Pese a los intentos de los gobiernos de Cuba, México, Uruguay y otros países para frenarlo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó una firme decisión en relación con Venezuela, que incluye el establecimiento de una misión internacional independiente y un amplio respaldo a la actuación que viene cumpliendo Michelle Bachelet.
"El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha dado un paso clave para que las víctimas venezolanas tengan acceso a la justicia y que los responsables de graves abusos rindan cuentas por los delitos que cometieron", celebró este viernes la organización Human Rights Watch.
Aunque ha postergado la decisión de crear una comisión de investigación sobre Venezuela, un aspecto solicitado por más de 100 ONG del país sudamericano e internacionales, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una decisión con un tono bastante duro en relación con el régimen de Nicolás Maduro y su responsabilidad en las múltiples violaciones a los derechos humanos.
Este 26 de septiembre, el organismo decidió "establecer, por un período de un año, una misión internacional independiente de determinación de los hechos, cuyos miembros serán designados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, y enviar urgentemente esa misión a la República Bolivariana de Venezuela para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014".
Esta misión deberá rendir un informe ante el Consejo, en Ginebra, en septiembre de 2020. La decisión es una clara consecuencia del contundente informe presentado por Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, el pasado 5 de julio.
El Consejo también encomendó tareas específicas a Bachelet. Antes de que finalice 2019, deberá presentar un informe oral. Asimismo, el organismo le encomendó que "prepare un informe escrito completo sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, dedicado en especial a la independencia del sistema judicial y el acceso a la justicia, también para obtener reparación por las violaciones de los derechos económicos y sociales, y a la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco".
Pese a las presiones de varios gobiernos, con La Habana a la cabeza, el Consejo de Derechos Humanos ratificó en Ginebra que seguirá teniendo a Venezuela bajo observación, acordó destinarle los recursos necesarios tanto a la alta comisionada como a la nueva misión internacional, y además alentó a que un grupo de relatores especializados de la ONU visiten Venezuela, dado el acuerdo firmado con el régimen de Maduro para permitir este tipo de visitas, algo que no ocurría desde 2002.
Desde la ONU esperan que el régimen de Maduro le facilite el acceso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; la relatora especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; la relatora especial sobre el derecho a la alimentación; el relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La combinación de mecanismos que estarían actuando de forma simultánea (alto comisionado, misión internacional, relatores) podría generar los insumos necesarios para que se abra formalmente un proceso contra el régimen de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), tal como lo solicitaron un conjunto de países americanos el año pasado.
La complejidad de la situación venezolana fue captada en la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al denunciar "violaciones que afectan de forma directa e indirecta a todos los derechos humanos —civiles, políticos, económicos, sociales y culturales— en el contexto de la actual crisis política, económica, social y humanitaria".
Asimismo, se envió un llamado de atención al régimen de Maduro, al dejar abierta "la posibilidad de adoptar nuevas medidas, como establecer una comisión de investigación si la situación sigue deteriorándose o si las autoridades venezolanas no cooperan seriamente con la Oficina del Alto Comisionado".
Tras conocer la resolución, el embajador venezolano ante el Consejo, Jorge Valero, advirtió que Venezuela no cooperará con esta misión internacional independiente. "La imposición de mecanismos de monitoreo adicionales no contará jamás con el consentimiento de mi país", aseveró en respuesta a la decisión adoptada el 26 de septiembre con 19 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones.
Según Valero, el Gobierno de Maduro había ya acordado una "cooperación técnica" con la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por lo que catalogó de injerencia la adopción de medidas adicionales.
El informe para setiembre 2020, COÑÓOOOO
¿ Quedará alguien para esa fecha ?
En Cuba el régimen a través de los años ha cometido graves violaciones al derecho a la vida como es el caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el hundimiento del remolcador 13 de Marzo y muchos más. La ONU debe crear de inmediato una comisión especial para investigar las terribles y sistemáticas violaciones a los derchos humanos que el régimen de La Habana ha cometido y sigue cometiendo.