumido en una crisis política y económica en los últimos años que ha hecho huir a más de cinco millones de personas debido a una erosión de los servicios públicos y un desabastecimiento que afecta incluso al agua corriente, el suministro eléctrico y la gasolina.
La mayoría de los emigrantes han acudido a otras partes de América Latina, pero se estima que 350.000 viven en Estados Unidos y unos 146.000 no tienen permiso de residencia, según el Centro para Estudios de Migración en Nueva York.
Más de 700 venezolanos fueron expulsados de Estados Unidos desde 2018 y 11.000 más están en proceso de deportación, según la base de datos TRAC de la Universidad de Syracuse.
Hace años que los venezolanos, con apoyo bipartidista, reclamaban sin éxito una protección temporal de las deportaciones, mientras Trump intentaba poner fin al programa que amparaba a inmigrantes de otros seis países, incluidos Haití, Nicaragua y El Salvador.
La orden de Trump ofrecía protecciones similares, por ejemplo, para evitar la deportación y conceder el derecho a trabajar, aunque encontró resistencia de algunos demócratas, que quieren que Biden introduzca salvaguardas adicionales.
Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones financieras contra tres individuos, 14 empresas y seis buques. Todos están acusados de asistir a la firma petrolera estatal venezolana PDVSA, controlada por Maduro, a evadir sanciones previas estadounidenses creadas para impedir que el mandatario se beneficie de la venta de crudos.
Las nuevas sanciones apuntan a personas y negocios vinculados con Alex Saab, un empresario colombiano que funcionarios estadounidenses dicen es un socio cercano de Maduro. Saab está encarcelado en Cabo Verde, donde pelea un pedido de extradición a Estados Unidos por cargos de corrupción.
El gobierno de Maduro tachó las sanciones de "agresión imperialista" que pretendía destruir la capacidad de Venezuela de cubrir sus necesidades con la venta de petróleo.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos también anunció medidas el martes para impedir que tecnología estadounidense sea utilizada para inteligencia militar en varias naciones, incluyendo China, Cuba, Rusia y Venezuela.
Las medidas duras han sido un aspecto casi rutinario del Gobierno saliente, cuya estrategia de mano dura con Venezuela ha resultado popular entre los votantes latinos exiliados en Florida.
