Tres presos políticos excarcelados el pasado martes, después de haber sido detenidos arbitrariamente e implicados sin pruebas en casos de financiación del terrorismo y conspiración por el régimen de Nicolás Maduro, volvieron a ser llevados a la cárcel horas después de su liberación.
Se trata de María Auxiliadora Delgado Tabosky, de nacionalidad española, y su marido, el militar retirado Juan Carlos Marrufo Capozzi, de nacionalidad italiana, además del coronel de la Guardia Nacional Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos, reportó el diario español El País.
Los tres habían sido arrestados en marzo y permanecieron en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Caracas. Según sus abogados, ahora el régimen de Venezuela les acusa de intentar asesinar a Nicolás Maduro.
Delgado Tabosky es hermana de Osman Delgado Tabosky, un venezolano residente en Miami y que se ha convertido en blanco recurrente de la justicia de Nicolás Maduro. Lo acusan de estar al frente de atentados y de hecho, en agosto 2017, fue señalado como el autor intelectual del ataque al Fuerte Paramacay (en el centro del país), donde un grupo de militares en ejercicio y retirados asaltaron las instalaciones militares y robaron fusiles.
Un año después, el propio Maduro lo implicó en el fallido atentando con drones ocurrido en un desfile militar en Caracas. Según el líder chavista, Delgado Tabosky había comprado los equipos, a los que se les colocó una carga explosiva, y ofreció 50 millones de dólares y la garantía de vivir en Estados Unidos a quienes realizaron la operación.
Desde entonces comenzó la persecución a su familia con el registro de sus empresas en Venezuela y otras amenazas, que terminaron en la detención del matrimonio el pasado 20 de marzo, en la ciudad de Valencia, estado de Carabobo.
En el caso de Rodríguez Dos Ramos, quien formó parte de un grupo de más de un centenar de militares detenidos en Venezuela por supuestas rebeliones, fue acusado de conspiración a partir de conversaciones con el general Héctor Hernández Da Costa, también preso, y quien era su jefe.
Los tres deberían haber sido excarcelados en junio, pero no fue hasta este martes cuando fueron liberados, sin la presencia de sus familiares y abogados.
El matrimonio Delgado-Marrufo fue trasladado en una camioneta de la DGCIM hacia Valencia y a mitad del camino, en plena carretera, fueron obligados a salir del vehículo, e inmediatamente capturados por policías de las Fuerzas de Actuaciones Especiales.
Estuvieron desaparecidos varias horas y finalmente fueron trasladados a una dependencia de ese cuerpo, que se ha convertido en un nuevo brazo represivo del Gobierno y que es acusado de cometer ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos.
Por su parte, el coronel Rodríguez Dos Ramos fue llevado a su casa en Caracas y en la puerta de la residencia fue arrestado nuevamente por otro grupo de militares.
Según Gonzalo Himiob, del Foro Penal Venezolano, la liberación se produjo por la presión y el seguimiento que ha hecho la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de los presos sobre los que ya se ha decretado la excarcelación y todavía siguen en la cárcel.
Quedan seis personas en esta condición, en manos del servicio de inteligencia venezolano, de los más de 400 prisioneros políticos.
“Esto confirma que el Gobierno de Maduro no tiene ninguna intención de cesar las detenciones arbitrarias por motivos políticos”, dijo Himiob.
Los tres detenidos serían enviados de nuevo a la sede de la DGCIM, después de ser presentados ante el tribunal. Durante su primera detención, Rodríguez Dos Ramos fue sometido a tratos crueles y torturas en estos calabozos, según denunciaron sus familiares.
Esta semana, el grupo de trabajo de Bachelet exigió además la liberación del diputado Juan Requesens, quien lleva más de un año preso por el caso de los drones.
"El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al señor Requesens inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional", señaló un comunicado. La excarcelación, sin embargo, no se ha producido.
Por su parte, el representante del líder opositor venezolano Juan Guaidó ante Naciones Unidas, Miguel Pizarro, solicitó este viernes que la ONU envíe una comisión de trabajo que investigue las "detenciones arbitrarias" que, sostiene, cometen las autoridades en Venezuela.
"Solicitamos que sea enviada una comisión del Grupo de Trabajo para que realice una visita oficial al país y constate la grave situación en cuanto a detenciones arbitrarias y privativas de libertad que hoy sufre Venezuela", indicó Pizarro en una carta que publicó en sus redes sociales, reportó EFE.
