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Política

Venezuela, ¿el apagón final?

La actual crisis eléctrica no juega necesariamente a favor de la oposición.

Madrid

Desde el jueves pasado Venezuela vive con apagones a lo ancho y largo del territorio nacional, debido a un fallo en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como El Guri, que proporciona cerca del 80% de la electricidad que consumen los venezolanos.

Esta crisis eléctrica, la peor que haya conocido el país, viene a agravar una situación económica deplorable, marcada en los últimos cinco años por una reducción del PIB a la mitad, el retroceso de la renta per cápita a niveles de mediados del siglo pasado, un desplome de las importaciones de más del 70%, una hiperinflación que rondaría el millón por ciento y un aumento acelerado de la pobreza que afectaría a más del 80% de la población.

Contactado por DIARIO DE CUBA, Oswaldo Ramírez, director de ORC Consultores, estima que, a raíz de los apagones y el desabastecimiento del agua, el escenario actual puede derivar "en un estallido social de los sectores más desfavorecidos, acompañado de caos y saqueos", ya que es poco probable que el Gobierno de Nicolás Maduro logre encontrar "la fórmula" para financiar un aumento de los planes sociales.

En todo caso, según el experto, cada día que pasa el régimen va "perdiendo la gobernabilidad y su base de apoyo se va horadando", debido a su incapacidad de resolver la crisis del país en el corto plazo, en particular en lo que atañe a la degradación del servicio público y a la hiperinflación.

Una década de apagones 

Los apagones de estos días son, en realidad, el colofón de una crisis energética que dura desde hace ya una década y en la que los cortes de luz y el racionamiento de electricidad han caracterizado el día a día de los venezolanos.

De hecho, en 2010 el Gobierno de Hugo Chávez aprobó un decreto de emergencia eléctrica para facilitar la importación de equipos y repuestos, así como para incentivar los planes de desarrollo de la producción y distribución de electricidad.

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo y la represa de Guri es la segunda más grande de América Latina. Además, en las dos últimas décadas el régimen chavista ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo del sistema eléctrico. ¿Cómo se explica entonces esta crisis?

Varios factores inciden en la situación actual. En primer lugar, hay que destacar la politización de la gestión del rubro. En este sentido, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC), la empresa estatal encargada del suministro eléctrico, ha experimentado la sustitución de gerentes de perfil técnico por un personal ante todo fiel al régimen. A su vez, los militares también han cobrado importancia dentro de la compañía.

Algo que se ha traducido en la burocratización del conglomerado y en una gestión deficiente tanto de las infraestructuras como de las inversiones.

Además, pese a que el país cuenta con 20 centrales termoeléctricas, la producción de electricidad depende casi exclusivamente de las fuentes hidroeléctricas. 

Esto se debe a que, después del decreto de emergencia eléctrica de 2010, la importación de materiales y dispositivos para la producción termoeléctrica fue guiada por criterios políticos, cuando no por el mero clientelismo, en lugar de la eficacia. 

Así, la compra se hizo básicamente en "países amigos" que terminaron proveyendo centrales por lo general ya usadas y de una calidad dudosa.

Tampoco hay que descartar la incidencia de la corrupción.

A ello se añade la ausencia de gas y diesel indispensables para el funcionamiento de las centrales. Una carencia que se explica por la merma drástica de la producción de la petrolera estatal PDVSA, que incumple sistemáticamente con el abastecimiento de combustibles. PDVSA padece los mismos males que achacan al manejo de la economía venezolana: pésima gestión, nepotismo, militarización. 

En cuanto a la rama hidroeléctrica, la gestión deficiente (y la malversación) de los fondos destinados a las centrales ha desembocado en un parque vetusto y relativamente abandonado. Por ejemplo, se especula que de las 20 turbinas que tiene la represa de Guri solo estarían funcionando, como mucho, la mitad. Otro caso sintomático de mala administración y de corrupción es la planta hidroeléctrica Manuel Piar. Situada en la represa de Tocoma, esta central empezó a ser construida hace más de una década y ha engullido cerca de 10.000 millones de dólares. Sin embargo, está aún sin funcionar.

Otro problema que afecta el desempeño del rubro es la fuga de cerebros que ha conocido el país, debido al agravamiento de la crisis en los últimos años. Se estima que entre el 50% y el 60% del personal calificado del sector eléctrico ha emigrado. Una situación que ahora mismo puede estar pesando en la reparación de las fallas de una red de más de 2.000 km.

Perspectivas 

El deplorable estado de las infraestructuras contrasta con el hecho de que, durante la primera década del siglo, el consumo de electricidad en el país llegó a duplicarse, convirtiendo entonces a Venezuela en el mayor consumidor de electricidad per cápita en América Latina.

Dicho aumento se dio durante la bonanza que marcó la década pasada, con el boom de las materias primas, y que, potenciada por las políticas sociales del Gobierno de Chávez, propició incluso en las capas desfavorecidas de la población la compra significativa de productos electrodomésticos.

Paradójicamente, años después la opulencia de la década anterior deja aún más en evidencia el descalabro de todo el engranaje del régimen.

Sin embargo, esto no significa que la crisis eléctrica de estos días haga automáticamente temblar los cimientos del poder.

Contactado por DIARIO DE CUBA, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, considera poco probable "un escenario de revueltas masivas y menos en los barrios populares muy controlados por el aparato de inteligencia y represión social". 

Tampoco ve como seguro que el actual periodo de apagones "aumente el respaldo a la oposición", aunque "sí el rechazo al Gobierno". 

Según Alarcón, "el aumento del apoyo a la oposición depende más de lo que la oposición haga bien que de lo que el Gobierno haga mal". "Lo que una parte pierde no lo gana necesariamente la otra".

Depende de la pericia de la oposición el lograr en los próximos tiempos un avance significativo hacia una transición democrática o el encallamiento indefinido de la situación actual.

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