El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, solicitó a la comunidad internacional desconocer la orden de captura contra el diputado opositor Julio Borges, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia al vincularlo con un supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro, informa la AFP.
La Asamblea Nacional declaró que la medida contra Borges, quien se encuentra en el exilio, "es de naturaleza política y no debe ser reconocida por ningún tribunal extranjero", según un acuerdo aprobado este jueves.
Además, el Legislativo calificó de "desaparición forzada" la detención del parlamentario opositor Juan Requesens, acusado igualmente de participar en el complot, y exigió su "liberación inmediata".
Maduro los vincula con la planificación del ataque con dos drones cargados de explosivos que supuestamente buscaba acabar con su vida el sábado pasado, durante un desfile militar en Caracas.
El miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —acusado de servir a Maduro— ordenó capturar a Borges por "homicidio intencional calificado en grado de frustración".
El TSJ también declaró "procedente" enjuiciar a Requesens, quien había sido detenido por el servicio de inteligencia la noche del martes. Hay ocho capturados más por el caso.
Poco después, la oficialista Asamblea Constituyente que rige como suprapoder despojó de su inmunidad parlamentaria a Borges y Requesens.
Según la Constitución, tras la solicitud del TSJ es el Parlamento el que puede retirar el fuero, pero en Venezuela la Asamblea Constituyente —desconocida por gran parte de la comunidad internacional— asumió en la práctica las funciones del Legislativo.
Solo el Parlamento "tiene competencia para allanar la inmunidad", añadieron los diputados opositores, que el viernes marcharán hasta la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas para entregar el acuerdo aprobado.
En la silla de Requesens en el hemiciclo, un cartel colocado por los legisladores decía: "Desaparecido y/o secuestrado por el SEBIN" (Servicio de Inteligencia).
Dirigentes políticos denunciaron igualmente allanamientos a las viviendas de dos concejales en el estado Táchira, fronterizo con Colombia.
Más temprano, durante la sesión parlamentaria, el vicepresidente del Legislativo, Alfonso Marquina, aseguró que las autoridades no han permitido que los abogados o familiares se comuniquen con Requesens.
"Están violando el derecho de todos los venezolanos. Hoy es el momento de la unión, no se puede permitir que ningún venezolano muera en manos del régimen", señaló en un airado discurso Rafaela Requesens, hermana del detenido.
El Gobierno revela nuevas evidencias y hace arrestos
El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, ofreció nuevos detalles del supuesto magnicidio frustrado contra Maduro.
Indicó que a Osman Alexis Delgado Tabosky, presunto financista del intento de magnicidio, se le incautaron sus bienes en Venezuela, entre los que encuentran varias clínicas.
"Estos actos terroristas que han sido develados evidencian una red de complicidades entre actores nacionales e internacionales, con conexiones dentro y fuera del país que hicieron posible que estas células criminales desarrollaran su plan magnicida hasta una cierta fase", dijo.
Recordó que tras el atentado fueron detenidos dos miembros del grupo Bravo: Argenis Valera Ruíz, alias 'Ingeniero', piloto del drone, y Juan Carlos Monasterios V., alias "Bons", que coordinaba a los terroristas en Caracas.
Además, indicó que en el estado Barinas, cuando pretendían huir hacia Colombia, fueron detenidos Yanin Fabiana Pernía Coronel y Brayan De Jesús Oropeza Ruiz, del grupo Alfa, que operó el otro drone que salió desde el Centro Empresarial Cipreces.
También puntualizó que en el tercer anillo de seguridad presidencial, dirigido por la Policía, se detuvieron dos involucrados.
Mientras, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, presentó al consejero de la embajada de Colombia en Caracas, Augusto Blanca, las pruebas del 'intento de magnicidio' contra el presidente Nicolás Maduro.
Durante el encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano solicitó formalmente la colaboración del gobierno colombiano para la extradición de los implicados en el atentado contra el mandatario y el alto mando político-militar del país sudamericano.
En la nación neogranadina se encuentran el coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo, Gregorio José Yaguas Monje, Mauricio Jiménez Pinzón, Gilbert Alberto Escalona Torrealba y Julio Borges, todos reclamados por el Gobierno de Venezuela, de acuerdo con las investigaciones realizadas por los cuerpos de seguridad del Estado.
Arreaza precisó que el territorio colombiano sirvió de locación "para el entrenamiento de este grupo de terroristas que puso en riesgo la estabilidad y la paz del país".