El Gobierno ruso ha conseguido probar "con éxito" su "internet soberana", reportó el Kremlin tras una prueba de "desconexión" de la red global.
Según el periódico El Confidencial, desde finales de noviembre Rusia ha estado probando una desconexión "real" de su territorio de los servidores mundiales de internet con el objetivo de comprobar si el país podría sobrevivir conectado solo a su propia red.
Varios medios internacionales aseguraron que no existen más detalles sobre el experimento, el tiempo que ha durado o la manera en que se llevó a cabo. Sin embargo, los gobernantes rusos sí especificaron que el objetivo del ejercicio era poner a prueba RuNet, la red de comunicaciones interna de Rusia pensada para aislar al país del resto del mundo.
Aunque varios meses atrás el propio Vladimir Putin aseguró que el objetivo de este experimento no era aislar al país de la red de redes ni "cortar su conexión con el exterior de forma definitiva", varias voces críticas del Gobierno ruso aseguran que el experimento solo pretendía demostrar el control del régimen sobre internet.
Según los analistas, Rusia podría encaminarse hacia un estilo de internet como el de China y su famosa Gran Muralla Digital o firewall. De acuerdo con ellos, no se puede entender nada de estas recientes pruebas sin poner sobre la mira la polémica ley de la "desconexión de internet" aprobada en noviembre de 2019.
"Lejos de ser una simple norma para ocasiones excepcionales, según los expertos, busca dar una vuelta al control de la red y montar todo un sistema que permita al Estado manejar de punta a punta todo lo que ocurra en la red y poder vigilarlo", explica El Confidencial.
Según la ONG Human Right Watch, el verdadero propósito de la ley es crear una base legal para obligar a todos los Proveedores de Servicios de Internet a instalar equipos de inspección y vigilancia masiva en sus redes y llevarlos a redirigir todo el tráfico de Internet a través de los puntos críticos de Roskomnadzor, el organismo ruso de control de medios de comunicación.
'Inspiración' rusa en Cuba
Los expertos creen que este experimento también podría aplicarse "teóricamente" en otros países, aunque sería un proyecto "demasiado complejo" y "casi idealista.
De momento, asegura El Confidencial, la "Gran Muralla digital china" es lo más parecido posible a la desconexión que desea el Gobierno ruso, aunque no se trata de un modelo de desconexión total.
"Lo que hace el Estado asiático es controlar las conexiones, censurar plataformas y vigilar todo lo que se mueve por su red a través de un embudo de servidores dominados por el Estado", aclara la publicación.
Aunque el Gobierno de Cuba no dispone de las condiciones técnicas para crear una red propia y desconectar al país de internet, ha seguido el ejemplo de las actuales administraciones de China y Rusia y ha bloqueado los sitios web de medios de prensa independientes que no responden a las políticas del Comité Central del Partido Comunista.
Además, en julio de este año el régimen cubano prohibió a los habitantes de la Isla hospedar sus sitios web y blogs en plataformas de internet establecidas fuera del país, y amenazó con multarlos si violaban esa disposición.
El Decreto-Ley 370 de 2018 para la informatización de la sociedad cubana, que entró en vigor este año, indica que es una contravención "hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional".
Según esa ley, cientos de blogueros cubanos que hoy alojan sus sitios en servidores como WordPress podrían ser multados o, incluso, perder sus computadoras y teléfonos.
Este propio año, en su afán de poner en letra escrita normas que se hacían cumplir arbitrariamente, el Gobierno de Díaz-Canel también aprobó "el empleo de la vigilancia electrónica" sin que sea imprescindible una autorización judicial previa.
La posibilidad está contemplada en el Decreto 389 del Consejo de Estado, firmado por Miguel Díaz-Canel y publicado en la Gaceta Oficial Nº 27 Extraordinaria del 18 de noviembre.
El decreto da "permiso" al Gobierno para escuchar y grabar llamadas, localizar y seguir a sus objetivos por vías electrónicas, filmar imágenes e intervenir las comunicaciones.
