El Parlamento Europeo (PE) aprobó este jueves una resolución que reclama a la Unión Europea que se sume a la iniciativa de varios países americanos y Francia para que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue al Gobierno venezolano por supuestos crímenes de lesa humanidad, reportó EFE.
La resolución sobre Venezuela, la octava de la actual legislatura de la Eurocámara, fue aprobada por 268 votos a favor, 25 en contra y 26 abstenciones.
Solo este año, los eurodiputados pidieron en febrero extender las sanciones de la UE contra Nicolás Maduro y la cúpula militar venezolana; en mayo reclamaron suspender las elecciones presidenciales, y en julio, que se preste ayuda urgente a los venezolanos que huyen del país.
El nuevo texto "apoya plenamente la declaración preliminar de la CPI sobre los crímenes generalizados y los actos represivos perpetrados por el régimen venezolano contra sus propios ciudadanos" para que sus "responsables rindan cuentas" ante la justicia.
La citada petición se refiere a la iniciativa presentada por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Costa Rica, así como Francia, para que la Fiscalía de CPI investigue esos presuntos crímenes de lesa humanidad. Los eurodiputados también reclamaron "una investigación inmediata e independiente del Gobierno" que incluya una autopsia internacional sobre la muerte del concejal Fernando Albán, que falleció cuando se encontraba bajo custodia del servicio de inteligencia del Estado.
Revalidaron, además, su llamamiento para que Caracas libere de forma inmediata a todos los presos políticos.
Entre las consideraciones de la resolución política del hemiciclo europeo se recoge que "en Venezuela existe un clima de violencia creciente y total impunidad debido a que las autoridades no exigen responsabilidades a los autores de graves violaciones de derechos humanos, incluido el asesinato".
En el texto está presente el contexto del éxodo de venezolanos hacia países vecinos, de forma que una delegación de eurodiputados debe viajar a Perú en 2019 para evaluar el impacto de la crisis migratoria desde Venezuela tras una visita similar el pasado julio a las fronteras con Colombia y Brasil.
La resolución también subraya que el 87% de la población venezolana vive en la pobreza y llama a las autoridades a permitir la entrada de ayuda humanitaria en el país La resolución aprobada en el pleno recoge esa posibilidad, que celebró el eurodiputado español del PSOE Ramón Jáuregui, presidente de la Asamblea Eurolat, quien insistió en que la comunidad internacional debe seguir "apostando por una solución política para Venezuela".
Por su parte, en el debate del martes, el eurodiputado español Luis De Grandes (PP) dijo que discrepa de cualquier vía que abogue por el diálogo "porque esa es la tesis de (el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez) Zapatero". De los españoles presentes durante el voto, se pronunciaron contra la resolución los europarlamentarios de Izquierda Unida Couso, Marina Albiol, Paloma López Bermejo y Ángela Vallina, así como los eurodiputados de Podemos Xabier Benito, Tania González, Miguel Urbán y Lola Sánchez.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado en Madrid que el Gobierno intenta "mantener diálogo con todas las partes" involucradas en la crisis de Venezuela, y que "ser muy duro" con una de esas partes "inhabilita para contribuir a una solución" que se debería "facilitar".
Durante su ponencia en la comisión de Exteriores del Senado, Borrell ha afirmado que "sólo con sanciones será muy difícil que la solución se alcance en un plazo razonable", por lo que ha apostado por realizar un intento de "facilitar, que no mediar".
"No queremos inhabilitarnos a nosotros mismos. A veces, ser muy duro con una de las partes te inhabilita para contribuir a una solución que deberíamos facilitar", ha recalcado, al explicar la posición del Gobierno español ante el conflicto venezolano.
Preguntado por las gestiones que realiza el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el Gobierno de Maduro, Borrell ha recalcado que "el señor Zapatero no es el representante del Gobierno español; hace lo que cree que tiene que hacer y lo paga de su bolsillo".
La respuesta del Gobierno de Venezuela ha sido acusar a la Comisión Europea y a su presidente, Jean-Claude Juncker, de ser un "eslabón útil" en la presunta "estrategia de agresión" de Estados Unidos contra el país caribeño, al tiempo que instó al bloque a prestar atención a los "impostergables" problemas de los pueblos de Europa.
A través de un comunicado, la Administración de Nicolás Maduro señala que la Comisión Europea está plegada "a las posiciones ofensivas contra el Gobierno revolucionario, que tienen como fin último provocar la ruptura del orden constitucional en Venezuela". Venezuela hace referencia así a la reunión que sostuvieron este miércoles en Bruselas el presidente colombiano Iván Duque, a quien se califica en el texto como un "vasallo" de Estados Unidos, y Juncker, que consideró tras el encuentro que "hay que llevar" a Maduro ante los tribunales internacionales.