La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció este viernes en Ginebra la puesta en libertad de la jueza María Lourdes Afiuni, el periodista Braulio Jatar y una veintena de periodistas que permanecían presos bajo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
El Gobierno venezolano liberó a los 22 detenidos este jueves, según declaró Bachelet durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, precisó el diario ABC.
"Damos la bienvenida a estas liberaciones y animamos a las autoridades a liberar a otros detenidos por el ejercicio de sus derechos humanos", señaló.
Ha sido posteriormente, en declaraciones a la prensa, cuando ha facilitado los nombres de Afiuni y Jatar. Los otros 20, según ha indicado una portavoz de su oficina a Reuters, son estudiantes.
La jueza fue detenida en 2009 por orden del entonces mandatario venezolano, Hugo Chávez, después de que ordenara la puesta en libertad de un empresario corrupto. Cuatro años después, en 2013, recibió libertad condicional bajo presentación cada 30 días, más la prohibición de salir del país y de declarar a los medios de comunicación. El pasado mes de marzo, un tribunal la condenó a cinco años de cárcel por "corrupción espiritual".
Jatar fue detenido en septiembre de 2016 tras difundir vídeos de un "cacerolazo" contra Maduro en la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta. Su esposa reveló tres meses después que se le había diagnosticado cáncer de piel y desde 2017 se encontraba en régimen de "casa por cárcel".
Presentación formal del informe sobre Venezuela en Ginebra
Bachelet presentó este viernes formalmente el informe sobre Venezuela a los miembros del Consejo, que recibió el apoyo de la Unión Europea o buena parte de las naciones latinoamericanas del Grupo de Lima, pero fue condenado por Caracas y La Habana, reportó EFE.
"Tal y como demuestra nuestro informe, el Estado de derecho y varias instituciones esenciales del país han sido profundamente erosionadas, el uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes, y también en operaciones de las Fuerzas Especiales", subrayó Bachelet a los periodistas tras más de dos horas de debate.
"La tortura es un grave problema, como trágicamente ha mostrado la muerte del capitán Rafael Acosta hoy hace una semana", añadió la alta comisionada, quien se encontraba de visita oficial en Venezuela cuando se produjo la detención arbitraria del militar, fallecido el 29 de junio bajo custodia y tras ser torturado.
En su intervención ante el Consejo, la expresidenta chilena concluyó que "los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios".
Denunció que "el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación en la vida pública corre peligro de ser castigado con represalias y represión".
También lamentó "ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas".
"La única forma de salir de esta crisis es la unión, y pido al Gobierno de Venezuela que vea a la oposición y los defensores de derechos humanos como socios en la causa común de estos derechos y de la justicia, para plantar las semillas de un acuerdo duradero que lleve a la reconciliación", concluyó.
En una concesión al Gobierno venezolano, afirmó que las sanciones impuestas sobre Venezuela, principalmente por EEUU, "están exacerbando la situación, dado que la mayoría de sus ingresos derivan de la exportación de petróleo".
El informe, que se presenta en el mismo día en que Venezuela celebra su fiesta nacional, fue replicado de inmediato por la delegación de ese país ante el Consejo, liderada por el viceministro de Asuntos Exteriores William Castillo, quien criticó un texto "carente de rigor científico y con graves errores metodológicos".
"Usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio en nuestro país", dijo el diplomático a Bachelet.
Además, el documento "ignora los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral bloqueo económico está ejerciendo sobre la vida de nuestro pueblo", argumentó el viceministro, quien exigió una "corrección de su contenido".
Sobre las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y represión violenta a manifestantes, Castillo aseguró que "Venezuela rechaza categóricamente la criminalización de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas nacionales".
"Se busca que el Estado permanezca inerme cuando existen graves riesgos para la seguridad nacional, planes de golpe de Estado que proponen un baño de sangre entre la población civil e incluso una intervención militar extranjera con la que nos amenaza el presidente (estadounidense) Donald Trump", declaró.
Secundó la posición venezolana ante el Consejo la delegación del régimen cubano, al subrayar que su aliado "es objeto de una campaña mediática sin precedentes que busca desprestigiar la obra social y política del presidente Hugo Chávez y continuada por Maduro".
En representación de varios países del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú) la embajadora peruana Silvia Elena Alfaro instó a Maduro a tomar en cuenta las recomendaciones del informe para acabar con una crisis que "está afectando a la estabilidad regional".
"Llamamos a Venezuela a implementar sin dilaciones las recomendaciones del informe, que incluyen (...) la investigación de violaciones de derechos humanos, la rendición de cuentas, la liberación de presos políticos, el fin del uso excesivo de la fuerza, de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura", indicó.
También subrayó que "el orden democrático debe ser restablecido mediante la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes".