La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, derogó el decreto que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en la represión de las manifestaciones de las pasadas semanas, y que se había convertido en una de las decisiones políticas más repudiadas de su mandato.
La mandataria indicó que esta determinación fue tomada por el gabinete ministerial tras lograr la pacificación con los sectores sociales.
"Después de una evaluación del Gabinete de Ministros y una vez que el Gobierno nacional ha suscrito acuerdos con las organizaciones sociales, y como consecuencia los conflictos en el país han sido levantados, hemos decidido abrogar el DS 4078", reportó el diario local Los Tiempos.
"Esta determinación ha sido tomada en consideración a que, gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país, hemos logrado la ansiada pacificación", explicó Áñez en conferencia de prensa.
El decreto fue criticado por entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que permitía a militares usar la fuerza sin verse sometidos a posibles procesos penales derivados de sus acciones.
Áñez explicó que el decreto era "un recurso constitucional que los gobiernos tienen a su disposición cuando la seguridad del Estado o la seguridad de la ciudadanía se siente amenazada por acciones de violencia, que ponen en peligro la estabilidad del país".
El ministro de Defensa, Fernando López, explicó que con el fin de este decreto se determina el repliegue de las Fuerzas Armadas y se establece que las tropas no están autorizadas a utilizar armas letales.
Según datos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, en total se registran 34 víctimas mortales y 832 heridos por actos de violencia desde los comicios presidenciales del 20 de octubre, ahora anulados.
Tras las elecciones, miles de bolivianos salieron a las calles para rechazar un presunto fraude electoral de Morales. Luego de la salida del poder del entonces presidente, prosiguieron las manifestaciones en la nación, esta vez de los seguidores del exmandatario, para exigir su retorno al Ejecutivo.
El pasado 24 de noviembre, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la ley que establece las condiciones para la realización de unas nuevas elecciones presidenciales y legislativas, sin la participación de Evo Morales ni de su exvicepresidente, Álvaro García.
Las autoridades aún no revelan una fecha concreta para que los bolivianos vuelvan a acudir a las urnas. Sin embargo, apuntan que serán llevadas a cabo en menos de cinco meses.
