La voz de Susana Raffalli es una de las más autorizadas en Venezuela en temas sociales. Hace 15 meses, a fines de 2017, advirtió en solitario que el país padecería una crisis humanitaria. Hoy alerta sobre una catástrofe sanitaria debido a la falta de agua potable en las grandes ciudades, escasez asociada a la crisis eléctrica.
El sistema de agua potable en las grandes ciudades venezolanas, que se instaló principalmente en la bonanza de los años 70 del siglo XX, demanda cantidades de energía eléctrica para hacer subir el agua a edificios, algunos ubicados en lomas altas, y además con estructuras de alturas considerables.
La idea moderna de aquella "Gran Venezuela", como se llamó al primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), se sustentaba en proyectos de envergadura y una producción eléctrica asentada en la represa del Guri, en el sur del país.
Con el paso del tiempo, y especialmente en las dos décadas de chavismo en el poder, se combinaron tres factores: falta de inversión, corrupción en la compra y renovación de equipos, y diáspora del personal capacitado por los bajos salarios. Además, el sistema fue pensado para la demanda de hace 40 años.
En este momento la crisis más visible es la de la energía eléctrica. Este corresponsal, por ejemplo, estuvo cuatro días sin ella. El tercer apagón nacional se vivió desde el viernes 29 de marzo; todos han ocurrido en este tercer mes de 2019. El de fines de marzo afectó a 15 de los 24 estados del país.
Junto a los apagones eléctricos, la población se resiente —en algunos casos de forma aún más crítica— por la falta de agua potable. Con los apagones los venezolanos se quedan sin luz, pero también sin agua potable, sin telefonía y sin internet. El país se apaga, literalmente, con cada apagón nacional.
Las imágenes de caraqueños tomando agua del río Guaire se han repetido en diversas ciudades. En el estado Lara, cuya capital es Barquisimeto, se ha tomado agua del llamado Río Claro, que tampoco es potable.
A partir de estas imágenes y conociendo la situación de la escasez de agua potable, Raffalli alertó el lunes 1 de abril: "Más que la falta de electricidad, la limitación al acceso del agua es lo que puede convertir esto en una catástrofe sanitaria en breve".
Raffalli fue distinguida el pasado 10 de diciembre con el premio francoalemán de Derechos Humanos. Con amplia experticia en el campo internacional, llamó la atención sobre las dimensiones de la crisis humanitaria que estaba por estallar en Venezuela desde fines de 2017, cuando advirtió en una entrevista con el medio Prodavinci que el Estado venezolano había dejado de garantizarle la alimentación a la población.
Maduro acepta el ingreso de la ayuda humanitaria internacional
La ola de apagones en Venezuela, que se registran desde el 7 de marzo, ha opacado una noticia de impacto social. Se trata de que finalmente el régimen de Nicolás Maduro ha terminado aceptando el ingreso de ayuda humanitaria internacional, un asunto que había sido colocado en términos de desafío por parte de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) y presidente interino reconocido por más de 50 países.
El 9 y el 23 de febrero pasados, el hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, dejó en claro que el régimen de Maduro no permitiría el ingreso de ayuda humanitaria. A su juicio, no existían necesidades en el país y lo que se escondía era "un gran negocio" para los líderes de la alternativa democrática, aupados por Washington.
El 23 de febrero se produjo una fuerte tensión en las fronteras con Brasil y Colombia, particularmente en el puente que une a las poblaciones de Cúcuta (Colombia) y Ureña (Venezuela). Ese día Guaidó había anunciado el ingreso de la ayuda humanitaria y estuvo precedido el día antes por un gigantesco concierto internacional.
Efectivos militares y grupos de civiles armados por el chavismo impidieron el ingreso de la ayuda humanitaria proporcionada principalmente por la Agencia Americana de Ayuda al Desarrollo (USAID), desde territorio colombiano.
De acuerdo con fuentes diplomáticas consultadas por DIARIO DE CUBA, el actual cambio en la política del régimen venezolano obedeció a la propia situación alimentaria, cada vez más crítica, así como a la presión internacional, incluso de países aliados como Rusia. La condición es que la ayuda humanitaria ingrese de la mano de una entidad especializada y no parcializada, como lo es la Federación Internacional de la Cruz Roja.
Francisco Rocca, presidente de la Federación, de visita en Venezuela el pasado 29 de marzo, confirmó lo que sin duda es un giro importante. Por primera vez el régimen de Maduro admite, tácitamente, que no puede garantizarle alimentos y medicinas a los venezolanos, un asunto que era cuestión de honor hasta hace pocas semanas.
Así como la presencia de la Federación Internacional de la Cruz Roja fue recibida con beneplácito por el régimen venezolano, junto a Rocca la conferencia de prensa la encabezó el cardenal Baltazar Porras, arzobispo en funciones en Caracas y una de las figuras más críticas del chavismo desde la Iglesia católica.
Porras representó en el acto a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y según pudo conocer DIARIO DE CUBA, la Iglesia católica es garante de que no habrá un uso político de la ayuda humanitaria que en dos semanas comenzará a distribuirse, inicialmente entre 650.000 venezolanos en condición de vulnerabilidad.
Rocca admitió que previamente hubo reuniones con las partes políticamente enfrentadas en Venezuela. Además del consenso que debieron construir, la Federación Internacional de la Cruz Roja terminó de movilizarse al observar el impacto de los apagones en Venezuela, ya que se registraron incluso muertes.
"Para mí como ser humano no se puede aceptar que niños y adultos mueran por falta de luz, no es una patología la falta de luz. Vamos a trabajar en la electricidad en todos los hospitales con nuestros profesionales", recalcó Rocca.
Junto a este problema, sin duda está la advertencia de Raffalli en torno al agua, otro desafío para las agencias humanitarias que actúen en Venezuela.