Por primera vez en la historia de la Unión Europea, los líderes del bloque comunitario pactaron este martes el cierre generalizado de las fronteras exteriores y la prohibición de entrada a los ciudadanos de terceros países salvo en circunstancias excepcionales debido al Covid-19.
"Hemos acordado adoptar una decisión coordinada para restringir los viajes no esenciales a la UE durante 30 días", anunció el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tras una cumbre realizada por videoconferencia y que se prolongó durante tres horas, reportó el diario español El País.
El propósito de la decisión es contener la expansión del coronavirus y evitar la aparición de controles fronterizos dentro de la propio UE, aunque en ambos casos la medida parece llegar demasiado tarde para garantizar su efectividad.
El coronavirus que causa el Covid-19 campa por toda Europa, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al Viejo Continente como el nuevo epicentro de la pandemia global, por lo que buena parte de los 27 países de la UE restablecieron los controles fronterizos internos, como en el caso de España y Alemania.
Otros, como Hungría, impidieron la entrada de ciudadanos europeos, o los someten a una cuarentena obligatoria aunque no presenten síntomas ni procedan de zonas con numerosos contagios, como Polonia.
No obstante, Bruselas confía en que el blindaje del perímetro exterior anime a los socios de la UE a relajar los controles interiores, aunque de momento no parece que la calma esté de vuelta.
La sensación del sálvese quien pueda recorre Europa y la lentitud de la Comisión Europea ha alentado la adopción de medidas nacionales tan dudosas legalmente como imposibles de frenar políticamente en un momento de pánico generalizado.
El gran riesgo para Bruselas es que las medidas se perpetúen y pongan en peligro la supervivencia de la zona de libre tránsito Schengen o que, incluso, deriven en un atrincheramiento nacional que rompa también el mercado interior y ponga en peligro el futuro de la propia Unión Europea.
Los primeros síntomas de ese resquebrajamiento aparecieron nada más desencadenarse la crisis sanitaria. "Las recientes decisiones de algunos Estados miembros de restringir o prohibir exportaciones —en un caso de hasta 1.324 productos, incluido el paracetamol y aparatos médicos— contribuye al riesgo de carencias en otros Estados miembros, poniendo así en riesgo la salud de la población europea", advirtió la Comisión Europea el pasado viernes, tras los vetos a la exportación aprobados por Alemania.
La Comisión aprobó el sábado pasado un reglamento que prohíbe, durante seis semanas, la exportación fuera de la UE de material de protección como mascarillas o guantes, con el objeto de calmar los temores a un desabastecimiento. Pero la desconfianza ya ha cundido en los países más afectados por la pandemia, como Italia o España, que se han apresurado a buscar fuera de la UE, en China en concreto, los suministros imprescindibles para afrontar la grave crisis sanitaria.
La solidaridad económica también ha brillado por su ausencia y cada Estado, como ya ocurrió durante la crisis financiera, tendrá que hacer frente con sus propios recursos al impacto del coronavirus. Los datos ya apuntan a una grave recesión durante este año en buena parte de la zona euro —España pasaría de un crecimiento del 1,8% a una caída del -1,3%, según la previsión de Goldman Sachs— y a un peligroso incremento del paro y la deuda pública en países que ya disponían de escaso margen de maniobra.
La pasividad comunitaria ha llevado a España e Italia a activar sus propios planes de impulso económico, aun a sabiendas del frágil estado de sus cuentas públicas. Ambos Gobiernos se arriesgan a gastar por encima de sus posibilidades con la esperanza de que la recesión sea muy breve y que, en caso de que se prolongue, la UE asuma la tarea de reactivar la economía.
"Con la UE tenemos que ser todos exigentes", advirtió el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras anunciar un plan nacional de hasta 200.000 millones de euros que puede desbaratar el tremendo esfuerzo de consolidación fiscal llevado a cabo en los últimos años.
Sánchez aseguró que "España está dispuesta asumir su responsabilidad", pero espera que "la UE dote de recursos económicos a nivel comunitario planes fiscales y que cuando pase la pandemia ponga planes económicos de revitalización".
Pero de momento no hay dinero comunitario en el horizonte, más allá de la oferta de la Comisión para desviar parte de los fondos estructurales —hasta 37.000 millones de euros— de la política de cohesión a largo plazo hacia el gasto corriente más urgente.
