El exembajador español en Venezuela con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero Raúl Morodo cobró al menos 3.800.000 euros en comisiones de la petrolera estatal PDVSA a través de Suiza y Panamá mediante asesorías ficticias, según publicaron este lunes varios medios españoles.
El Mundo precisó que Petróleos de Venezuela articuló la mayor parte de las operaciones a través de una sociedad pantalla panameña con cuenta en el país helvético y controlada por su hijo, Alejo Morodo, a través de testaferros.
Este lunes la Policía de España registraba por orden de la Audiencia Nacional las oficinas en Madrid de Morodo en el marco de la investigación relacionada con el expolio.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el registro forma parte de una operación ordenada por el juez Santiago Pedraz a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, aunque no ha trascendido si se están practicando más registros o alguna detención. El Mundo sí reportó otros registros y arrestos.
Pedraz es uno de los jueces españoles que investigan el blanqueo del dinero sustraído supuestamente por venezolanos de la petrolera pública de ese país, en este caso por unos hechos relacionados con el que fuera embajador de Venezuela en España entre 2004 y 2007 que se remontan a entre los años 2012 y 2015.
Según acreditan los documentos a los que ha tenido acceso el periódico español, los abonos realizados por el Gobierno de Hugo Chávez al hijo del diplomático socialista tuvieron lugar de manera prácticamente inmediata a que su padre abandonara el cargo, en agosto de 2008.
Desde ese momento y hasta 2013 se sucedieron decenas de transferencias realizadas por supuestas labores de "asesoría jurídica". Concretamente los Morodo simularon trabajos para implantar la empresa venezolana en Europa, concretamente en España y Portugal, pero no prestaron servicio alguno.
Los pagos más importantes librados por el Gobierno venezolano fueron articulados a través de Alejo Morodo mediante la sociedad instrumental panameña denominada Furnival Barristers Corporation, con domicilio en Plaza 2000 Building, 50 TH ST. Esta empresa disponía de cuenta en el Credit Suisse de Ginebra También libró facturas a la petrolera venezolana mediante su bufete madrileño, Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L.
Estas operaciones están bajo escrutinio de la Policía Nacional desde 2015, cuando la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo recibió una primera remesa de documentación a través de una serie de confidentes venezolanos.
Según El Mundo, la petrolera estatal autorizó las comisiones a Morodo a través del expresidente de la entidad, Rafael Ramírez, investigado por corrupción durante los últimos años por las autoridades de EEUU. La Fiscalía estadounidense le atribuye el cobro de sobornos y la utilización de sociedades corporativas de la empresa para blanquear dinero procedente del narcotráfico.
La familia Morodo sostiene que realizó trabajos de asesoría empresarial que, sin embargo, no ha podido concretar. Se limita a asegurar que ayudaron a que PDVSA aterrizara en el continente europeo, pero no pueden justificar haber realizado servicios por un importe tan elevado.