La lista de presidentes latinoamericanos, en funciones o retirados, procesados en los últimos años por la Justicia parece inacabable. Lula Da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer en Brasil. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Alberto Fujimori en Perú. Ricardo Martinelli en Panamá. Otto Pérez Molina en Guatemala. Francisco Flores y Elías Antonio Saca en El Salvador. Rafael Callejas en Honduras.
A la cual se podría añadir la de exvicepresidentes: el argentino Amado Boudou, la guatemalteca Roxana Baldetti o el ecuatoriano Jorge Glas.
Probablemente nunca antes en la historia del continente haya habido tantos altos dignatarios enfrascados en asuntos judiciales, la gran mayoría de ellos ligados a la corrupción.
Un estudio publicado a fines de 2016 por el Instituto L. R. Klein, de la Universidad Autónoma de Madrid, basándose en informes del Banco Mundial y de Transparencia Internacional, califica a América Latina como una región con un alto nivel de corrupción, si bien prevalece una gran heterogeneidad entre países. Chile y Uruguay, por ejemplo, ostentan un índice cercano a los países de Norteamérica y de Europa Occidental, mientras Venezuela y Haití se sitúan entre los más corruptos del mundo.
En las conclusiones, los autores apuntan que "los progresos contra este flagelo son escasos en muchos países", contrastando con los "avances globales en lo relativo a la estabilidad política y el Estado de Derecho".
Progresos en la lucha contra la corrupción
Pero justamente los sucesivos juicios por corrupción de estos años (cuyo símbolo es Odebrecht) muestran que algo está cambiando en ese sentido. Y probablemente esté ligado al reforzamiento del Estado de Derecho en el conjunto del continente en las últimas décadas.
En un artículo de Foreign Affairs Latinoamérica, Juan Cruz Vieyra insiste en que "la existencia de fiscales independientes y la modernización de las instituciones que encabezan los sistemas de Justicia en varios países de la región son elementos claves para explicar el creciente procesamiento de funcionarios del Gobierno y ejecutivos de negocios de alto nivel".
Un ejemplo de esta evolución es la adopción de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), en 1996, en la que los países firmantes se comprometieron a promulgar diversas leyes, incluyendo una ley sobre cooperación en la extradición para casos de corrupción.
Según Cruz Vieyra, la modernización de las instituciones propiciaría a la vez un empoderamiento de la ciudadanía mediante "el crecimiento exponencial de legislación en materia de acceso a la información".
Este nuevo marco legislativo sería así indispensable (aunque no suficiente) para potenciar "la transparencia y la rendición de cuentas" por parte de las autoridades.
Bien que mal, señala el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García-Sayán, la implementación de regímenes democráticos en la región se ha traducido en "a) espacios de independencia judicial, siempre perfectibles, pero sin precedentes en la historia [regional]; b) más y mejor libertad de expresión de los medios clásicos y vigorosas redes sociales; c) una sociedad civil activa y muy sensible a cualquier sospecha, hecho o evidencia de corrupción".
Paradójicamente, la continua salida a la luz de casos de corrupción indicaría más bien un progreso en la lucha contra este fenómeno. Según Alejandro Salas, director regional para las Américas de Transparencia Internacional, esto no solo se debe a las reformas normativas e institucionales, sino también a que "en aquellos países en los que el poder judicial es particularmente débil, como en Guatemala, la colaboración entre organismos internacionales y regionales y gobiernos nacionales para luchar contra la corrupción a gran escala y la impunidad ha dado frutos extraordinarios".
Por lo tanto, recalca Salas, "sí se puede observar un avance en materia de sanción a los corruptos".
Necesidad de profundizar las reformas
No obstante, como bien indican los informes de Transparencia Internacional, pese a los esfuerzos realizados, la corrupción sigue siendo percibida como un serio problema en la región. Además, precisa la organización, "la corrupción sistémica y la desigualdad social se refuerzan recíprocamente".
Lo cual implica que los programas en la materia han de desbordar el marco institucional y plantear un conjunto de políticas que rompan el "círculo vicioso entre corrupción, reparto desigual del poder en la sociedad y desigualdad en la distribución de la riqueza".
La solución al problema depende pues de profundizar los cambios emprendidos. "Se necesita una aproximación integral, que incluya reformas sustantivas, castigo a los corruptos y una ciudadanía activa y demandante. Aquellos países que entiendan esto van a avanzar más rápidamente si quieren frenar la corrupción de manera debida", enfatiza Salas.
En otros términos, un reforzamiento de la participación y las instituciones democráticas.
Por lo pronto, la avalancha de casos de corrupción que actualmente ocupa la primera plana de los medios de la región debe ser vista con preocupación pero también con esperanza.