Fiscales estadounidenses anunciaron el lunes cargos contra cinco exaltos dirigentes venezolanos. Son acusados de pedir sobornos a cambio de ayudar a proveedores a obtener favores de la petrolera estatal PDVSA, en el caso más reciente derivado de una investigación sobre corrupción, reportó Reuters.
La acusación del Departamento de Justicia de EEUU por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal se presentó en un tribunal federal en Houston, Texas. Se hizo pública después de que España extraditara a César Rincón, uno de los exaltos cargos que fue gerente general de Bariven, la unidad de PDVSA a cargo de la compra de insumos.
Entre los otros acusados figuran Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela; Rafael Reiter, exjefe de seguridad y prevención de pérdidas de PDVSA; y Luis Carlos de León, exejecutivo de la compañía eléctrica estatal.
Rincón, Villalobos, Reiter y De León fueron arrestados en octubre en España por solicitud de las autoridades de EEUU, en medio de una investigación internacional sobre sobornos en Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
De León, Villalobos y Reiter permanecen bajo custodia en España. La acusación también menciona a Alejandro Istúriz Chiesa, un exasistente del presidente de Bariven que se encuentra prófugo.
Las cinco figuras se enfrentan también a cargos de conspiración. De León y Villalobos fueron acusados además de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en inglés).
Fred Schwartz, abogado de Rincón, dijo que espera que su cliente se declare no culpable en una audiencia el 6 de marzo. No fue posible identificar inmediatamente a los abogados de los otros acusados.
El caso se deriva de una investigación en EEUU sobre lo que fiscales han definido como una trama de sobornos de 1.000 millones de dólares. Esta implicó pagos a ejecutivos de PDVSA y se hizo pública con el arresto de dos empresarios en 2015.
La acusación anunciada el lunes dice que desde 2011 a 2013, los cinco venezolanos pidieron sobornos y coimas a proveedores a cambio de ayudarlos a conseguir contratos de PDVSA y tener prioridad sobre sus competidores en el pago de facturas pendientes durante su crisis de liquidez.