El juramento de Juan Guaidó, este miércoles, como presidente encargado de Venezuela marca un nuevo hito en la crisis institucional que conoce el país.
La pugna por la legitimidad entre órganos oficialistas y opositores es algo recurrente en los últimos años.
En 2016 una sentencia del Tribunal Supremo (cooptado por el régimen) suspendió las competencias de la Asamblea Nacional (AN) por "desacato". Desde entonces el Gobierno de Maduro no solo ha considerado nulas sus decisiones, sino que la ha sustituido por otra instancia legislativa plegada a sus designios.
A su vez la AN, en enero de 2017, declaró al mandatario en abandono del cargo, responsabilizándolo de romper el orden constitucional.
Ahora las autoridades de la AN justifican la proclamación de Guaidó como presidente interino en base al artículo 233 de la Constitución que estipula que, en caso de ausencia absoluta del jefe de Estado, corresponde al presidente del Legislativo asumir temporalmente las riendas del Ejecutivo y convocar a nuevas elecciones.
La AN considera que no hay jefe de Estado, puesto que Maduro no ha jurado su cargo ante ella.
El órgano legislativo también se escuda en los artículos 333 y 350 de la Carta Magna, que instan a los ciudadanos a restablecer el orden constitucional en caso de que fuera derogado indebidamente y a desobedecer a todo Gobierno que vulnere la Constitución.
La incógnita del Ejército
El paso dado por la AN agudiza el contencioso institucional que ha enfrentado al régimen y a la oposición en los últimos años.
La novedad radica en la proclamación de Guaidó como presidente y en su reconocimiento explícito por una parte significativa de la comunidad internacional.
En lo adelante queda por ver si habrá un cambio en la relación de fuerzas entre la oposición y el Gobierno, que pueda concretarse en una transición democrática.
Para ello la coalición opositora necesitará superar las fuertes divisiones que han minado su resistencia al chavismo. Estas justamente tuvieron su parte en el debilitamiento de las olas de protestas que marcaron al país en 2014 y 2017, las cuales se saldaron con decenas de muertos, miles de heridos y detenidos y también con un Maduro mucho más afianzado en el poder.
No menos determinante será el rol del Ejército. La oposición parece haber tomado nota de ello. El martes, la AN aprobó una Ley de Amnistía para alentar a los militares a retirar el apoyo al régimen.
Sin embargo, los nexos de las Fuerzas Armadas con el régimen son sólidos, debido a los réditos obtenidos desde la llegada de Hugo Chávez al poder y a la supuesta vinculación del Ejército en economías ilícitas como el contrabando de combustible y el narcotráfico.
Por lo pronto, la cúpula del Ejército ha manifestado su fidelidad al Gobierno de Nicolás Maduro.
El escenario internacional
Otro tablero donde se jugará el destino de Venezuela es la escena internacional. La jornada de ayer dejó en evidencia la presencia de dos bloques opuestos. Por un lado, los países del Grupo de Lima —entre los que se encuentran Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Chile—, EEUU y Canadá. Por el otro, los incondicionales del régimen (Cuba, Bolivia) y las potencias con las que el chavismo ha estrechado vínculos a lo largo del siglo, Rusia, China y Turquía.
México y Uruguay, aunque no hayan reconocido a Guaidó como presidente, han insistido en la necesidad de una búsqueda negociada a la crisis venezolana.
La UE, por su parte, ha emitido un comunicado que a duras penas oculta las fisuras que la atraviesan al respecto, pidiendo la celebración de elecciones libres y creíbles y seguridad para Guaidó, pero sin reconocer la proclamación del opositor.
Una nota que atenúa las declaraciones del presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, y del presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, quienes insistieron en la legitimidad de la AN y Guaidó.
Ciertamente, la presión sobre el régimen de Maduro ha aumentado considerablemente. Aun así, el respaldo de pesos pesados como Rusia y China le asegura un margen de acción no deleznable.
Por tanto, para desbloquear la situación no bastará con nuevas sanciones, se necesitará también una mediación para que el Gobierno y la oposición vuelvan a negociar. Este paso, sin embargo, solo puede ser dado por países que cuenten con el beneplácito de ambas partes.
En América el único candidato a vistas, con suficiente peso político y sin fricciones con el régimen de Caracas, sería México. Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder la cancillería mexicana ha adoptado una estrategia de no intervención en los asuntos internos para desligarse de la presión ejercida por el Grupo de Lima sobre el Gobierno venezolano.
La semana pasada el Ejecutivo mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se mostró dispuesto a mediar en la crisis venezolana sin dar "un voto a favor de Maduro" y expresando preocupación "por el laceramiento a los derechos humanos de los venezolanos y por la ausencia de democracia que hay en ese país".
Queda por ver si la oposición venezolana considera confiable a la flamante Administración mexicana.
La UE también puede jugar un papel decisivo en este caso. Este lunes cinco países (España, Francia, Italia, Portugal y Holanda) urgían a la Alta Representante de Política Exterior, la italiana Federica Mogherini, a acelerar la creación de un Grupo Internacional de contacto para facilitar el diálogo entre Maduro y la oposición.
Pese a que, desde noviembre de 2017, la UE esté aplicando sanciones contra el régimen de Venezuela, es mucho más probable un entendimiento de Caracas con Bruselas que con Washington.
Por lo visto, el inicio de una transición democrática en Venezuela dependerá, en buena medida, de la coincidencia entre un cambio de las relaciones de fuerza dentro del país y una mediación exterior eficaz.