La periodista mexicana Nayeli Roldán, coordinadora de investigaciones de Animal Político, expuso en el "Foro DDC: Para la Cuba de Mañana" cómo la investigación "No fuimos Dinamarca" reveló corrupción en el sistema de salud de México, el daño severo a amplios sectores de la población del país, y la existencia de contratos irregulares vinculados a laboratorios cubanos.
Asimismo, Roldán denunció el desmantelamiento de las herramientas de transparencia que antes permitían documentar en México abusos como estos y fiscalizar al Gobierno.
El Foro DDC se realizó el 6 de noviembre en la Universidad de Palermo, Buenos Aires, en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN), donde Roldán y su equipo ganaron el tercer premio Javier Valdez por "No fuimos Dinamarca". La investigación está compuesta por ocho reportajes que destaparon fallas graves en compras públicas de medicamentos. Una de las vías condujo directamente a La Habana.
"Descubrimos que el Gobierno (de Andrés Manuel López Obrador) instruyó hacer compras a una empresa llamada Neuronic Mexicana, que es la representante de Laboratorio AICA, de Cuba", explicó Roldán. Los productos "eran de mala calidad, estaban caducos y no llegaron todos al país". Además, "se hicieron compras que no se necesitaban".
Los contratos ascendieron a 111 millones de pesos mexicano (casi seis millones de dólares al cambio actual), cifra que representa solo una parte del gasto del Estado mexicano en servicios y productos de origen cubano. Roldán recordó que México también adquirió la vacuna Abdala (contra el Covid-19) y contrató médicos cubanos: sumando esos tres elementos, "son 2.000 millones de pesos mexicanos [más de 109,3 millones de dólares]".
Sin embargo, la periodista remarcó que investigaciones de este tipo hoy serían mucho más difíciles de realizar, debido al retroceso en el acceso a la información pública en México.
Durante años, la Ley de Transparencia y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) —un organismo autónomo— fueron esenciales para acceder a documentos oficiales, contratos y datos que permitían verificar el gasto público. El INAI "era fundamental para la rendición de cuentas y para la obtención de información para los ciudadanos (…) a los periodistas nos ayudaba muchísimo", dijo Roldán.
Antes de acabar su mandato, Andrés Manuel López Obrador propuso la desaparición de este organismo. La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, lo concretó gracias a la mayoría en el Congreso. "Lo sustituyeron por una institución llamada Transparencia para el Pueblo, que forma parte del Gobierno, es decir, es juez y parte. Y ya en estos meses de operación en 2025 ha negado información que antes sí podíamos obtener fácilmente", aseguró Roldán.
La periodista señaló que este desmantelamiento institucional se complementa con ataques directos contra quienes realizan investigaciones que contradicen la propaganda oficial.
La respuesta del Gobierno ha sido, "sobre todo, campañas de estigmatización, ataques en redes sociales contra periodistas y medios", dijo. Las conferencias diarias del Ejecutivo, primero con López Obrador y ahora con Sheinbaum, amplifican esos ataques mediante "descrédito, agresión (…) y el uso de adjetivos como chayoteros y opositores".
Esa estigmatización sistemática ha deteriorado la relación entre ciudadanos y prensa. "La sociedad ya no cree en los periodistas, los rechaza per se", lamentó Roldán. Recordó que este clima funciona como un "banderazo de salida" para que otros actores —en redes y en la vida pública— agredan o desacrediten a reporteros identificados por su trabajo crítico.
Para Roldán, el caso de las compras irregulares a laboratorios cubanos ilustra por qué las herramientas de transparencia son indispensables y por qué su desaparición afecta directamente el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se gasta el dinero público.
"Sin esa herramienta hubiera sido muy complicado", realizar una investigación como "No fuimos Dinamarca", destacó.
