"Nuestra bandera jamás será roja." "Vamos a unir al pueblo, a valorar la familia, respetar las religiones y nuestras tradiciones judeo-cristianas, combatir la ideología de género, conservando nuestros valores." "Se honrará a aquellos que sacrifican sus vidas en nombre de la seguridad."
El discurso de investidura del flamante presidente brasileño, Jair Bolsonaro, siguió al pie de la letra el guión que lo ha llevado a la cabeza del país más grande de América Latina: intransigencia con el Partido de los Trabajadores (PT), conservadurismo, exaltación de la mano dura contra la inseguridad.
La conformación del nuevo Gobierno anunciaba ya que no se cejaría en la retórica que marcó la campaña presidencial.
Por primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) los militares recuperan protagonismo en el Ejecutivo, ocupando siete de las 22 carteras ministeriales. El Ministerio de Educación recae en manos del teólogo conservador colombiano, Ricardo Vélez Rodríguez, quien es además un ferviente defensor de la dictadura brasileña.
En cuanto al ministro de Asuntos Exteriores, Ernesto Araújo, considera que el cambio climático es "una conspiración marxista". Algo parecido suele opinar el ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, otro escéptico respecto a los problemas ecológicos, quien sostiene que el cambio climático es un "tema secundario".
Brasil se prepara pues a dar un giro radical en varios puntos clave de su agenda política.
El primero de ellos concierne las relaciones internacionales. Bolsonaro ha insistido en su intención de acercarse a EEUU, desligarse de los gobiernos autoritarios de izquierda de la región y frenar la creciente influencia de China.
En este sentido, a fines de noviembre una reunión con el Consejero de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, sirvió de preámbulo para fijar posiciones comunes. Igual de relevante fue la decisión de retirar la invitación a la toma de posesión a los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
También ha causado conmoción el anuncio de que se trasladará la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.
Y ello a pesar de que el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel viole la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que condena la anexión de Jerusalén oriental como una vulneración del derecho internacional.
Primeras medidas
Las primeras medidas gubernamentales apuntan de modo semejante a un cambio respecto a las orientaciones del PT.
En su primer día como mandatario, Bolsonaro aumentó el salario mínimo de los trabajadores de 954 a 998 reales (246 dólares). El incremento del salario mínimo en Brasil se decide con una fórmula que contempla la inflación, la tasa de crecimiento del año anterior y otras variables. Pero el aumento final firmado por Bolsonaro resulta inferior a los 1006 reales (260 dólares) estipulados por la administración saliente y contemplados en el presupuesto de 2019.
Esto se aviene con las políticas de flexibilización del mercado laboral y limitación de los derechos de los trabajadores que el Gobierno prevé implementar para luchar contra el estancamiento económico (1,3% de crecimiento en 2018) y el desempleo (11,3%).
El flamante presidente también dispuso que en lo adelante será el Ministerio de Agricultura el encargado de identificar, delimitar y crear nuevas reservas indígenas. Algo que hasta ahora competía a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).
Esta decisión allanaría el camino a la explotación minera de las tierras aborígenes y al incremento de las actividades económicas en la Amazonia. De hecho, el Ministerio de Agricultura está en manos de Tereza Cristina Correa, quien, en la legislatura anterior, presidía un grupo suprapartidario que defiende los intereses de la agroindustria.
Por último, Bolsonaro firmó una medida provisoria —en la práctica se trata de una medida con fuerza de ley inmediata y sin la participación del Poder Legislativo— que excluye a la comunidad LGBTI de las directrices de protección de los derechos humanos del Gobierno federal.
Obstáculos en el camino
Ahora bien, la implementación del programa de Bolsonaro dependerá de la capacidad de este para aunar sus propias filas y a la vez negociar con un Congreso sumamente fragmentado.
En los últimos tiempos han traslucido disputas internas en el equipo oficialista que han obligado al nuevo mandatario a mitigar o desdecir ciertas declaraciones.
Queda por ver, por ejemplo, si se concretizará el traslado de la embajada brasileña en Israel a Jerusalén. Semejante decisión no contaría con el visto bueno de parte del mundo empresarial, pues amenazaría sus intereses en el mundo árabe.
El año pasado Brasil exportó a Israel productos por un valor de aproximadamente 300 millones de dólares, mientras que el monto de las exportaciones a los países árabes supera los 10.000 millones de dólares.
La misma tensión se nota respecto a China, el principal socio comercial de Brasil desde hace una década. Ciertos círculos económicos apuestan por una actitud más moderada de Bolsonaro respecto a Pekín, ya que la economía del país suramericano se resentiría de un conflicto comercial con el gigante asiático.
Sólo en la primera mitad de este año las exportaciones brasileñas a China sumaban 36.000 millones de dólares y las importaciones 19.000 millones de dólares. Un volumen de intercambios que incidirá probablemente en la relación que la administración entrante establezca con Pekín.
De igual modo, la promesa de abandonar el Acuerdo de París contra el cambio climático ha quedado relegada, puesto que supondría la pérdida de certificados internacionales de calidad necesarios para las exportaciones del sector agrícola.
El Congreso es la otra arena donde pueden encallar los planes gubernamentales. Siguiendo su estrategia de ruptura con la política tradicional, Bolsonaro seleccionó su gabinete sin concertar alianzas sólidas en el Legislativo.
Habrá que ver hasta qué punto esta alternativa puede revelarse eficaz en un Poder conocido por su volubilidad y alto grado de corrupción.