El asesinato de periodistas y comunicadores sociales es la forma más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, ya que no solamente anula el derecho a la vida de la víctima, sino que afecta el derecho a la integridad psíquica y moral de su familia y priva a la sociedad de una fuente de opinión e información.
De esta forma, con un encabezado similar al primer párrafo de este artículo, se inician muchos documentos generados por la Comisión Interamericana de Libertad de Expresión. América, históricamente, ha sido el continente más letal para el ejercicio del periodismo, desde que se llevan registros del fenómeno. También ha sido, lamentablemente, el lugar con una mayor impunidad.
Los crímenes contra periodistas, en su gran mayoría, no reciben sanciones, no se condena a los responsables.
"La carencia de investigaciones adecuadas y la impunidad que se genera en relación con los asesinatos de periodistas motivados por su labor periodística, pueden tener el efecto de propiciar que otros reporteros sean asesinados y de fomentar la autocensura, lo cual restringe la libertad de expresión", así sostenía en 2008 la CIDH en un informe especial. Poco ha cambiado desde entonces, a decir verdad.
El cambio más sustantivo que se ha vivido, tal vez sea la mudanza de país. Colombia a fines del siglo pasado, y luego México en este siglo XX. La violencia asociada al tráfico de drogas se mudó y junto a esto también cambió de lugar la tasa más alta de asesinato de periodistas.
Con motivo del Día Internacional del Periodista, que se celebró este 8 de septiembre, en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó que entre 2000 y 2020, en ese país, se han registrado 162 homicidios de periodistas. A esto se suma la existencia, desde 2005, de 22 casos de periodistas desaparecidos. Se presume que también hayan sido asesinados y se hizo desaparecer sus cadáveres.
El poder fáctico que ha representado el narcotráfico en México deja al desnudo, en estas dos décadas, el fracaso de distintos gobiernos, haciendo uso de diferentes estrategias, para tratar de frenar la violencia contra periodistas y comunicadores.
En México se aprobó una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la CNDH tiene un Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. Se han dado declaraciones al más alto nivel institucional. Pero la vida de periodistas sigue siendo acabada de forma violenta, a balazos.
El mes pasado fue asesinado Pablo Morrugares y de su escolta, en Iguala, estado de Guerrero. Director del portal PM Noticias, Morrugares tenía protección policial desde 2016, cuando él y su esposa salieran ilesos de un atentado. Un dato tal vez nos pueda ayudar a entender la magnitud de esta violencia desmedida: las autoridades recuperaron 55 cartuchos de fusil R-15 en el lugar del ataque.
Este 10 de septiembre, en tanto, fue hallado el cuerpo decapitado del periodista Julio Valdivia, quien reportaba sucesos violentos para el diario El Mundo, de Veracruz.
A propósito del asesinato de Morrugares, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al Gobierno de México y al Congreso de ese país a que otorguen mayores recursos económicos y profesionales al mecanismo de protección que mencionamos antes. Asimismo, reclamó la SIP que "se establezca una coordinación eficiente con todas las entidades nacionales y estatales para proteger a los periodistas".
Desde que se inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, han sido asesinados 14 periodistas, incluyendo a Morrugares. En este tiempo no ha sido sancionado ningún responsable por estos crímenes.
Además de los casos de violencia en sí contra los periodistas, la CNDH puso en el tapete, al igual que la SIP, el problema de fondo de la impunidad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió que se eviten conductas contrarias a la legalidad en la investigación de dichos casos. De forma específica alertó sobre "integración deficiente de las carpetas de investigación, ejercicio indebido del cargo, amenazas e intimidación", todo esto de parte de funcionarios policiales y judiciales que tienen a su cargo las investigaciones.
Tal vez en este señalamiento están las claves que ayudan a entender cómo México devino en el reino de la impunidad, cuando se trata del asesinato de periodistas.
