El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, anunció este viernes que desconocerá su "anulación" decidida por la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro, que asumió este viernes competencias legislativas, reporta AFP.
"Decisión de anulación no será acatada por AN (Asamblea Nacional, Parlamento), comunidad internacional o pueblo", aseveró el Congreso en su cuenta de Twitter.
Asimismo, convocó al pueblo para este sábado a una sesión en el Palacio Federal en Caracas.
5/5Convocamos al pueblo para mañana-10am a una sesión en Palacio Federal. Estaremos acompañados por cuerpo diplomático acreditado en el país
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 18 de agosto de 2017
MERCOSUR desconoce la decisión de la Constituyente
El grupo aduanero MERCOSUR condenó la decisión de la Asamblea Constituyente de Venezuela de asumir las potestades del Parlamento y dijo que no reconoce la medida ni ninguna otra emanada de ese órgano con poder plenipotenciario, reporta Reuters.
"Los países fundadores del MERCOSUR condenan la decisión de la asamblea constituyente de usurpar las atribuciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, que fue elegida democráticamente por la mayoría de los venezolanos y es la única y exclusiva titular del Poder Legislativo de ese país", dijo el MERCOSUR, de acuerdo a un comunicado de la cancillería de Brasil.
La medida de la asamblea constituyente restringe aún más el espacio para la convivencia institucional en Venezuela, además de agudizar los conflictos en el país, según el MERCOSUR.
Almagro pide una reunión urgente de la OEA
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió con urgencia este viernes una reunión especial del organismo continental tras lo que consideró una "disolución fraudulenta" del Parlamento en Venezuela, precisa AFP.
"Hoy es más imperativo que nunca Consejo Permanente extraordinario de @OEA_oficial x crisis en #Venezuela", escribió en Twitter.
En otros dos mensajes en la red social, Almagro recordó que la Asamblea Nacional de Venezuela "fue elegida por el pueblo soberano por sufragio directo" y subrayó que su "disolución es ilegítima e inconstitucional".
La instalación de la Constituyente, desconocida por la oposición, Estados Unidos, la Unión Europea y una decena de países latinoamericanos, agravó la crisis política en Venezuela, sacudida por una severa crisis económica y protestas opositoras con al menos 125 muertos en poco más de cuatro meses.
"La disolución fraudulenta de la Asamblea de Venezuela (AN) por la ANC es profundización del golpe de Estado en Venezuela", tuiteó el diplomático uruguayo.
Almagro ha denunciado, además, la elección de la Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro como un "tremendo fraude".
Sin embargo, la OEA en su conjunto no ha logrado alcanzar una posición unitaria sobre la situación en Venezuela, a pesar de que 13 países miembro del organismo emitieron a fines de julio una declaración exhortando al Gobierno a abandonar la idea de la Constituyente.
Magistrados venezolanos piden a países de la región sanciones similares a las de EEUU
Los magistrados Alejandro Rebolledo, Ramsis Ghazzaoui, Gabriel Calleja y Antonio Marval, magistrados que escaparon a Venezuela en entrevista con el diario peruano El Comercio pidieron sanciones para el Gobierno Maduro similares a las impuestas por Washington que ha congelado los fondos del propio presidente y de varias figuras del oficialismo.
"Queremos que las sanciones impuestas por Estados Unidos, que incluyó en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) a funcionarios venezolanos, también sean adoptadas por los países de la región y por Europa, para cercar económicamente a estos sujetos que hacen que el pueblo sufra. Si eso pasa y nadie hace negocio con ellos, se aislarán económicamente y no se podrá mantener este régimen que viola los derechos humanos", afirmaron.
A principios de agosto un hermano del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y otros siete políticos en Venezuela fueron sancionados por Estados Unidos.
El Gobierno de Donald Trump ya había sancionado el 31 de julio a Maduro y antes a 13 funcionarios y excolaboradores del mandatario venezolano, acusados de quebrar la democracia, incurrir en corrupción o violar los derechos humanos.