Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) nicaragüense y poderoso aliado del mandatario Daniel Ortega, está en la mira después de que saliera a la luz el tren de vida que lleva durante años. Al funcionario se le atribuyen el alquiler de un palacete en Madrid por 12.000 euros al mes, viajes en jet privado con un coste superior a 130.000 euros por trayecto, terrenos en Nicaragua y Costa Rica, tres aviones, coches, entre otros lujos.
El funcionario —que cobra oficialmente 60.000 dólares al año— fue incluido entre los 14 sancionados por la Ley Global Magnitsky, una lista elaborada por Washington en la que se encuentran ahora corruptos, criminales de guerra, terroristas y narcotraficantes, según precisa un amplio reportaje de El Confidencial.
Al presidente del CSE se le acusa de fraude electoral, corrupción y violaciones a los derechos humanos.
El Departamento del Tesoro de EEUU congeló los activos de Rivas y la OFAC prohibió realizar transacción alguna con el magistrado, lo que prácticamente imposibilita sus actividades financieras en todo el mundo, de acuerdo a los pactos transnacionales de cooperación bancaria.
Rivas es ahijado y protegido del cardenal Miguel Obando y Bravo, uno de los más férreos opositores a los gobiernos sandinistas posrevolucionarios de los 80, pero convertido desde inicios de la pasada década en un valioso aliado de Ortega.
El presidente del CSE, ente organizador de los comicios en el país centroamericano, es acusado por la oposición y buena parte de las asociaciones de la sociedad civil de ejecutar los supuestos fraudes electorales que han permitido a Ortega mantenerse en el poder desde 2007.
Sin embargo, a partir de las últimas revelaciones periodísticas sobre su patrimonio, Rivas parece haber caído en desgracia incluso para Ortega. Una serie de reportajes publicados por la revista online nicaragüense Confidencial.com.ni han revelado en las últimas semanas el elevado tren de vida del clan Rivas en España, con Madrid como centro de operaciones.
Stinro SL, una empresa vinculada a los hijos de Rivas, tiene como domicilio social, desde marzo de 2016, un palacete de 1.545 metros cuadrados, valorado en nueve millones de euros. La parcela, cuyo alquiler supera los 12.000 euros al mes, según las investigaciones de los periodistas nicaragüenses, cuenta con siete habitaciones, tres plantas con ascensor, piscina, amplios salones y un comedor para hasta 14 comensales.
El clan Rivas pasó las últimas vacaciones de Navidad en Madrid. Su regreso a Nicaragua fue también motivo de polémica. Según el equipo investigativo nicaragüense, el viaje de vuelta se realizó en un jet privado cuyo alquiler superaría los 130.000 euros por trayecto.
Otras causas de Rivas
La Fiscalía de Costa Rica también investiga al funcionario nicaragüense por un posible caso de blanqueo de capitales. Rivas es propietario de un terreno de 3.514 metros cuadrados valorado en 193.000 dólares en San José. Cuatro inmuebles más en la misma ciudad están registrados a nombre de otra empresa vinculada a la familia.
Las investigaciones señalan también a su hermano Harold, embajador de Nicaragua en Costa Rica, y a su cuñada, Jeannette Pérez, cónsul en dicho país.
El patrimonio del magistrado en Nicaragua, según los investigadores citados por El Confidencial, tampoco concuerda con alguien que gana 60.000 dólares al año. Una de sus posesiones más preciadas es una mansión en San Juan del Sur, el destino vacacional más popular del país centroamericano. Está valorada en unos 835.000 dólares.
La familia Rivas es también propietaria de tres aviones privados y también dueño de una finca cafetalera en los páramos del centro de Nicaragua, que en realidad está abandonada y no produce lo suficiente.
Acciones de Ortega contra Rivas
Las investigaciones y sanciones contra Rivas han hecho que el presidente Ortega mueva ficha contra del magistrado, algo impensable hace tan sólo unas semanas. La Asamblea Nacional, en la que el FSLN controla 71 de los 92 diputados, aprobó una sorprendente reforma a la Ley Electoral el 7 de febrero que arrebata casi todas sus funciones al presidente del CSE y se las otorga al vicepresidente de la institución.
El cargo de Rivas es ahora meramente representativo, pero el magistrado sigue oficialmente al frente del Poder Electoral, y mantiene su inmunidad.
El hermano del magistrado, Harold Rivas, y su esposa, han sido también destituidos de sus cargos diplomáticos en Costa Rica.
Según El Confidencial, hay rumores de que una parte importante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) gobernante quiere ver destituido al funcionario. El 58% de los nicaragüenses aboga por su despido, según una encuesta reciente de la firma Cid Gallup.