El Parlamento de China aprobó este martes la controvertida ley de seguridad nacional que atribuye a Pekín nuevos poderes sobre Hong Kong, y cuya aplicación podría marcar el fin del llamado pacto de "un país, dos sistemas", según informó la BBC.
La norma, señalada como una amenaza a las libertades de los hongkoneses, fue aprobada según medios locales por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo).
Esta ley tiene como propósito criminalizar la secesión, subversión, el terrorismo y la injerencia de fuerzas extranjeras, pero también restringe el derecho a las protestas y la libertad de expresión.
El corresponsal de la BBC en China, Stephen McDonell, afirmó que la nueva ley es "un temido instrumento de libre interpretación para reprimir disturbios políticos".
Aunque no ha sido publicada todavía, se espera que sea añadida a los estatutos de Hong Kong este martes, un día antes de la conmemoración del 23 aniversario de la transferencia de soberanía del territorio por parte de Reino Unido a China, fecha que suele ser recordada con protestas a favor de la democracia.
Numerosos activistas anunciaron que marcharán el miércoles, a pesar del riesgo de arresto bajo la nueva ley.
Desde el mes pasado Pekín anunció su intención de aprobar una ley de seguridad contra lo que considera intentos de secesión organizados por movimientos subversivos y terroristas, en respuesta a las protestas a favor de la democracia en Hong Kong, que en ocasiones se tornaron violentas.
Washington expresó su firme oposición a esta nueva ley, y comenzó a trabajar en el desmantelamiento del estatuto especial que Hong Kong disfruta bajo la legislación de Estados Unidos.
El secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, anunció el lunes que se suspendería el tratamiento especial que tenía Hong Kong sobre China.
"El riesgo de que tecnología estadounidense sensible sea desviada al ejército o al Ministerio de Seguridad Estatal ha aumentado, al tiempo que se atenta contra la autonomía del territorio. Esos son riesgos que EEUU rechaza asumir y que han resultado en la revocación del estatuto especial de Hong Kong", señaló Ross mediante un comunicado.
A la condena de EEUU se unieron otros gobiernos, como el de Reino Unido, que denunció que la norma viola la Declaración Conjunta Sino-Británica, el acuerdo bajo el cual Londres traspasó a Pekín la soberanía de la ciudad el 1 de julio de 1997.
La Declaración Conjunta Sino-Británica establece que Hong Kong debe disfrutar de un alto grado de autonomía durante 50 años bajo lo que se conoce como "un país, dos sistemas".
Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó este mes una resolución que advierte sobre la posibilidad de llevar a China a la Corte Internacional de Justicia de La Haya si se impone la ley.
El Gobierno de Japón calificó de "lamentable" la aprobación de la legislación mientras la organización humanitaria Amnistía Internacional la describió como "la mayor amenaza contra los derecho humanos en la historia reciente de la ciudad".
El líder del Partido Democrático de Hong Kong, Wu Chi-Way, dijo que desafiaría el veto policial a las marchas del "día de la transferencia" el próximo miércoles. A él se le unirá Figo Chan, del Frente de Derechos Humanos Civiles, quien exhortó al pueblo a lanzarse a las calles a pesar del riesgo de ser detenidos y procesados.
La policía planea tener 4000 agentes antimotines en alerta, según informó el diario South China Morning Post.
