Los sobrevivientes del Covid-19 en Wuhan piden explicaciones al Gobierno

El hijo de Hu Aizhen, un hombre de 65 años víctima del Covid-19 en Wuhan, junto con otros residentes en esa ciudad china, han presentado una demanda contra el Gobierno local, al que acusan de haber ocultado la gravedad del virus, entre otras cosas.

El diario británico The Guardian tuvo acceso a la demanda, preparada por Funeng, una ONG con sede en la ciudad de Changsha, capital de Huan. En ella lo acompañan un grupo de ciudadanos que pide respuestas, o al menos una disculpa, de las autoridades que tardaron semanas en avisar a la población de la amenaza de un virus que se ha cobrado al menos 4.500 vidas en China, según el recuento oficial de su Gobierno.

Otras personas que han optado por la misma vía son, por ejemplo, un funcionario que demanda a la administración provincial de Hubei o una madre que pide castigar a varios funcionarios por limitarse a mirar mientras su hija de 24 años moría, víctima del virus.

Un hijo que, después de lograr que su madre, desvaneciéndose, llegara a un hospital en las afueras de Wuhan e ingresara en cuidados intensivos, fue a casa a recoger algo y no tuvo ni tiempo de regresar a llevárselo. Recibió una llamada del hospital que le anunciaba la muerte de la mujer.

"Nada de esto habría sucedido si nos hubieran avisado. No tendría que haber muerto tanta gente", afirmó uno de los parientes de personas fallecidas implicadas en la demanda, cuya identidad, así como la del resto de los demandantes, es mantenida en reserva.

"Quiero una respuesta. Quiero que los responsables sean castigados de acuerdo con la ley", exigió otro, según el diario británico.

A medida que la infección se expandía por China, cuando se llegó a un pico de transmisión con miles de casos confirmados cada día, el enfado entre la ciudadanía alcanzó niveles no vistos en décadas y plantearon una amenaza real al Gobierno del Partido Comunista.

En febrero, cuando falleció el doctor Li Wenliang, que había filtrado las primeras noticias sobre el virus, los censores ya no eran capaces de frenar la marea de protestas que se extendía por la red. Fue un momento que algunos compararon con la muerte del activista Hu Yaobang, que precipitaría el derramamiento de sangre de 1989 tras las protestas de la Plaza de Tiananmen.

Poco más de dos meses después, ese resentimiento es mucho menos visible. Historias como la de Hu Aizhen han sido sustituidas por relatos positivos, los de un país unido para vencer al virus, que envía al resto del mundo los suministros que necesita y se enfrenta a los ataques malintencionados de Estados Unidos y otros países empeñados en culpar a Pekín por el estallido del Covid-19.

Shi, activista en defensa de los derechos humanos que vive en la provincia de Hubei, de la que Wuhan es capital, dijo que "la gente se deja llevar por la propaganda con facilidad. Una vez mejoró la situación provocada por la epidemia y la maquinaria propagandística echó a andar, han cambiado las tornas. Ahora la gente dice que el fuerte liderazgo mostrado por el Partido es positivo".

Cuando la normalidad, aún con cierta lentitud, ya se instala de vuelta, las autoridades vigilan estrechamente a aquellos que puedan albergar resentimiento. Zhang Hai, de 50 años, que perdió a su padre por el virus en febrero, formaba parte de un grupo en WeChat en el que participan más de 100 personas que perdieron familiares por el virus.

A finales de marzo les dijeron que podrían recoger los restos de sus seres queridos de las funerarias. No podían juntarse más de cinco personas al mismo tiempo y tenían que ir acompañados por un representante del Gobierno local. Zhang se negó a ir. Poco después, el administrador del grupo recibió un aviso de la Policía y alguien borró el grupo. Zhang, que pide una disculpa del Gobierno, dice que  hay "muchas familias muy enfadadas" y "ahora todo el mundo trata de ser muy cuidadoso".

Tan Jun, funcionario en Yichang, en la misma provincia de Hubei, presentó una demanda este mismo mes acusando al Gobierno regional de ocultar el brote del virus. La Oolicía publicó una copia en línea. Tan confirmó la demanda pero prefirió no conceder una entrevista. Otros habitantes de Wuhan aseguraron a The Guardian  que la Policía local los había intimidado y obligado a prometer que no hablarían.

En un artículo publicado en varias cuentas de WeChat, Tan dijo: "Hay que depurar responsabilidades. Como habitante de Hubei, creo que es necesario dar la cara y pedir al Gobierno de Hubei que asuma su responsabilidad". El artículo fue borrado posteriormente.

El Gobierno central ha hecho control de daños sustituyendo a algunos funcionarios locales. Quienes conocen el régimen saben que se trata de una vieja táctica para desviar las culpa del Gobierno central. Pero algunos ciudadanos creen que no es suficiente.

Wu, una mujer de 49 años que afirma haber contraído el virus en enero y no haber sido diagnosticada hasta marzo, dijo que "eso no es asunción de responsabilidades sino un mero lavado de cara". En el hospital vio gente morir, incluso en la cama de al lado. Acaba de saber que una compañera de clase que se infectó al mismo tiempo que ella acaba de fallecer.

"El común de los ciudadanos tiene un acceso limitado a información real. Confiamos en el Gobierno. Creemos en lo que dice", recordó.

Xie Yanyi, abogado defensor de los derechos humanos en Pekín, dijo que "la gente ha despertado. No me cabe duda". Xie pidió información al Gobierno sobre el origen del virus y las razones de los retrasos a la hora de informar a la ciudadanía del brote. "Puede que no sean tantos, pero la Historia nos muestra que hay una minoría capaz de cambiarla".

En opinión de Yan Zhanqing, cofundador de Funeng, las posibilidades de casos como el de Hu sean aceptados a trámite y lleguen a juicio son pocas. Es más probable que quienes han presentado las demandas reciban presiones y sufran intimidación. En algunos casos concretos podría reconocerse indemnizaciones económicas, una forma de disculpa.

"Los casos sirven para poner algo de presión sobre el Gobierno y que cada vez más gente sea consciente de que tiene derechos y el Gobierno tiene responsabilidades" explicó Yan. "Es también un modo de documentar la historia, de que más gente conozca la verdad y no sólo la versión oficial de lo sucedido en Wuhan".