Perú, el país en el cual tres expresidentes estuvieron involucrados en la red de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y además un mandatario debió renunciar por la misma causa, vio cómo se aceleró una crisis política e institucional ante la posibilidad de nuevas relevaciones en la trama conocida internacionalmente como Lava Jato (auto lavado).
Este lunes 30 de septiembre, un día después de que diera un ultimátum al Parlamento, dominado por la oposición fujimorista y conservadora, el presidente peruano Martín Vizcarra anunció su disolución y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.
En el centro de la disputa estaba la designación de magistrados para el Tribunal Constitucional (TC), prevista para este 30 de septiembre pese a la negativa del Ejecutivo, que había exigido la creación de un mecanismo idóneo. Días antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había expresado su preocupación por las denuncias de falta de transparencia en la selección de magistrados del Constitucional.
La prensa peruana, en el mes de septiembre, había revelado una grabación en la que se escucha a tres congresistas de Fuerza Popular (grupo dirigido por Keiko Fujimori, en prisión preventiva), y a uno del Partido Aprista Peruano (centroizquierda), acordando —presuntamente— la designación de candidatos afines a sus intereses y a los de los líderes de sus respectivos partidos políticos.
La falta de acuerdo entre el ejecutivo encabezado por Vizcarra y el Parlamento, en el cual la hija del expresidente Alberto Fujimori (también en prisión) tiene un amplio dominio político, desembocó en la decisión de disolver al Congreso, una medida extrema, pero que forma parte de la Constitución vigente en Perú.
"La Constitución de 1993 estableció que el presidente de la República está habilitado para disolver el Congreso solamente cuando este haya hecho perder el cargo a dos Consejos de Ministros. Y esto ha ocurrido así. En setiembre de 2017, el Congreso le negó la confianza al gabinete de Fernando Zavala. Ayer, 30 de setiembre, el premier Salvador del Solar renunció al considerar que el Parlamento negó la confianza a su Gabinete", apunta el periodista Omar Quispe.
El premier del Solar acudió este 30 al Congreso con una moción para evitar el nombramiento de "magistrados express". Pero esta propuesta fue desoída. La respuesta de Vizcarra fue disolver el Congreso.
Dado que del Solar renunció por la falta de acuerdos, el nuevo Gabinete de Vizcarra lo encabezará el ex ministro de Justicia Vicente Zeballos. El mandato de Vizcarra concluye en 2021, después de que asumiera en marzo del año pasado, precisamente tras otro escándalo que provocó la renuncia del mandatario electo, Pedro Pablo Kuczynski, también envuelto en la trama de corrupción de Odebrecht.
A juicio de Ricardo Uceda, laureado periodista peruano de investigación, la decisión de Vizcarra es discutible.
"Se trata de un cierre de discutible legalidad, amparado por una gran mayoría popular que quiere el cierre del Congreso, dominado por el fujimorismo, donde destacan corruptos y encubridores", comenta Uceda, desde Lima, a DIARIO DE CUBA.
"Me temo la polarización (en torno a la medida)", matiza por su parte Hildegard Willer a DIARIO DE CUBA en un breve comentario como reacción al nuevo capítulo en la crisis institucional peruana.
La respuesta de los congresistas fue variada. Un grupo decidió hacer oídos sordos y en respuesta a la decisión de Vizcarra sencillamente designaron a una presidenta interina; otros salieron rápidamente del país, tal como lo reseño el diario limeño Perú21.
Con la presencia de diputados del fujimorismo y de otros grupos afines, la noche de este lunes 30 se autojuramentó como presidenta la hasta entonces vicepresidenta del Gabinete de Vizcarra, Mercedes Aráoz.
Las Fuerzas Armadas, en tanto, representadas por el alto mando militar, acudieron a respaldar a Vizcarra, lo cual tiene un carácter simbólico muy significativo.
De acuerdo con analistas, la crisis institucional se aceleró debido a que se esperan nuevas revelaciones sobre las implicaciones de políticos peruanos en la trama de corrupción Lava Jato, dado que será llevado otra vez ante la justicia Jorge Barata, quien por 11 años fue el director ejecutivo de la brasileña Odebrecht en Perú.
Perú es el país donde esta trama de corrupción llegó a las más altas esferas, sin distinción de colores políticos.
De acuerdo con el portal de periodismo de investigación Ojo Público, en el caso de Kuczynski se le señala por el presunto lavado de dinero proveniente de la corrupción en dos obras ejecutados en Perú por Odebrecht: la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto de irrigación Olmos.
Los otros tres exmandatarios peruanos investigados por lavado de activos de la constructora brasileña son Alejandro Toledo Manrique (2001 - 2006), sobre quien pesa una solicitud de extradición, acusado de recibir sobornos por la Carretera Interocéanica Sur; Alan García Pérez (2006 - 2011), bajo sospecha por una transacción irregular de Odebrecht y aportes a su campaña; y Ollanta Humala Tasso (2011- 2016), quien estuvo detenido por el financiamiento electoral de la constructora, no declarado en su campaña.
García se suicidó el pasado mes de abril, cuando justamente iba a ser detenido preventivamente como parte de las investigaciones sobre la trama de corrupción en la que estaría envuelto.
La decisión de Vizcarra de disolver el Congreso irá de la mano de la convocatoria de nuevas elecciones legislativas, previsiblemente para el mes de enero. Este nuevo Congreso deberá estar en funciones hasta las elecciones generales previstas para julio de 2021.
