La Justicia chavista dejó este martes a Juan Guaidó sin la presidencia del Parlamento de Venezuela, que compartía de facto desde el pasado 5 de enero con Luis Parra. En el año en que deberían celebrarse elecciones legislativas, el oficialismo va con ventaja después de este giro, al menos sobre el papel, reporta EFE.
La junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) encabezada por Guaidó fue anulada definitivamente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que reconoció a Parra —un disidente de la oposición— como legítimo presidente del Legislativo.
El fallo también establece que cualquier persona, pública o privada, "que preste o ceda espacio" para la instalación de un parlamento paralelo o virtual "será considerado en desacato, y cualquier acto ejercido como tal es nulo".
Esto impide a Guaidó y a los miembros de su junta directiva continuar con la celebración de sesiones parlamentarias en lugares diversos e improvisados al tener vetada la entrada a la sede de la Asamblea Nacional (AN), que está ocupada por su rival, Parra.
En el último año y medio, Guaidó se ha presentado como jefe del Parlamento y como presidente encargado (interino) de Venezuela. Ha sido reconocido así por más de 50 países en detrimento de Nicolás Maduro, a quien numerosos mandatarios consideran "ilegítimo" por no resultar elegido, según sus detractores, en unas elecciones "democráticas y libres".
La presidencia de la Asamblea Nacional había sido la catapulta para que el líder opositor se ganase el reconocimiento de la comunidad internacional y tratado con honores de jefe de Estado por quienes lo defendían como tal, después de que se proclamara presidente de Venezuela en enero de 2019.
Al perder, por orden judicial, su cargo al frente del Parlamento, el poder político de Guaidó queda en entredicho y a expensas del trato que, a partir de ahora, le den los mandatarios que hasta hoy lo apoyan y que conforman una larga lista encabezada por EEUU.
Aunque su margen de maniobra siempre ha estado reducido por el control gubernamental, Guaidó contó durante su primer año de jefe parlamentario con dos facultades que hoy tiene diezmadas: el poder de convocatoria a manifestaciones contra el chavismo y el dominio de la escena en los medios de comunicación.
El dirigente opositor controla varios millones de dólares provenientes de cuentas estatales de Venezuela en el exterior y filiales como la petrolera Citgo, pero no ha podido convertir todos esos recursos en ayudas para la población que atraviesa una severa crisis económica.
Todo este desahucio interno se ha incrementado desde marzo, cuando el país entró en cuarentena y, desde el confinamiento, solo se siguen las indicaciones del Ejecutivo de Nicolás Maduro, mientras las apariciones de Guaidó se han limitado a comentarios en redes sociales y sesiones virtuales de la Cámara.
En los últimos 17 meses, Guaidó ha sido arrinconado por la Justicia y el Gobierno venezolano que reiteradamente le acusan de ser un "terrorista" y "vendepatria".
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), presidida Diosdado Cabello, integrada solo por chavistas y de legitimidad cuestionada por numerosos países, dio por levantada la inmunidad parlamentaria del opositor.
Antes, la Fiscalía ya había solicitado unas medidas cautelares en contra del diputado, aprobadas casi inmediatamente por el TSJ, que incluyen la prohibición de salida del país, de enajenar bienes e inmuebles, así como el bloqueo de sus cuentas.
Entre las numerosas acusaciones que ha procesado la Fiscalía contra Guaidó figuran delitos como rebelión, conspiración, instigación a delinquir, intento de golpe de Estado y terrorismo.
Pese a todo, el líder opositor ha salido dos veces de Venezuela para participar en giras internacionales y ha vuelto al país sin que se produzca ninguna detención. Además, Guaidó circula libremente y en numerosas ocasiones ha retado al Gobierno a que lo encarcelen.
