Una intervención violenta de la Policía de Bolivia en Palmasola, el penal más conflictivo del país, dejó un saldo de ocho muertos y decenas de heridos, según un último balance citado por el diario El País.
Según reportes locales hasta ahora los efectivos han usado varias veces gases lacrimógenos para repeler a los familiares de los presos, que se reunieron en torno a la cárcel a fin de impedir una mayor mortandad.
Una foto publicada por el periódico El Deber mostraba a cientos de presos apiñados y tirados en el piso de una cancha deportiva, con las manos en la nuca, mientras los policías estaban sentados sobre las graderías y los contemplaban.
Era el panorama tras la intervención nocturna de 2.000 efectivos en Palmasola, en busca de desarmar y someter a las bandas de presos que se disputaban el poder del penal y que hace diez días organizaron un motín para poder atacarse entre sí.
Las pandillas, una dirigida por Killy y otra por Otti, se enfrentaban por el control del sector PC-4, en el que viven en extremo hacinamiento 5.000 hombres. Sus mutuas amenazas fueron las que obligaron a la Policía a terminar con el régimen de convivencia vigente, por el cual los "caciques" dirigían la seguridad de las "barracas", mientras que los funcionarios de prisiones debían abocarse a patrullar los muros exteriores del penal.
Según el comandante de la policía coronel Faustino Mendoza, citado por la agencia AP, "había un desgobierno en este penal, se han decomisado armas, una destiladora de alcohol, plantaciones de marihuana, más de 1.200 sobres de cocaína y antenas parabólicas".
La sobrepoblada cárcel alberga a unos 9.000 reos, gran parte de los cuales están procesados por narcotráfico. Es una prisión de régimen abierto, una verdadera ciudadela bajo control de los mismos internos, según las autoridades.
La mayor parte de los muertos, todos ellos prisioneros, actuaban como guardaespaldas de uno de los "caciques" y, según la Policía, murieron porque se parapetaron y resistieron a la requisa.
El diputado opositor cruceño Tomas Monasterio objetó la versión oficial y considera que los ministros del área de seguridad deben ser investigados por la extrema violencia de la intervención.
"Bolivia es el único país en el que se generan muertes con responsabilidad gubernamental y nadie hace nada", dijo Monasterio, para justificar su exigencia de que la Fiscalía investigue los hechos.
En conferencia de prensa, el Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia, José Fuentes, condenó el "uso desmedido de violencia y otros abusos, en presencia incluso de mujeres y niños a quienes estos hechos producen un trauma imborrable".
Según un reporte de ACI Prensa, también exigió una pronta investigación para "que se establezcan responsabilidades y sanciones justas e inmediatas".
"No se puede instalar una adecuada administración de justicia pisoteando derechos fundamentales de las personas y justificando el recurso a la violencia", dijo, y denunció que estos hechos "niegan la dignidad humana y colocan en cuestionamiento los fines de la justicia y del régimen penitenciario".